La Legislatura dio sanción por mayoría y el rechazo del Frente para la Victoria y del bloque AFPIR, a la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a la reforma de las leyes del Ministerio Público y de varios artículos del Código Procesal Penal, cuya nueva versión está próxima a implementarse.

Durante el debate, que inició la legisladora Tania Lastra (JSRN), varios legisladores expusieron sus posturas a favor y en contra de los proyectos en tratamiento. A su turno, el parlamentario Nicolás Rochás (FpV), luego de manifestar sus argumentos y la postura en contra a los expedientes en debate, denunció en Cámara que junto a su par de bancada Alejandro Ramos Mejía, fueron impedidos de ingresar a la sede de la Legislatura en ocasión del tratamiento de estas cuestiones en la Comisión de Constitucionales, lo cual, señaló, fue el motivo del retiro de los integrantes de su bloque que se encontraban presentes en la reunión que se realizaba en la Casa.

Minutos después, el presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, se dirigió a los parlamentarios presentes en el recinto para anunciar que sobre la cuestión planteada por Rochás ordenó un sumario para establecer la veracidad y determinar las responsabilidades de los hechos denunciados.

Tratamiento de las leyes

El Poder Ejecutivo, que remitió las tres iniciativas con acuerdo de ministros, explicó al fundamentarlas que “la implementación del nuevo sistema procesal penal, cuya vigencia se estableció a partir del día 01 de agosto de 2017, conlleva necesariamente la adecuación normativa orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público a los fines de garantizar su aplicabilidad mediante estructuras integradas”.

“A los efectos de garantizar el pleno y óptimo funcionamiento, se torna necesario determinar las atribuciones y funciones que desempeñan los distintos actores dentro del nuevo sistema penal, lo que ineludiblemente repercute sobre sus estructuras orgánicas”, argumentó el Ejecutivo.

Con ese fin, el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General remitieron oportunamente sendos proyectos de leyes orgánicas a la Comisión Interpoderes de la Reforma Procesal Penal que funciona en el ámbito de la Legislatura Provincial, para su consideración, análisis y revisión.

Durante la reunión que concretó el pasado miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, a la que asistieron representantes gremiales y empleados judiciales, los legisladores que integran dicho Cuerpo acordaron con SITRAJUR algunas modificaciones al articulado de Ley Orgánica de ese Poder, que fueron incluidas en la norma sancionada hoy con el fin de atender las inquietudes planteadas por el sector.

Al fundamentar en Cámara de manera conjunta las tres leyes en tratamiento, la legisladora Tania Lastra explicó que las que “hoy se aprueban son las leyes complementarias a la reforma del Código Procesal Penal que entrará en vigencia en nuestra provincia el 1º de agosto y con lo que concluimos una etapa fundamental en esto que ha sido el cambio del actual proceso penal al sistema acusatorio”.

La presidente de la comisión de Constitucionales se propuso “dejar en claro qué es lo que esta Legislatura está pretendiendo, que no es ni más ni menos que llevarle a toda la ciudadanía rionegrina un mejor servicio de justicia”.

Indicó que las dos normas sancionadas en primera instancia “son las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público para adecuarlas a la organicidad, es decir determinar las funciones y misiones que cumplirán los distintos funcionarios, jueces y empleados”.

Durante el debate y con posturas a favor y en contra de los asuntos en discusión, participaron también los legisladores Alejandro Ramos Mejía (FpV), Jorge Ocampos (AFPIR), Soraya Yauhar (UCR), Facundo López (JSRN), Arabela Carreras (JSRN), Marcelo Mango (FpV), Raúl Martínez (FpV), Adrián Casadei (JSRN), Mario Sabbatella (FpV), Alejandro Marinao (FpV), y finalmente Alejandro Palmieri quien, en su carácter de titular del bloque oficialista, cerró la lista de oradores.