Política
Río Negro y Neuquén solicitan la provincialización de las rutas nacionales
Se trata de las Rutas N° 22, 151, 231 y 242.
Los gobernadores de las provincias de Río Negro, Alberto Weretilneck y del Neuquén, Rolando Figueroa, presentaron un pedido formal para mejorar la infraestructura vial y estimular la economía regional. Son rutas de vital importancia para el desarrollo económico, industrial, turístico y social del norte de la Patagonia.
Los mandatarios provinciales enviaron una nota formal a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), destacando la crítica situación de las rutas nacionales que atraviesan sus territorios y solicitando medidas inmediatas para abordar esta problemática.
«Las Rutas Nacionales N° 22, 151, 231 y 242 son vitales para el desarrollo económico, industrial, turístico y social de la región del Comahue, así como para la integración de ambas provincias. Sin embargo, el estado de abandono en el que se encuentran estas carreteras está generando graves consecuencias, tanto en términos humanos como económicos», dice la nota enviada a Vialidad Nacional.
«El deterioro de las vías ha provocado un aumento alarmante de accidentes de tránsito, con un número significativo de víctimas fatales cada año. Además, la situación está generando un cuello de botella logístico que afecta el desarrollo de importantes sectores económicos, especialmente la actividad petrolera en Vaca Muerta», agregaron Weretilneck y Figueroa.
Los gobernadores destacan que, «a pesar de las promesas incumplidas y proyectos inconclusos durante décadas, no se observa ninguna acción concreta por parte del Estado Nacional para resolver esta situación. Ante esta falta de respuesta, consideran que la intervención de las provincias es indispensable e impostergable».
En este contexto, los gobernadores proponen la transferencia de responsabilidades de mantenimiento y operación de estas rutas a las direcciones provinciales de Vialidad de Río Negro y Neuquén, respectivamente. Esta medida se complementaría con un esquema de financiamiento público y/o privado, que permita garantizar la conservación y mejora de las carreteras.
Además, enfatizaron «la importancia estratégica de estas rutas para el desarrollo regional», y reafirman su compromiso de «trabajar en colaboración con el sector privado para encontrar soluciones factibles y realistas».
Esta solicitud refleja la urgente necesidad de tomar medidas para mejorar la infraestructura vial y estimular la economía regional en beneficio de todos los ciudadanos de Río Negro y Neuquén.
Cuáles serían las rutas
Ruta Nacional N° 22: Desde el kilómetro 0 en el límite este con La Pampa (Río Colorado) hasta su intersección con la rotonda de Cipolletti, rotonda inclusive, con la Provincia del Neuquén. Además, desde el límite con la provincia de Río Negro (tercer puente) hasta su finalización en el empalme con la Ruta Nacional N° 40 en la localidad de Zapala, con la Provincia del Neuquén.
Ruta Nacional N° 151: Desde la rotonda de Cipolletti hasta el límite con la Provincia de La Pampa (kilómetro 149,74), con la Provincia de Río Negro.
Ruta Nacional N° 231: Desde su nacimiento en el empalme con la Ruta Nacional N° 40 en cercanías de Lago Espejo hasta su finalización en el límite con Chile (Paso Cardenal Samoré), con la Provincia del Neuquén.
Ruta Nacional N° 242: Desde su nacimiento en el empalme con la Ruta Nacional N° 40 en la localidad de Las Lajas, hasta el límite con Chile (Paso Pino Hachado), con la Provincia del Neuquén.
Política
Plan Castello: Río Negro realizó un nuevo pago y redujo su deuda 55%
El saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones.
El Gobierno de Río Negro realizó un nuevo pago del Plan Castello por más de U$S 41 millones, avanzando en el proceso de desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023. De esta manera, la Provincia redujo en un 55% el saldo del financiamiento del plan.
Con el pago de U$S 41.694.412 correspondiente a la quinta cuota del Plan Castello -entre capital e intereses- el saldo del bono se redujo de U$S 320 millones a U$S 142 millones. Esto representa una disminución del 55% desde el inicio del proceso de cancelación.
Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, Río Negro redujo su deuda total en dólares de U$S 413 millones a U$S 302 millones, es decir, U$S 111 millones menos (-27%). En paralelo, el peso de la deuda sobre los ingresos corrientes cayó del 71% al 15%, lo que representa una mejora histórica del 79% en los indicadores de sostenibilidad fiscal.
«Este proceso de ordenamiento financiero fortalece la solvencia de la Provincia y mejora su posicionamiento ante organismos internacionales de financiamiento como el BID, la CAF y la AFD. De esta manera, Río Negro consolida su capacidad para acceder a financiamiento destinado a obras de infraestructura y proyectos estratégicos que acompañen el desarrollo productivo y el crecimiento de la provincia», indicaron desde el Ejecutivo rionegrino.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
