Política
Alerta por posible instalación de base militar de EEUU en Neuquén
Diputados del FpV exigen una respuesta inmediata del ministro de Defensa Oscar Aguad.
Diputados de Neuquén y Río Negro citaron en forma inmediata al ministro de Defensa Oscar Aguad para ser interpelado en sesión especial, ante la inminente instalación de una base militar de Estados Unidos en la provincia de Neuquén, a escasos kilómetros de la capital. El pedido se realizó en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y 204 del Reglamento HCDN y fue firmado por las diputadas rionegrinas Silvia Horne y María Emilia Soria y los neuquinos Alberto Ciampini y Darío Martínez, entre otros.
Los diputados anticipan que si “la base se construirá con fondos donados por el US. Southern Command, es decir el Comando Sur de los Estados Unidos; se trata de un organismo militar que en su propia página web describe que “el Comando Sur de EE.UU. aprovecha las capacidades de respuesta rápida, la colaboración de naciones socias y la cooperación regional dentro de nuestra área de responsabilidad para apoyar los objetivos de seguridad nacional de los EE.UU., defender los acercamientos sureños de Estados Unidos y promover la seguridad y la estabilidad regional”. El artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional establece la necesidad de autorización de este Congreso de la Nación para introducir tropas extranjeras ¿Por qué no se ha tramitado debidamente un pedido de autorización del Congreso? ¿Cuál es el motivo por el cual no se ha seguido el procedimiento de la Ley 25.880, referido a la solicitud a este Congreso de la Nación de autorización para permitir la entrada de tropas extranjeras al territorio argentino?”.
Otro de los interrogantes que abren es si “¿se ha evaluado que la localización de la base permitiría la interceptar el tráfico de camiones de la industria del gas y petróleo? ¿Qué medidas previas de protección de esos recursos naturales esenciales se han adoptado?”.
Preguntan también “¿qué medidas se han adoptado para prohibir la presencia militar extranjera en las instalaciones?” y advierten que “la Autovía Norte, donde se asentará la base, une a través de 19 kilómetros las cuatro principales ciudades de la región lindantes a Vaca Muerta (y a Neuquén Capital) y es un punto estratégico que tiene acceso al aeropuerto, ¿Se ha evaluado la importancia geoestratégica de la locación en la que se construiría la base? Acompañe todos los antecedentes documentales del caso”.
Destacan además que “en atención a que Neuquén tiene una de las reservas de agua más importante del país, donde confluyen los ríos Limay y Neuquén: ¿qué medidas preventivas de protección del recurso natural vital se han adoptado?”.
El extenso pedido de interpelación al ministro Aguad tiene el número de despacho D-3390-2018, consta de 13 preguntas y lo acompañan varias páginas de fundamentación, entre las que se recuerda “la trágica desaparición del submarino ARA San Juan, las contradicciones en la actuación e información brindada por el Ministerio de Defensa al respecto, la falta de inversión y políticas claras en materia de Defensa denunciada por los empleados de las fábricas militares del país, el arribo de la DEA (Departamento para el Control de Drogas) para la instalación de un “task force” (fuerza de intervención), en Misiones, en condiciones confusas que incluso podrían encubrir la instalación encubierta de una base militar en un sitio estratégico (la frontera con Paraguay y Brasil y el lugar en que se encuentra una de las mayores reservas de agua dulce en el mundo, el acuífero del Guaraní) asoman como las marcas de la gestión de Oscar Aguad como ministro de Defensa”.
Los firmantes del proyecto solicitan la inmediata concurrencia de Aguad a la Cámara de Diputados y señalan que el pedido se suma a las decenas de pedidos de citación a dicho funcionario para brindar informes verbales presentados en un breve lapso temporal.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
Gremios
Paro docente: Sin llamado del Gobierno, UnTER confirmó medidas de fuerza para este martes y miércoles
El sindicato docente reclama una nueva oferta salarial y denuncian incumplimientos del Ejecutivo provincial.
El gremio docente UnTER ratificó el paro de 48 horas previsto para esta próxima semana, luego de que el Gobierno de Río Negro no realizara una nueva convocatoria a paritaria antes del 30 de abril, tal como había sido exigido por el sindicato en el último Congreso. La medida de fuerza se llevará adelante a partir del primer minuto de este martes (05/05) y se extenderá hasta las 23.59 horas del miércoles (06/05).
El paro había sido definido en el CCCXCIII Congreso General Extraordinario realizado el pasado 22 de abril en Fernández Oro, que estableció un plazo para retomar la discusión salarial. Al no concretarse ese llamado antes del comienzo del mes de mayo, el gremio confirmó la continuidad del plan de lucha, que incluye un paro de 48 horas con acciones provinciales y locales para mañana y pasado.
Desde UnTER reclaman una nueva propuesta salarial que contemple una recomposición real de los haberes, con actualización por inflación y un salario mínimo de $2.000.000. Además, exigen la incorporación de sumas no remunerativas al básico y cuestionan la utilización del índice de inflación de Viedma, en lugar del de la región patagónica.
En paralelo, el gremio reiteró críticas a distintas políticas del Gobierno provincial, como la aplicación del presentismo, las auditorías médicas y reformas educativas que consideran inconsultas.
Asimismo, se ratificaron medidas de visibilización del conflicto, entre ellas movilizaciones, clases públicas y una marcha de antorchas en cada localidad, además de la posibilidad de profundizar las acciones en caso de no haber respuestas oficiales.
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
