Judiciales
Caso Gigli: Seis meses más de prisión preventiva
«El imputado podría profugarse del accionar de la justicia, a la luz de la historia que Gigli ha escrito sobre su situación», dijo la jueza del caso.
Esta mañana el fiscal del caso Luciano Garrido logró, a través de los argumentos vertidos y “atento a que este Ministerio busca que el acusado llegue al debate detenido”, que se resuelva la prórroga por seis meses más de la medida cautelar que pesa sobre el imputado Octavio Gigli.
En una audiencia que había sido solicitada por el titular de la Fiscalía de Delitos contra las personas con motivo de ampliar el período de la prisión preventiva, la jueza María Evelina García Balduini hizo lugar al pedido de Garrido y resolvió otorgarle al único acusado la ampliación de la medida.
Entre los argumentos vertidos por el representante del Ministerio Público Fiscal y replicados en su totalidad por la Jueza, se pueden mencionar que “el 17 de febrero vence la medida cautelar, única medida suficiente para asegurar la realización inminente del juicio y poder dirimir la responsabilidad penal de Gigli respecto del hecho que se le imputa”, dijo el fiscal.
“Considero que el primer requisito para solicitar este pedido se encuentra acreditado. Estamos en presencia de un hecho que sucedió en septiembre 2015, que tiene como calificación legal “homicidio simple”, con una expectativa de pena que en caso de recaer condena será de ejecución efectiva”, agregó Garrido.
Además agrego que “podemos asegurar que el riesgo procesal de peligro de fuga no ha cesado y para ello tengo en cuenta el comportamiento de Gigli luego de cometer el hecho: abandonó la ciudad, escondió su camioneta en Buenos Aires, salió del país por un lugar no autorizado y fue detenido en Brasil con documentación personal falsa, para luego ser extraditado a Argentina”, detalló el fiscal del caso.
Destacó Garrido que «si ante un comportamiento como éste, si la prisión preventiva no se justifica, sería una mera ilusión del Código Procesal».
Garrido señaló que “el período de seis meses es un tiempo justo, ya que por la totalidad de la prueba por producir en juicio, hablamos de más de 60 testigos, las audiencias de debate se extenderán durante mucho tiempo”.
Por su parte, la Jueza García Balduini argumentó que “el plazo empezó a correr el 18 de agosto de 2017 y luego de esta audiencia vencerá el 18 de agosto de 2018. La petición del señor fiscal está ampliamente justificada y me remito a sus justificaciones, cuya motivación es suficiente para resolver a favor de lo solicitado por la Fiscalía”.
“El motivo principal se funda en el peligro de fuga existente. Es el caso más evidente de los que he visto donde está patentizado que el imputado podría profugarse del accionar de la justicia, cuestión que se desprende a la luz de lo que ha ocurrido, a la luz de la historia que Gigli ha escrito sobre su situación”, concluyó.
Judiciales
Investigan nuevos robos violentos vinculados a una banda que operaba en Río Negro y Neuquén
Los hechos ocurrieron en Cipolletti y presentan el mismo modus operandi que otros robos investigados en la zona.
Un hombre acusado de integrar una asociación ilícita vinculada a una serie de robos agravados en Río Negro y Neuquén sumó este jueves (18/06) dos nuevas imputaciones por hechos ocurridos en la ciudad de Cipolletti durante 2025.
La formulación de cargos fue realizada por la fiscal jefe Belén Calarco y la fiscal Eugenia Vallejos, quienes atribuyeron al imputado su participación en dos violentos asaltos cometidos el 26 de julio y el 10 de septiembre del año pasado.
El acusado participó de la audiencia en condición de detenido, ya que permanece bajo prisión preventiva desde noviembre de 2025 en el marco de otra investigación por delitos similares cometidos en General Roca.
Según la acusación fiscal, ambos hechos presentaron un mismo modus operandi. El grupo realizaba tareas previas de vigilancia sobre las viviendas elegidas, llegaba en vehículos previamente robados e ingresaba por sectores traseros de las propiedades tras escalar paredes y techos. Una vez dentro, reducían a las víctimas mediante armas de fuego y las inmovilizaban con alambres o precintos.
De acuerdo con la investigación, los delincuentes exigían dinero en dólares y la ubicación de cajas fuertes para sustraer efectivo, oro, dispositivos electrónicos y otros elementos de valor. Además, se llevaban los DVR que almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad para evitar dejar registros de los hechos.
Las fiscales indicaron que la vinculación del imputado con estos nuevos episodios surge de diversas medidas de investigación realizadas por la Comisión de Investigación Judicial, entre ellas el análisis de registros fílmicos, impactos de antenas de telefonía, reportes telefónicos y pericias efectuadas por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) del Ministerio Público.
Durante la audiencia, la defensa particular no presentó objeciones y el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal.
Desde la Fiscalía destacaron que la incorporación de estos nuevos hechos responde a una estrategia de trabajo coordinada impulsada por el Fiscal General Fabricio Brogna, orientada a optimizar recursos y unificar investigaciones vinculadas a robos agravados con características similares ocurridos en la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial de Río Negro.
Judiciales
La Justicia frenó la demolición de la vivienda construida en el Área Natural Protegida Paso Córdoba
El Tribunal ordenó al Municipio abstenerse de realizar cualquier acto de demolición hasta que se resuelva el fondo de la causa.
La Cámara de Apelaciones Civil resolvió un recurso de apelación interpuesto en el marco de una causa iniciada contra la Municipalidad de Roca. El conflicto se vincula con la validez de los actos administrativos que ordenan la demolición de un inmueble ubicado en el Área Natural Protegida de Paso Córdoba y con la solicitud de una medida cautelar de no innovar.
En primera instancia se había rechazado la medida cautelar solicitada con el fundamento principal de que no se encontraba acreditado el peligro en la demora y de que la eventual ejecución de la demolición no resultaba inminente.
Frente a esa decisión, la sentencia fue apelada. Los dueños explicaron que la situación había cambiado de manera sustancial debido a actos administrativos posteriores que realizó la comuna que habilitarían la ejecución directa de la demolición, sin necesidad de intervención judicial previa. También afirmaron la existencia de un daño inminente, la afectación del derecho a la vivienda y la ausencia de un estudio de impacto ambiental.
La Cámara examinó los agravios y revisó la decisión. En primer lugar, consideró que el análisis sobre el peligro en la demora había sido insuficiente, ya que no se valoraron adecuadamente las actuaciones administrativas posteriores incorporadas al expediente.
Señaló que la eventual ejecución de la demolición podía tornar ilusoria la sentencia definitiva, dado que el objeto del litigio podría desaparecer antes de resolverse el fondo del asunto. Destacó además que la demolición de un inmueble implica un efecto material difícil de revertir, lo que refuerza la necesidad de tutela preventiva.
Respecto del planteo ambiental, la Cámara descartó que la falta de un estudio de impacto ambiental constituyera por sí sola un fundamento decisivo para la medida cautelar. Sin embargo, también señaló que los argumentos sobre posibles daños ambientales carecían de sustento concreto en la resolución apelada.
Sobre la verosimilitud del derecho, el tribunal indicó que no correspondía anticipar un pronunciamiento sobre la validez o nulidad de los actos administrativos cuestionados en esta etapa. Aun así, consideró que existía una apariencia suficiente de derecho para justificar una tutela precautoria, sin emitir juicio definitivo sobre el fondo.
Finalmente, la sentencia interlocutoria concluyó que se configuraban los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada. En consecuencia, resolvió revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar a la medida de prohibición de innovar.
Así, ordenó a la Municipalidad de Roca abstenerse de ejecutar actos materiales de demolición, remoción o alteración de las construcciones existentes en el inmueble hasta el dictado de la sentencia definitiva o hasta que cambien las circunstancias que justificaron la decisión.
Judiciales
Hallaron sana y salva a la mujer que era buscada en Roca
Tras varios días de incertidumbre, la mujer de 35 años se presentó por sus propios medios en su domicilio.
Fuentes policiales confirmaron que fue hallada la mujer de 35 años que era intensamente buscada en General Roca desde el pasado martes (09/06), cuando fue vista por última vez alrededor de las 13.30 horas.
La búsqueda se había iniciado luego de que familiares cercanos radicaran una denuncia por averiguación de paradero en la Comisaría 31°, ubicada sobre calle Panamá al 2400. A partir de ese momento, la Policía difundió un pedido de colaboración a la comunidad con el objetivo de obtener información que permitiera localizarla.
Finalmente, durante la jornada de este martes (16/06), la mujer se presentó por sus propios medios en su domicilio.
De esta manera, quedó sin efecto el pedido de búsqueda y se dio por finalizado el operativo que se había desplegado para intentar dar con su paradero.
