Río Negro
Sancionaron la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial
Además, otras dos leyes complementarias del nuevo Código Procesal Penal. Durante el debate el vicegobernador Pesatti ordenó iniciar sumario sobre hechos denunciados por el legislador Nicolás Rochás.
La Legislatura dio sanción por mayoría y el rechazo del Frente para la Victoria y del bloque AFPIR, a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a la reforma de las leyes del Ministerio Público y de varios artículos del Código Procesal Penal, cuya nueva versión está próxima a implementarse.
Durante el debate, que inició la legisladora Tania Lastra (JSRN), varios legisladores expusieron sus posturas a favor y en contra de los proyectos en tratamiento. A su turno, el parlamentario Nicolás Rochás (FpV), luego de manifestar sus argumentos y la postura en contra a los expedientes en debate, denunció en Cámara que junto a su par de bancada Alejandro Ramos Mejía, fueron impedidos de ingresar a la sede de la Legislatura en ocasión del tratamiento de estas cuestiones en la Comisión de Constitucionales, lo cual, señaló, fue el motivo del retiro de los integrantes de su bloque que se encontraban presentes en la reunión que se realizaba en la Casa.
Minutos después, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, se dirigió a los parlamentarios presentes en el recinto para anunciar que sobre la cuestión planteada por Rochás ordenó un sumario para establecer la veracidad y determinar las responsabilidades de los hechos denunciados.
Tratamiento de las leyes
El Poder Ejecutivo, que remitió las tres iniciativas con acuerdo de ministros, explicó al fundamentarlas que “la implementación del nuevo sistema procesal penal, cuya vigencia se estableció a partir del día 01 de agosto de 2017, conlleva necesariamente la adecuación normativa orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público a los fines de garantizar su aplicabilidad mediante estructuras integradas”.
“A los efectos de garantizar el pleno y óptimo funcionamiento, se torna necesario determinar las atribuciones y funciones que desempeñan los distintos actores dentro del nuevo sistema penal, lo que ineludiblemente repercute sobre sus estructuras orgánicas”, argumentó el Ejecutivo.
Con ese fin, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General remitieron oportunamente sendos proyectos de leyes orgánicas a la Comisión Interpoderes de la Reforma Procesal Penal que funciona en el ámbito de la Legislatura Provincial, para su consideración, análisis y revisión.
Durante la reunión que concretó el pasado miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a la que asistieron representantes gremiales y empleados judiciales, los legisladores que integran dicho Cuerpo acordaron con SITRAJUR algunas modificaciones al articulado de Ley Orgánica de ese Poder, que fueron incluidas en la norma sancionada hoy con el fin de atender las inquietudes planteadas por el sector.
Al fundamentar en Cámara de manera conjunta las tres leyes en tratamiento, la legisladora Tania Lastra explicó que las que “hoy se aprueban son las leyes complementarias a la reforma del Código Procesal Penal que entrará en vigencia en nuestra provincia el 1º de agosto y con lo que concluimos una etapa fundamental en esto que ha sido el cambio del actual proceso penal al sistema acusatorio”.
La presidente de la comisión de Constitucionales se propuso “dejar en claro qué es lo que esta Legislatura está pretendiendo, que no es ni más ni menos que llevarle a toda la ciudadanía rionegrina un mejor servicio de justicia”.
Indicó que las dos normas sancionadas en primera instancia “son las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público para adecuarlas a la organicidad, es decir determinar las funciones y misiones que cumplirán los distintos funcionarios, jueces y empleados”.
Durante el debate y con posturas a favor y en contra de los asuntos en discusión, participaron también los legisladores Alejandro Ramos Mejía (FpV), Jorge Ocampos (AFPIR), Soraya Yauhar (UCR), Facundo López (JSRN), Arabela Carreras (JSRN), Marcelo Mango (FpV), Raúl Martínez (FpV), Adrián Casadei (JSRN), Mario Sabbatella (FpV), Alejandro Marinao (FpV), y finalmente Alejandro Palmieri quien, en su carácter de titular del bloque oficialista, cerró la lista de oradores.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
