Dos chicos resultaron heridos cuando una estructura de ladrillos, perteneciente a un antiguo obrador de obra pública, se desplomó sobre ellos en el barrio 80 Viviendas de Río Colorado. La pared había quedado en pie luego de que el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) recepcionara la obra, sin adoptar ninguna medida de seguridad. El juez del fuero Contencioso Administrativa de Roca atribuyó responsabilidad exclusiva al organismo estatal por omisión del deber de cuidado.

El hecho ocurrió en octubre de 2019, tres semanas después de que el IPPV firmara la recepción provisoria del complejo habitacional ejecutado en el marco del Programa Federal Techo Digno. El predio incluía un obrador construido por la empresa contratista para tareas auxiliares, depósito de materiales y uso del personal. Tras la entrega de la obra, la empresa ECA S.A. quedó desvinculada del lugar y el IPPV asumió la posesión material del inmueble.

El lugar permaneció abierto, sin cercos perimetrales, sin vigilancia, sin señalización y sin ningún dispositivo que restringiera el ingreso de personas ajenas. Vecinos declararon que la estructura permaneció varios días con paredes en pie, en condiciones precarias. También relataron que distintas personas retiraron ladrillos y otros elementos sin control, lo que debilitó la estabilidad de la construcción.

Uno de los niños debió ser hospitalizado y posteriormente intervenido quirúrgicamente por una rotura de ligamentos. El informe pericial determinó lesiones óseas en la columna lumbar. El diagnóstico psicológico confirmó la existencia de daño emocional con un grado de incapacidad del 20%. El otro menor resultó con lesiones leves, sin incapacidad física ni psicológica.

La demanda de daños y perjuicios fue impulsada por las madres de ambos chicos. Reclamaron la responsabilidad de la empresa constructora y del Estado provincial. El magistrado analizó el contrato de obra pública, la normativa provincial aplicable (Ley 5339) y los pliegos de condiciones legales y técnicas. Estableció que la empresa contratista había entregado formalmente la obra, que no se le realizaron observaciones sobre el obrador al momento de la recepción, y que a partir de ese acto dejó de tener control, posesión o facultades sobre el predio.

En cambio, consideró probado que el IPPV asumió la posesión del inmueble, que conocía la existencia del obrador, y que no tomó ninguna medida para preservar su integridad, impedir el ingreso de personas ajenas ni desmantelar la estructura. La inacción estatal fue encuadrada como falta de servicio por omisión.

Destacó que el Estado, al encontrarse en posición de garante de la seguridad del predio, tenía la obligación de impedir el acceso o de eliminar las fuentes de riesgo. También descartó el eximente por hecho del damnificado, al considerar que el ingreso de los menores de edad al lugar sin señalización ni control fue consecuencia directa del abandono estatal.

En su defensa, el IPPV sostuvo que no resultaba propietario del terreno donde se ubicaba la estructura. Sin embargo, el juez rechazó esa defensa por contradicción con los propios pliegos licitatorios, donde se reconoce que el Estado entrega al contratista el uso precario del inmueble. La falta de dominio tampoco exime de responsabilidad cuando el ente estatal ejerce poder de hecho sobre un bien, más aún cuando lo utiliza para fines públicos.

La empresa constructora, por su parte, fue desvinculada del proceso. El juez entendió que la responsabilidad por el control del obrador cesó con la recepción provisoria de la obra. Tampoco se acreditaron vicios ocultos ni defectos constructivos que pudieran justificar una responsabilidad residual.

La sentencia impuso al IPPV el pago de indemnizaciones por daño emergente, lucro cesante, daño moral y gastos médicos. También se reconoció el derecho al reintegro de erogaciones futuras para tratamiento psicológico, aunque limitado a un año.

El fallo ponderó informes médicos, psicológicos, declaraciones testimoniales y documentación administrativa del IPPV. Se valoró además el informe pericial realizado por una psicóloga oficial y un médico forense, quienes constataron secuelas físicas y emocionales atribuibles al accidente.

Río Negro firmó un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) para elaborar un estudio sobre depósitos pegmatíticos con potencial litífero en dos áreas del territorio provincial. El acuerdo se concretó en ArMinera, evento desarrollado en La Rural de Buenos Aires.

La iniciativa forma parte del trabajo de promoción e investigación geológica que lleva adelante la Secretaría de Minería de Río Negro y se instrumentará a través de la Fundación EMPREMIN, como Unidad de Vinculación Tecnológica.

El estudio tendrá una duración de 15 meses y se enfocará en dos zonas seleccionadas por su potencial: el Área Centro, ubicada entre el sudeste de Ramos Mexía y el suroeste de Valcheta, y el Área Occidental, localizada al sur del río Limay, en la Región Sur.

Apuesta al conocimiento geológico

Durante la firma del acuerdo, el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, destacó la relevancia del paso dado. «Hoy es un día muy importante, acá en Arminera, para la provincia de Río Negro. Acabamos de firmar un convenio con el Servicio Geológico Minero Argentino, donde vamos a seguir explorando los recursos que tenemos en la provincia, en este caso puntual, lo que es el litio de la zona de Mamuel Choique», expresó.

Por su parte, el director del Instituto de Geología y Recursos Minerales del SEGEMAR, Martín Gozalvez, subrayó la importancia técnica del proyecto al señalar que «nuestra institución está muy contenta de poder colaborar y trabajar codo a codo con la provincia de Río Negro en un proyecto tan interesante e innovador como es el de evaluar el potencial de la provincia en litio en pegmatitas. Será un proyecto de 15 meses y tenemos muchas esperanzas de que los resultados sean interesantes para la provincia».

Un enfoque federal y estratégico

El presidente del SEGEMAR, Julio Bruna Nobillo, remarcó el enfoque federal del acuerdo al marcar que «el concepto es seguir aportando soporte geológico y técnico a las provincias, para seguir reforzando el concepto federal y principalmente generar valor y sinergias para que las provincias sigan creciendo sostenidamente».

El SEGEMAR es el organismo nacional que produce, coordina y administra la información geológico-minera del país. Además de investigar y contribuir al aprovechamiento de recursos naturales como minerales, hidrocarburos, aguas subterráneas y geotermia, brinda asistencia técnica a las pymes mineras y participa activamente en la planificación estratégica territorial.

El Gobierno de Río Negro comenzó a hacer efectivas las transferencias del bono petrolero con el depósito a seis municipios que ya firmaron los convenios para ejecutar obras y adquirir equipamiento que mejorará la vida cotidiana de sus comunidades. Los fondos permitirán fortalecer servicios, renovar infraestructura y avanzar con proyectos de obra.

Las localidades que ya recibieron los aportes son Comallo, Chimpay, General Roca, Los Menucos, Ministro Ramos Mexía y San Antonio Oeste. Cada una de ellas destinará los fondos a mejoras de infraestructura, adquisición de equipamiento o proyectos productivos definidos por sus gobiernos locales.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, fue el encargado de confirmar el inicio de las transferencias, destacando el esfuerzo de la Provincia «por cumplir en tiempo y forma con este compromiso asumido por el gobernador Alberto Weretilneck». Lo hizo en un encuentro con el intendente de Comallo, Raúl Hermosilla, quien celebró la transferencia de los fondos: «Es una feliz noticia», dijo.

Comallo, justamente, fue el primer municipio en firmar el convenio y utilizará el bono para adquirir un vehículo 0km y mejorar espacios comunitarios. Chimpay lo destinará para la renovación de luminarias, la compra de juegos para plazas y herramientas para tareas municipales, mientras que Los Menucos aplicará los fondos a obras de infraestructura urbana. En Ramos Mexía se mejorará la cancha de pádel del Complejo Deportivo, y San Antonio Oeste utilizará el bono para financiar nuevas obras de infraestructura eléctrica. En tanto, General Roca destinará los fondos para la instalación de alumbrado público led.

«Esta política refleja una decisión clara de nuestro gobernador de compartir los beneficios de la actividad hidrocarburífera de manera equitativa. Cada peso que llega a los municipios es una oportunidad concreta para mejorar la calidad de vida de los vecinos», remarcó Gatti.

El bono petrolero surge de la renegociación de los contratos de explotación en áreas de la provincia y representa una herramienta clave para acompañar a los gobiernos locales. Los fondos seguirán girándose a medida que avancen las firmas de convenios con el resto de los municipios y comisiones de fomento.