Judiciales
El miércoles se conocerá el veredicto sobre acusado de vender de forma irregular terrenos del Círculo Policial
Se lo juzga por 12 hechos ocurridos entre 2005 y 2010.
El viernes pasado (19/10) el fiscal titular de la Unidad Fiscal Temática N° 6 Ricardo Romero y el defensor penal público Eduardo Luis Carrera, expusieron sus alegatos de clausura en el juicio que se lleva adelante por el delito de “estelionato reiterado (12 hechos), todo en concurso real” (Artículos 173 inc. 9° y 55 del Código Penal) frente al Tribunal de Juicio Unipersonal encabezado por el juez Gastón Pierroni.
Romero solicitó que se declare al imputado como autor penalmente responsable “del delito por el que fue traído a juicio, esto es el Artículo 173 inc. 9º del Código Penal» , que es la venta de un bien ajeno como si fuera propio.
“Producida toda la prueba que se ha ventilado en las audiencias de debate, el hecho ocurrió tal como lo habría adelantado esta Fiscalía al momento del alegato de apertura. El sujeto no obstante tener acabado conocimiento de que el bien que estaba enajenando aún no era propiedad de la Asociación Circulo Policial Valletano que representaba y que por ende no podía enajenarlo, de todas maneras vendió lotes ocultando tal circunstancia a los compradores, a cuyos efectos montó una maniobra ardidosa, propia de los delitos de estafa, de manera tal de inducir el engaño a los adquirientes de los lotes. Fundamentalmente calló, ocultó y silenció cuál era la real situación del bien inmueble que estaba vendiendo”, explicó el fiscal.
En relación a los testigos el representante del Ministerio Público Fiscal mencionó que “todos fueron contestes al afirmar que en realidad al momento de realizar la operación inmobiliaria creían que lo estaban haciendo con quien resultaba ser el dueño de los lotes, esto es la Asociación del Círculo Valletano de suboficiales de la Policía de Río Negro; ignoraban que el Círculo no era el dueño aún de esos terrenos, y por ello no iban a poder concretar la escrituración”.
Alrededor de toda esta venta, dijo Romero, “se había montado una escena para dar credibilidad a la operación que se está realizando. Así todos los testigos hablaron de la oficina a la que asistían, de los escudos que estaban allí, como el de la policía y de la provincia, ubicada en un edificio donde funcionaba un organismo oficial. Todo esto hacía creer que era una entidad que reunía las condiciones legales para realizar este tipo de operaciones”.
Luego el fiscal del caso manifestó que “funcionarios municipales y provinciales dieron acabado testimonio acerca de que las tierras que el imputado estaba enajenando no eran de su propiedad y no tenía autorización para hacerlo”.
Por su parte, el defensor público penal que asiste al imputado, Eduardo Luis Carrera, solicitó la absolución del sujeto, por no encuadrar los hechos juzgados en el delito de “estelionato”, “al no haberse acreditado ni ardid, ni dolo, ni perjuicio alguno”, dijo Carrera. Para sostener su defensa hizo una valoración de los diversos elementos de juicio, con cita de doctrina y jurisprudencia, y aclaró que “su cliente fue sólo un miembro más de la comisión directiva del Círculo, en el que otras personas también tomaban decisiones del mismo peso, hoy todos ellos sobreseidos. Y los fundamentos vertidos en estos alegatos dan cuenta sobradamente de la buena fe con la que actuó mi asistido”.
La lectura de veredicto a cargo del juez de Garantías Gastón Pierroni se conocerá el miércoles 24 de octubre a las 11.30.
Los hechos juzgados
Cabe recordar que según la acusación fiscal los hechos ocurrieron en el 2005, 2009 y 2010 y el actualmente imputado, junto a colaboradores que se encuentran en situación procesal de falta de mérito, “fraccionaron” esas tierras, ubicadas en Ruta Nacional N° 22 y Damas Patricias de Roca, “vendiendo las parcelas en los montos pactados en los contratos para la cancelación del terreno y construcción de las viviendas” y “en muchos casos las obras no fueron iniciadas o las viviendas fueron entregadas con graves deficiencias de habitabilidad, como la carencia de servicios públicos básicos, además de no poder los compradores iniciar los trámites para escriturar”.
Judiciales
Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca
La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.
Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.
Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.
Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.
El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.
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Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz
La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.
Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.
La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.
En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.
Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.
Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.
Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.
La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.
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Ya son 12 los acusados por integrar una organización dedicada a violentos robos en el Alto Valle
La causa ya cuenta con doce personas imputadas por una organización que habría cometido catorce hechos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
El equipo fiscal que investiga una asociación ilícita acusada de cometer una serie de robos en Río Negro y Neuquén formuló cargos contra un nuevo integrante de la organización, por lo que ya son 12 las personas imputadas en la causa.
Durante la audiencia, y tras escuchar la oposición de la defensa particular, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal y dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses.
La fiscal Verónica Villarruel explicó que una de las principales evidencias surge de la extracción forense realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) sobre el teléfono celular de uno de los imputados. A ello se suman informes de las empresas de telefonía móvil y análisis efectuados por la Comisión de Investigación Judicial.
Según indicó la representante fiscal, de esa pericia surgieron comunicaciones entre el nuevo imputado y otros integrantes de la organización durante la jornada de uno de los hechos investigados, además de registros que lo ubicarían en uno de los lugares donde se cometieron los delitos.
De acuerdo con la acusación, la banda actuaba con un mismo modus operandi: realizaba tareas de vigilancia sobre los objetivos, llegaba en uno o dos vehículos previamente robados, ingresaba por la parte trasera de las viviendas tras escalar muros y techos, reducía a las víctimas mediante armas de fuego y luego las ataba con alambres o precintos. Posteriormente exigían dinero en dólares, cajas fuertes, oro y dispositivos electrónicos, evitando sustraer teléfonos celulares, además de llevarse los DVR de las cámaras de seguridad.
El nuevo imputado habría participado en varios de los hechos atribuidos a la asociación ilícita y también en el robo de un vehículo perteneciente a una de las víctimas.
La investigación comprende 14 hechos atribuidos a la organización: 11 ocurridos en General Roca, 2 en Cipolletti y 1 en Allen, entre octubre de 2024 y septiembre de 2025.
Actualmente, 6 de los imputados permanecen con prisión preventiva en esta causa, 2 cumplen esa medida en otro expediente, 2 llevan tobillera electrónica y otros 2 están sujetos a medidas cautelares para garantizar el proceso. En el caso del último acusado, tiene prohibido ingresar a General Roca, mantener contacto con uno de los imputados y deberá presentarse periódicamente en una comisaría de Neuquén, ciudad donde fijó domicilio.
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la investigación continúa, al tiempo que siguen las impugnaciones presentadas por algunas defensas y avanzan otras medidas probatorias, entre ellas reconocimientos de personas. Para lograr la detención del último imputado se realizaron diversas tareas de campo encabezadas por la Comisión Investigativa de la Policía de Río Negro junto al Departamento de Delitos Patrimoniales y Leyes Especiales y la División de Evadidos y Recapturas de la Policía de Neuquén.
