Judiciales
Amplían prisión preventiva antes del juicio por intento de femicidio en Roca
La víctima estuvo tres días internada tras ser atacada con una tijera.
La jueza de Garantías de Roca María Gadano dictó hoy (07/06) una prorroga de la prisión preventiva respecto de un hombre acusado como presunto autor del delito de “tentativa de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido perpetrada contra una mujer en el marco de violencia de género”.
Tanto la fiscal jefa Graciela Echegaray como el abogado por la parte querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, solicitaron en la audiencia de hoy una ampliación por cuatro meses más de la detención preventiva del imputado J.A.Q., de cara al juicio oral y público que está previsto para el mes de agosto. Argumentaron, como principal riesgo procesal, la necesidad de resguardar física y psicológicamente a la víctima de violencia de género, quien deberá prestar declaración como principal testigo en el debate. En tanto que el abogado defensor Carlos Vila manifestó su oposición a la extensión de la cautelar.
Tras analizar los fundamentos de las partes, la jueza fijó la prórroga de la detención hasta el próximo 30 de agosto, fecha en la que se estima que ya existirá un veredicto del Tribunal de Juicio en cuanto a la culpabilidad o no del imputado.
En la audiencia de control de acusación realizada el pasado 20 de mayo, el juez de Garantías Gustavo Quelín admitió la acusación de la Fiscalía y declaró la competencia para juzgar de un tribunal colegiado por el hecho ocurrido la noche del 3 de enero de 2019 en el domicilio del imputado, en Roca, cuando la víctima fue herida de gravedad con el filo de una tijera. Como consecuencia del puntazo la mujer debió permanecer tres días internada. Fue el padre del imputado quien la socorrió y la trasladó al hospital.
Según la acusación fiscal “no era la primera vez que le impedía irse del lugar, con su accionar la colocó en una situación de vulnerabilidad y ante esa relación de desigualdad que el imputado generó, la golpeó, arrinconó y sometió (…) dejándola totalmente indefensa”.
El historial judicial del caso comienza con la formulación de cargos realizada el 8 de enero y el dictado de una primera prisión preventiva por tres meses. El 17 de ese mes, a pedido de la defensa, se realizó una audiencia de revisión de la preventiva, la cual fue confirmada por el juez Alejandro Pellizzon. El 5 de abril, haciendo lugar a los argumentos de la Fiscalía y la querella, se amplió por dos meses más la detención cautelar. El 13 de abril se realizó una audiencia a pedido de la defensa, que solicitó un cambio de calificación legal. El planteo fue rechazado por la jueza Gadano. El 20 de mayo se realizó la audiencia de control de acusación, donde fue confirmada por el juez Quelín la calificación legal como tentativa de homicidio doblemente agravado -por el vínculo y por razón de género-. El 27 de mayo, finalmente, el juez Pellizzon dictó una nueva confirmación de la prisión preventiva, medida que fue ratificada y ampliada hoy por la jueza Gadano previendo la inminencia del juicio oral.
De no surgir inconvenientes que obstaculicen el curso normal del proceso, el juicio se llevará a cabo a mediados de agosto, es decir, a sólo siete meses de ocurrido el hecho.
Judiciales
Condenaron a un trabajador de la SENAF por abuso y amenazas a niños bajo su cuidado
El hombre reconoció los hechos ocurridos entre 2021 y 2023 en un Centro de Atención Integral de Roca. Recibió una pena de 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta mañana (05/11), uno de los dos imputados por delitos cometidos en el marco de su función en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) de General Roca fue condenado a 3 años de prisión condicional, tras reconocer su responsabilidad en los hechos.
El hombre, que se desempeñaba como auxiliar asistencial, aceptó los cargos de abuso sexual simple agravado por ser encargado de la guarda y amenazas coactivas continuadas, cometidos entre abril de 2021 y septiembre de 2023.
Según detalló la Fiscalía, el acusado ejercía violencia y amenazas contra los menores, generándoles temor para evitar que contaran lo ocurrido. En uno de los episodios, ocurrido entre julio y agosto de 2023, abusó de una adolescente en el sector de la cocina del establecimiento.
La condena fue dictada en el marco de un acuerdo abreviado, con el aval de la defensora de menores que representa a las víctimas. Además de la pena de prisión condicional, se impuso la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos en la administración pública, la inscripción en el Registro Provincial de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual (REPROCOINS) y el pago de las costas del proceso.
El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante 3 años: fijar domicilio, no acercarse ni contactar a la víctima, directa o indirectamente, y abstenerse de todo tipo de vínculo con menores en el ámbito institucional.
La investigación incluyó denuncias institucionales, testimonios de operadores y psicólogos, pericias forenses y registros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
Por su parte, la segunda persona imputada en la causa, una mujer, continúa bajo proceso judicial: la audiencia de control de acusación se retomará el próximo lunes (10/11) a las 10.00.
Judiciales
Condenan a 4 años de prisión a dos acusados de distribuir material de abuso sexual infantil
Los hechos fueron detectados tras reportes de Google y WhatsApp al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), que alertó al Ministerio Público Fiscal rionegrino. Uno de ellos es de Roca.
El Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial logró esta semana que dos hombres fueran condenados a cuatro años de prisión efectiva por delitos vinculados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil (MASI).
Las causas, tramitadas en General Roca y Choele Choel, se resolvieron en el marco de juicios abreviados, luego de que ambos imputados reconocieran su responsabilidad penal.
El primer caso ocurrió en Choele Choel y fue detectado en agosto de 2022, cuando Google denunció la actividad sospechosa a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo con el cual el Ministerio Público Fiscal argentino mantiene un convenio de cooperación. La investigación determinó que el acusado tenía en su poder múltiples fotos y videos con contenido de abuso sexual infantil, lo que derivó en su procesamiento y condena.
El segundo hecho fue investigado en General Roca, donde un hombre aceptó haber cometido tres delitos durante 2024. Según la Fiscalía, el imputado subió videos a los servidores de WhatsApp, facilitó contenido a otros usuarios y almacenó material en su teléfono celular, el cual fue secuestrado durante un allanamiento. La pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) confirmó que el dispositivo contenía 21 videos con imágenes de víctimas menores de edad.
Las pruebas reunidas incluyeron los reportes internacionales, los allanamientos realizados en los domicilios de los acusados, peritajes informáticos de OITel, informes del Gabinete de Criminalística y evaluaciones médicas del Cuerpo de Investigación Forense, que confirmaron la edad de las víctimas.
En Choele Choel, la condena fue por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, en concurso ideal, mientras que en Roca, la figura legal aplicada fue tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil agravadas por ser las víctimas menores de 13 años, ambas previstas en el artículo 128 del Código Penal.
Tanto la Fiscalía como la defensa coincidieron en la pena solicitada y, tras renunciar a los plazos procesales, los dos condenados ya se encuentran cumpliendo su condena.
Judiciales
Se realizó el sorteo de jurados populares para los próximos dos años
En las circunscripción con cabecera en General Roca fueron seleccionados 500 mujeres y 500 varones.
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El procedimiento, conforme al Código Procesal Penal, fue supervisado por el Juzgado Electoral Provincial y estuvo a cargo de Lotería de Río Negro. Participaron el vocal del STJ Sergio Ceci, el juez electoral Carlos Da Silva, la secretaria electoral Verónica Belloso, el director de la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción Nicolás Farina, Virginia Sastre, del Tribunal de Impugnación y Nicolas Rochas del Ministerio Público. También asistieron la defensora del Pueblo, Adriana Santagati, autoridades de Lotería y representantes del Colegio de la Abogacía de la Primera Circunscripción, en nombre de todos los colegios de la provincia.
Se sortearon 1.800 mujeres y 1.800 varones del padrón electoral provincial. En la Primera Circunscripción, con asiento en Viedma, se seleccionaron 300 mujeres y 300 varones. En las circunscripciones con cabecera en General Roca, Bariloche y Cipolletti se sortearon 500 mujeres y 500 varones en cada una.
Las personas seleccionadas recibirán información a través de las Oficinas Judiciales Penales de cada circunscripción, donde se les indicarán los pasos a seguir y los canales de contacto disponibles.
Cada persona sorteada recibirá una comunicación oficial que incluirá una nota de la Oficina Judicial Penal, un formulario de declaración jurada y un sobre para la respuesta. Esta podrá remitirse gratuitamente por Correo Argentino o completarse en forma digital a través del sitio web: jurados.jusrionegro.gov.ar.
Los datos recabados permitirán realizar una primera verificación para detectar incompatibilidades o impedimentos legales que impidan integrar un tribunal popular. La información será tratada de manera confidencial por las Unidades de Juicios por Jurados de cada circunscripción.
Ningún funcionario o funcionaria judicial solicitará datos bancarios, claves digitales ni información personal sensible.
Desde la implementación del juicio por jurados en Río Negro, las personas seleccionadas por sorteo participan en los procesos penales más graves y públicos. El sistema establece que el jurado popular esté compuesto por doce miembros cuando el fiscal anticipa que solicitará una pena superior a doce años de prisión.
Para integrar un jurado popular en Río Negro es necesario ser argentino o argentina, tener más de 18 años y residir en la zona donde ocurrió el delito. Quedan excluidas las personas con condenas por delitos dolosos, así como quienes ejerzan profesiones jurídicas, funcionarias y funcionarios judiciales, auxiliares de justicia, integrantes activos de las fuerzas de seguridad y referentes religiosos.
