Río Negro
«Una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de la familias rionegrinas»
El titular del IPPV, Jorge Barragán, destacó el programa de urbanización y vivienda Habitar Río Negro.
El programa de urbanización y vivienda Habitar Río Negro, que se ejecuta a través del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) es financiado con recursos provinciales, y se implementa en la Provincia desde el año 2012. El presupuesto de las obras ejecutadas y programadas, a la fecha, de la operatoria es de $172.083.801.
En la actualidad, en el Programa existen diferentes proyectos en distintas fases de elaboración y de implementación, y si bien las intervenciones son de pequeña escala, se han mejorado las condiciones de habitabilidad de 450 familias con intervenciones de vivienda y mejoramiento, población que se amplía al incluir los proyectos de infraestructura y equipamiento comunitario.
El titular del IPPV, Jorge Barragán señaló sobre el particular, que “el recupero viene bien y en comparación con el mismo mes, pero del año 2016, el monto aumentó en $2.000.000. La inflación ha tenido muy poca incidencia porque las cuotas tienen las tasas muy subsidiadas, por lo cual el año pasado estábamos en $8.000.000 y hoy estamos alrededor de los $10.000.000 por mes de recupero de cuota. Esto, además del aporte de recursos provinciales, da la posibilidad de seguir construyendo a través del programa Habitar Río Negro, por ejemplo los salones de usos múltiples especialmente en la Región Sur, y viviendas que en muchos casos se realizan a través de los municipios”.
De esta manera, el funcionario hizo mención a la línea de acción referida a la infraestructura, como la Red de Gas de ocho viviendas en Los Menucos y la Red Eléctrica para 24 viviendas en Darwin; como asimismo obras de equipamiento comunitario, como el Salón de usos Múltiples de Comicó, el Salón de Usos Múltiples de Yaminué, la terminación del Hogar Zatti en Viedma y la terminación de la Sala Velatoria en Mainqué.
«Es un compromiso del gobierno provincial, acercar una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas», expresó Barragán.
El mencionado programa trabaja en conjunto con Municipios, Comisiones de Fomento o Entidades Intermedias, atendiendo tanto la demanda cuantitativa como la demanda cualitativa de vivienda, incluyendo a aquellas familias que necesitan ampliación, refacción, adaptación o mejoramiento de sus viviendas.
Su objetivo es mejorar el hábitat y la vivienda de las familias rionegrinas de menores ingresos mediante el financiamiento de materiales y/o mano de obra para la construcción de viviendas nuevas, mejoramiento de viviendas existentes, obras de infraestructura y equipamiento urbano.
Por medio de este programa se atienden casos de emergencia social, ambiental o climática, como por ejemplo el nuevo emplazamiento del paraje Arroyo Ventana. Asimismo, estableciendo plazos de amortización extendidos con bajas tasas de interés de acuerdo a los ingresos de las familias, se amplía la población destinataria.
De esta manera, a través de convenios firmados con el IPPV, las organizaciones intermedias (municipios, asociaciones civiles, gremios, fundaciones) proponen beneficiarios en un listado general y luego de una encuesta que se realiza a cada familia, los resultados son evaluados por una unidad de gestión del programa provincial, para su posterior inscripción en el Registro Provincial de Demanda Habitacional.
Asimismo, el IPPV procede al recupero de las obras ejecutadas, estableciendo las cuotas y los plazos de amortización, y que se definen de acuerdo a la situación socio-económica de los beneficiarios. El plazo máximo establecido para la finalización de los trabajos es de ocho meses, contados a partir de la firma del acta de inicio de obra.
«Por este motivo el IPPV apunta a promover entre los adjudicatarios la necesidad de atender a los vencimientos, mantener la cuota y el pago oportunamente convenido en el momento de resultar beneficiado con una vivienda social, ya que el recupero de deuda es fundamental para que se pueda reinvertir en la construcción de más viviendas, soluciones habitacionales y obras de infraestructura e equipamiento comunitario», manifestó el interventor del IPPV.
Judiciales
La Justicia ratificó que la falta de trabajo no exime el deber alimentario de un progenitor
Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza, también alegó dolencias físicas y dificultades económicas.
Un hombre intentó eludir su responsabilidad parental en favor de su hija con el argumento de que no tenía trabajo. Para evitar pagar la cuota alimentaria que fijó una jueza de Familia de Bariloche también alegó dolencias físicas y dificultades económicas. Presentó un recurso de apelación, pero la respuesta fue la misma: la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia y ratificó que la desocupación no anula las obligaciones legales de un padre.
El Tribunal rechazó el recurso y respaldó el criterio de primera instancia, que había fijado una cuota alimentaria equivalente al 35% de todos los ingresos del progenitor, con un piso no inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). El fallo estableció además que el monto deberá actualizarse automáticamente cada vez que cambie el valor del salario mínimo, lo que evita que la madre deba volver a litigar para solicitar nuevos aumentos.
Durante el proceso judicial, el padre sostuvo que no tenía trabajo y que una dolencia en la espalda le impedía conseguir uno. También argumentó que tenía otros hijos a cargo. Su propuesta fue pagar $40.000 por mes, monto que resultó insuficiente frente a los gastos de su hija adolescente, quien cursa estudios universitarios y no mantiene vínculo con él.
La jueza de primera instancia desestimó el planteo tras un análisis del expediente y de los informes incorporados. El hombre figuraba inscripto como monotributista, había trabajado como remisero hasta pocos meses antes del juicio y no aportó pruebas médicas serias que justificaran una incapacidad prolongada. Tampoco había demostrado voluntad de involucrarse en la crianza o de mejorar su situación para asumir el rol que le corresponde como padre.
La pericia social confirmó que la madre, quien trabaja como portera en una escuela pública, mantiene sola a su hija y a otro hijo menor. Realiza actividades adicionales para sostener el hogar y destina gran parte de sus ingresos al pago de alquiler y educación. El informe describió un entorno austero, organizado y enfocado en el cuidado y desarrollo de los hijos.
La Cámara respaldó íntegramente ese análisis. Indicó que la obligación alimentaria no se basa únicamente en los ingresos reales, sino en la capacidad económica potencial del alimentante, y que esta no puede desaparecer por falta de voluntad o por informalidad laboral. También recordó que la ley reconoce el valor económico del trabajo doméstico y de cuidado, y que quien no asume esas tareas debe compensarlo de otro modo.
El fallo final ratificó el monto y el criterio establecido en primera instancia. Rechazó la apelación del demandado y confirmó que, incluso sin empleo, un progenitor no puede dejar de cumplir con su obligación alimentaria.
Río Negro
Río Negro actualiza su Código de Aguas para impulsar energías limpias
La Ley permitirá ampliar las facultades del DPA, llevando adelante obras de energía solar, eólica y mareomotiz.
El Gobierno Provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley que amplía las facultades del Departamento Provincial de Aguas (DPA) para llevar adelante obras de energía solar, eólica y mareomotriz, además de la hidroeléctrica. La propuesta busca adecuar el Código de Aguas a los desafíos ambientales actuales y avanzar hacia un modelo energético más limpio y sustentable.
El gobernador Alberto Weretilneck, impulsor de la iniciativa, destacó que esta actualización le otorga a la Provincia «las herramientas necesarias para transformar nuestros recursos en energía limpia, moderna y sostenible, con impacto directo en el desarrollo local».
La modificación de la Ley Q Nº 3930 y del Código de Aguas establece que el DPA tendrá prioridad para ejecutar y explotar proyectos de energías renovables en todo el territorio rionegrino. El objetivo es complementar los aprovechamientos hidroeléctricos con fuentes limpias, reducir costos, optimizar infraestructuras existentes y garantizar la sustentabilidad ambiental de cada emprendimiento.
El proyecto toma como ejemplo la Central Hidroeléctrica Salto Andersen, en Río Colorado, donde se impulsa la incorporación de generación solar fotovoltaica aprovechando instalaciones ya construidas. Este modelo de complementariedad entre agua y energías renovables busca replicarse en otros puntos de la provincia, siempre sujeto a la viabilidad económica y a la admisibilidad ambiental de cada caso.
De esta manera, Río Negro actualiza su marco legal para consolidarse como productora de energías renovables, promoviendo el autoabastecimiento, la diversificación de la matriz energética y un desarrollo que combine crecimiento económico con responsabilidad ambiental.
Judiciales
Su muñeca no resistió más: Abrió miles de pollos con cuchillo y sufrió una lesión permanente
La Justicia estableció que el porcentaje de incapacidad es del 8,75% y fijó la indemnización correspondiente para la trabajadora.
Una trabajadora de una planta avícola de Cipolletti logró que la Cámara del Trabajo reconociera su incapacidad como una enfermedad profesional y condenara a la ART al pago de una indemnización.
Durante años, cortó, limpió y clasificó piezas de pollo bajo exigencias físicas constantes. Abrió aves con cuchillos, separó vísceras, embaló productos y levantó bandejas pesadas, en jornadas extensas. Lo hizo con esfuerzo repetido y posturas forzadas que fueron dejando marcas en su cuerpo.
A comienzos de 2023, los dolores comenzaron a instalarse en sus muñecas. Informó a su empleadora, recibió calmantes, reposo y sesiones de fisioterapia. En julio ya no pudo continuar trabajando. En febrero del año siguiente, se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda, donde se detectó una lesión en el fibrocartílago triangular.
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) no reconoció la relación entre la patología y las tareas, y la Comisión Médica dictaminó que se trataba de una dolencia inculpable. Frente a ese rechazo, la trabajadora inició una acción judicial.
El expediente tramitó ante la Cámara del Trabajo de Cipolletti. La ART demandada no respondió en el plazo legal, lo que derivó en su declaración en rebeldía. El tribunal dio curso a la prueba y designó a un perito médico, quien evaluó a la trabajadora y determinó que sufría una limitación funcional en la muñeca izquierda, con un grado de incapacidad inicial del 5,85%.
Ambas partes impugnaron ese dictamen. La aseguradora insistió con el informe de la Comisión Médica, mientras que la trabajadora cuestionó el cálculo del factor edad. El perito ratificó su informe, describió el impacto de los movimientos repetitivos en las lesiones articulares y señaló que en este caso existía causalidad con las tareas laborales.
La jueza y los dos jueces del tribunal valoraron el dictamen, la prueba documental, el relato no controvertido y la falta de respuesta de la demandada. Reconocieron que las tareas desempeñadas durante años constituyeron un mecanismo adecuado para generar la lesión. Aplicaron la «teoría de la indiferencia de la concausa», ya admitida por el Superior Tribunal de Justicia (STJ), según la cual el trabajo debe considerarse causa relevante aunque existan factores concurrentes.
También se remitieron a los precedentes del STJ que sostienen la obligatoriedad del baremo previsto en el Decreto 659/96 para calcular incapacidades, y a su pronunciamiento sobre el Decreto 669/2019, que avaló su validez con aplicación desde su entrada en vigencia.
En función de esos lineamientos, el Tribunal incrementó el porcentaje de incapacidad al 8,75% y fijó la indemnización correspondiente, con intereses desde la fecha del infortunio. Estableció que el monto debía abonarse en un plazo de diez días, y en caso de mora, debía aplicarse la tasa activa del Banco Nación. La firma condenada es La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
