Río Negro
Primera reunión en Legislatura por nueva Ley de Tierras Fiscales
Fue presentado este miércoles en la Comisión de Planificación de la Legislatura el proyecto que cuenta con acuerdo de ministros. Se prevé para el 25 de octubre un encuentro dedicado a escuchar a representantes de los pueblos originarios.
La comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo se reunió este mediodía con el propósito de avanzar en la discusión y análisis de dos proyectos de ley. En primer lugar trató una iniciativa de los legisladores Elvin Williams y María del Carmen Maldonado, que promueve la creación de un Comité Intermunicipal del Brazo Sur del Río Negro -CIBSUR-, que involucra a los municipios de Lamarque, Pomona y Luis Beltrán.
Posteriormente debatió un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo provincial que promueve la creación del Código de Tierras Fiscales y de un Fondo de Administración, Funcionamiento e Incentivo al Personal de la Dirección de Tierras Fiscales.
“Se trata de una modificación a la Ley de Tierras”, indicó el presidente de la Comisión, para cuya presentación ante la comisión legislativa convocó al director de Tierras, Diego Lauri, quien asistió acompañado por el asesor de ese organismo, Enrique Álvarez Costa.
También participaron representantes de agrupaciones ambientalistas y representantes de comunidades de los pueblos originarios quienes plantearon sus posturas y oposición a la iniciativa oficial.
Para la interpretación y aplicación de esta ley, el Ejecutivo establece como principio fundamental el concepto que la tierra es un instrumento de producción, considerada en función social, con la premisa de que la tierra sea propiedad del hombre que la trabaja; el crecimiento, desarrollo y diversificación productiva; el ordenamiento metódico y racional de las tierras fiscales provinciales; y la integración y armónico desarrollo de la Provincia, en el plano económico, político y social.
Para ambos proyectos, el presidente de la Comisión, Alfredo Martín, prevé invitar para el martes 25 de octubre a todos los sectores institucionales, actores o sectores sociales que deseen expresarse “y trabajar todo el tiempo que requiera cada iniciativa para alcanzar el consenso legislativo necesario antes de llevarlos al recinto”, por lo que anticipó que durante esta jornada no se emitirían dictámenes.
Hugo Aranea, representante de los pueblos originarios que participó activamente en el debate, explicó que“nosotros vemos con mucha preocupación” los alcances del proyecto del nuevo Código de Tierras.
En primer lugar, aclaró que para la comunidad, “no existen tierras fiscales sino territorios de los pueblos originarios, sobre los cuales se fundó el Estado” y partiendo de este concepto destacó que al tratarse de lugares habitados por congregaciones originarias “sus organizaciones deben participar en el debate” tomando en cuenta que se intenta “cambiar el régimen de tierras y la matriz productiva”.
“En la medida que vamos desentrañando el proyecto, vemos que el espíritu es ceder a los grandes grupos económicos y peligrosamente se amplían las posibilidades productivas, pasamos de lo forestal agrícola-ganadero a incorporar el tema petrolero, el minero y de las grandes industrias del turismo. Esto implica el desplazamiento de las comunidades y mayores problemas para el pueblo en general”, evaluó.
De acuedo a lo explicado por Aranea, el pedido de participación está basado en la incorporación en la Constitución Nacional del artículo 75, que “reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y nos genera un derecho que acá no se tuvo en cuenta”.
Por su parte, el titular de la comisión, Alfredo Martín, aclaró que en la reunión de hoy solo estaba previsto la exposición del proyecto por parte de las autoridades de Tierras y que la “discusión del proyecto se abrirá en las siguientes reuniones”, como también que hay un compromiso de no llevar el debate al recinto“hasta existe un acuerdo con todos los bloques”.
Para Martín, el proyecto es necesario y también perfectible. “Esta ley fue varias veces retocada y no dio la respuesta necesaria a los sectores de menores recursos”, explicó.
Entre algunos puntos que plantea el proyecto, el legislador destacó que “estoy de acuerdo con ponerle restricciones al dominio, para -por ejemplo- evitar otro caso Lewis, quien le compró las tierras a una familia que poseía las tierras porque se las había cedido el estado”.
Por otra lado, el titular de la comisión destacó que “el espíritu de ley es entregar las tierras a los municipios pequeños y a las comisiones de fomento” y también pretende ampliar los factores productivos, dado que “originariamente las tierras deben estar al servicio de la actividad agropecuaria, la ganadería y la agricultura, pero hoy debemos incluir al turismo, a la minería menor, a la pesca y a otras alternativas que les permitan a los pobladores mejorar sustancialmente sus ingresos”.
Desarrollo del brazo Sur del río Negro
Por su parte, el legislador Williams, respecto de la primera de las iniciativas discutidas en el seno de la Comisión, puntualizó que el CIBSUR “responde a una problemática integral. La primera medida sería el saneamiento ecológico del brazo sur del río Negro, para después potenciar el tema del agua en cuestiones productivas ya que hoy corremos el riesgo de que muchas actividades puedan caer” por escasez del vital elemento.
“También nos proponemos potenciar y definir otras actividades, como la turística, y más hectáreas para la agricultura para que a la hora de tomar créditos nacionales o internacionales contemos ya con elementos para definir la toma de decisiones”.
“Estamos hablando de 140 kilómetros de costa, con un río que se asemeja a un humedal, por lo que el SIBSUR tendrá que trabajar con organismos como el DPA, secretaría de Ambiente, Turismo y Pesca, tanto para los vecinos como para los turistas que quieran visitarnos”, señaló el legislador Williams.
Durante la exposición ante sus pares, el parlamentario comparó la zona del Valle Medio con otras del Provincia y del país que han desarrollado políticas públicas que en idéntico sentido avanzan hacia el crecimiento del turismo, la agricultura y la navegación a partir de la mejor utilización de sus recursos hídricos.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
