Política
Alerta por posible instalación de base militar de EEUU en Neuquén
Diputados del FpV exigen una respuesta inmediata del ministro de Defensa Oscar Aguad.
Diputados de Neuquén y Río Negro citaron en forma inmediata al ministro de Defensa Oscar Aguad para ser interpelado en sesión especial, ante la inminente instalación de una base militar de Estados Unidos en la provincia de Neuquén, a escasos kilómetros de la capital. El pedido se realizó en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento HCDN y fue firmado por las diputadas rionegrinas Silvia Horne y María Emilia Soria y los neuquinos Alberto Ciampini y Darío Martínez, entre otros.
Los diputados anticipan que si “la base se construirá con fondos donados por el US. Southern Command, es decir el Comando Sur de los Estados Unidos; se trata de un organismo militar que en su propia página web describe que “el Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional”. El artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional establece la necesidad de autorización de este Congreso de la Nación para introducir tropas extranjeras ¿Por qué no se ha tramitado debidamente un pedido de autorización del Congreso? ¿Cuál es el motivo por el cual no se ha seguido el procedimiento de la Ley 25.880, referido a la solicitud a este Congreso de la Nación de autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino?”.
Otro de los interrogantes que abren es si “¿se ha evaluado que la localización de la base permitiría la interceptar el tráfico de camiones de la industria del gas y petróleo? ¿Qué medidas previas de protección de esos recursos naturales esenciales se han adoptado?”.
Preguntan también “¿qué medidas se han adoptado para prohibir la presencia militar extranjera en las instalaciones?” y advierten que “la Autovía Norte, donde se asentará la base, une a través de 19 kilómetros las cuatro principales ciudades de la región lindantes a Vaca Muerta (y a Neuquén Capital) y es un punto estratégico que tiene acceso al aeropuerto, ¿Se ha evaluado la importancia geoestratégica de la locación en la que se construiría la base? Acompañe todos los antecedentes documentales del caso”.
Destacan además que “en atención a que Neuquén tiene una de las reservas de agua más importante del país, donde confluyen los ríos Limay y Neuquén: ¿qué medidas preventivas de protección del recurso natural vital se han adoptado?”.
El extenso pedido de interpelación al ministro Aguad tiene el número de despacho D-3390-2018, consta de 13 preguntas y lo acompañan varias páginas de fundamentación, entre las que se recuerda “la trágica desaparición del submarino ARA San Juan, las contradicciones en la actuación e información brindada por el Ministerio de Defensa al respecto, la falta de inversión y políticas claras en materia de Defensa denunciada por los empleados de las fábricas militares del país, el arribo de la DEA (Departamento para el Control de Drogas) para la instalación de un “task force” (fuerza de intervención), en Misiones, en condiciones confusas que incluso podrían encubrir la instalación encubierta de una base militar en un sitio estratégico (la frontera con Paraguay y Brasil y el lugar en que se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo, el acuífero del Guaraní) asoman como las marcas de la gestión de Oscar Aguad como ministro de Defensa”.
Los firmantes del proyecto solicitan la inmediata concurrencia de Aguad a la Cámara de Diputados y señalan que el pedido se suma a las decenas de pedidos de citación a dicho funcionario para brindar informes verbales presentados en un breve lapso temporal.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
Política
Para Soria, el proyecto de guardias urbanas municipales en Roca es «una burrada»
Se trata de un proyecto presentado en el Concejo Deliberante por referentes de La Libertad Avanza.
La intendenta de Roca, María Emilia Soria, se refirió al proyecto de La Libertad Avanza que promovió la creación de guardias urbanas municipales y un Consejo de Seguridad Ciudadana para brindar «protección a los vecinos que ya no quieren vivir con miedo». La jefa municipal explicó que «la iniciativa es una burrada».
En diálogo con el programa Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3), Soria indicó que «la Constitución de Río Negro establece con mucha claridad las personas que tienen competencia en materia de seguridad. Pasa hoy en muchos Municipios de Buenos Aires que esta guardia no puede portar armas, no puede detener a una persona, sencillamente tiene que llamar a la Policía. Son estas buenas expresiones que no conducen a nada, gastar recursos en algo que no es competencia municipal».
Qué dice el proyecto
El proyecto de La Libertad Avanza de Roca, presentado en el Concejo Deliberante contempla la creación de una Guardia Urbana Municipal y un Consejo de Seguridad Ciudadana. Aseguraron que «en los últimos días fuimos testigos de un joven descuartizado, tiroteos y robos constantes. ¿Queremos más seguridad en Roca o vamos a seguir mirando para otro lado? No hay más tiempo que perder».
Explicaron que es necesaria «una fuerza descentralizada, eficiente y sin burocracia, con presencia activa en las calles, patrullajes preventivos, móviles disponibles y un sistema de denuncias digital accesible para todos los vecinos. Esto no se financia con más impuestos, sino recortando los gastos innecesarios del Estado. Seguridad sin meterle la mano en el bolsillo a la gente».
El proyecto contempla la incorporación de tecnología a través de «videovigilancia estratégica, consejos barriales de seguridad y campañas de prevención ciudadana. Queremos una comunidad que construya seguridad desde abajo, con las herramientas adecuadas y sin depender de promesas vacías».
Weretilneck, en la misma línea que Soria
El gobernador Alberto Weretilneck también se refirió a la iniciativa de los referentes libertarios roquenses. «La verdad me sorprende porque La Libertad Avanza se caracteriza por la desaparición del Estado. Entonces que alguien proponga agrandar el estado habría que ver si está en sus cabales».
Judiciales
Weretilneck eleva proyecto de Ley de Reiterancia a la Legislatura: ¿De qué se trata?
El gobernador dijo que «buscamos terminar con la llamada ‘puerta giratoria’, donde los delincuentes quedan libres después de cometer un delito tras otro.
El Gobierno de Río Negro avanza en «una agenda de reformas para mejorar la seguridad, garantizar justicia efectiva y proteger a las víctimas, colocando a la población en el centro de cada decisión», destacaron desde el Ejecutivo provincial. El gobernador Alberto Weretilneck elevó el proyecto de Ley de Reiterancia, que se suma a la Ley de Prisión en doble instancia, ya sancionada y en vigencia. Dos acciones que marcan un cambio profundo para beneficiar directamente a las y los rionegrinos.
El proyecto de Ley de Reiterancia, que será tratado en la próxima sesión legislativa, suma una herramienta clave para frenar el delito reiterado. Permitirá a los fiscales pedir prisión preventiva para quienes acumulen múltiples causas penales activas. Así, se busca terminar con la llamada «puerta giratoria», que deja en la calle a quienes cometen un delito tras otro. Con esta iniciativa, la Provincia se pone del lado de las víctimas y de cada vecino que espera vivir más seguro.
«Con la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva estamos del lado de las víctimas y de los vecinos que sufren la inseguridad cotidiana. Estas leyes son una muestra de carácter y decisión para frenar a quienes burlan el sistema y siguen delinquiendo una y otra vez», destacó el gobernador Weretilneck.
La ley que posibilita la prisión en doble instancia asegura que las penas se cumplan en tiempo real: las personas condenadas en dos instancias ya no podrán permanecer libres mientras esperan resoluciones extraordinarias. Esto significa que las víctimas y sus familias no deben soportar durante años la injusticia de ver en libertad a quienes ya fueron condenados. Garantizar que las penas se cumplan rápidamente da tranquilidad a la sociedad, refuerza la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje claro: los delitos tienen consecuencias reales.
Además, se impulsa la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar muestras de ADN recogidas en las escenas del crimen con los perfiles de condenados e imputados por delitos dolosos. Esta herramienta moderna ayudará a esclarecer delitos más rápido y con mayor precisión, dando respuestas a las víctimas y evitando nuevos hechos.
El gobernador Weretilneck remarcó que estas reformas reflejan un rumbo claro para la provincia. «Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad y mostrando que en Río Negro los delitos tienen consecuencias», concluyó.
