Judiciales
Extraditaron a un roquense que estaría involucrado en el crimen de dos adolescentes en Florencio Varela
El hombre de 36 años será trasladado en calidad de detenido a la provincia de Buenos Aires.
Este mediodía (18/02), se resolvió el pedido de extradición de un hombre de 36 años, con domicilio en General Roca, a favor del Juzgado de Garantías N° 8 del Departamento Judicial de Quilmes, con sede en Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires. De esta manera, el acusado será trasladado en calidad de detenido en el marco de un legajo en el que se investiga el delito de «homicidio criminis causa y encubrimiento agravado» en esa jurisdicción. El caso generó muchísima conmoción en la zona sur bonaerense, donde resultaron asesinados Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14.
El equipo fiscal de turno de General Roca detalló, además, que los elementos secuestrados en el marco de los allanamientos requeridos por dicho Juzgado, también sean remitidos a Florencio Varela.
«El pasado el 16 de febrero, tras la investigación que lleva adelante la Fiscalía UFI N°1 descentralizada de Varela se ordena la detención del hoy imputado. Asimismo solicitaron autorización para que la comisión policial enviada realice las pesquisas consideradas, y concretaron un rastreo en tiempo real por parte del Departamento de Ciberdelincuencia de Buenos Aires», detalló la Fiscalía.
«Por ello es que el juez de la Provincia de Buenos Aires ha requerido que se autorice el traslado del hombre hasta Florencio Varela, junto a los secuestros. Quedando todo a disposición del Juzgado mencionado», solicitó el fiscal.
El hombre estuvo asistido en esta audiencia por la defensa penal pública, que no tuvo oposición a que sea constatado el estado de salud del imputado por parte del Cuerpo de Investigación Forense antes de su partida.
La jueza de Garantías interviniente resolvió en pos de ello, y de esta manera el traslado se concretará en breve.
Lo que se sabe del caso hasta ahora
Paloma Gallardo, de 16 años, y Josué Salvatierra, de 14, eran intensamente buscados desde el 30 de enero pasado, cuando desaparecieron en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Sus cuerpos fueron hallados la semana pasada en un descampado cercano al puente de Bosques. Los vio una persona que dio aviso a la Policía Bonaerense.
El sitio queda a pocos minutos a pie de las casas de ambas víctimas, quienes asistían a la misma escuela.
La autopsia determinó que ambos fueron asesinados con repetidos golpes en la cabeza hechos con una piedra, no fueron atados y a Paloma no la agredieron sexualmente.
En la escena del crimen, los peritos notaron la presencia de «una piedra tipo asfáltica bastante pesada, manchada con sangre«, por lo que deducen que fue el elemento con el que les causaron la muerte. También hallaron una botella con restos hemáticos en la base.
¿Por qué hay un roquense detenido acusado del hecho?
El fin de semana, una comisión de la Policía Federal viajó a Río Negro, debido a que detectaron que el celular del adolescente Salvatierra se activó con otra línea en General Roca, que pertenece al hoy imputado. La activación ocurrió el 11 de febrero.
La versión que dio el acusado no conformó a los investigadores. Dijo que lo había reparado en su local, en agosto pasado, y que no lo usó hasta el día que lo prendió.
El aparato, un Samsung A2, que fue secuestrado en su poder, tenía el mismo IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) que el del joven asesinado de 14 años. No obstante, podría haber sido clonado.
Judiciales
Separaron a un docente por presunto delito contra la integridad sexual
La denuncia fue realizada por la familia de la víctima. La Junta de Disciplina instruyó un sumario.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos separó a un docente de sus cargos tras una denuncia por presunto delito contra la integridad sexual, realizada por la familia de una estudiante de un establecimiento de San Antonio Oeste.
Tras recibir la misma, el equipo directivo de la institución llevó a cabo de manera inmediata la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Familia de la localidad, a fin de que la Justicia pueda intervenir.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Educación, con sus equipos de intervención territorial y técnicos de apoyo, activó los dispositivos pedagógicos con la familia y la institución.
La ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos, instruyó al Consejo Provincial de Educación y a la Junta de Disciplina Docente a que se realice una investigación dentro del sistema educativo y, a su vez, a ponerse a disposición de la Fiscalía que recibió la denuncia.
La secretaria de Educación, Ana Laura Giovanini y los equipos directivos, técnicos y supervisivos brindaron contención y acompañaron a la familia, poniendo todo el sistema educativo a disposición.
Por otro lado, el docente denunciado fue apartado de sus cargos y la Junta de Disciplina Docente instruyó el respectivo sumario.
Desde el Ministerio se informó a la Justicia sobre todo lo actuado hasta el momento y se continúa trabajando con acciones y acompañamiento con los diferentes equipos directivos de las instituciones y la comunidad educativa.
«Es prioridad para este Ministerio de Educación y para el Gobierno de Río Negro actuar en forma inmediata en estos casos, garantizando los derechos de las y los estudiantes y de la comunidad educativa, dando prioridad al resguardo y protección de los niños y niñas», destacó la ministra.
En ese sentido es muy importante tener en cuenta las legislaciones nacionales en cuanto a la reserva de la identidad. La Ley Nacional N° 26.061 en su Art. 22, prohíbe exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente a niños, niñas y adolescentes, cuando constituyan injerencias arbitrarias en su vida privada o intimidad familiar.
Judiciales
Robos, hurtos y estafas, los delitos más comunes en Río Negro
Las estadísticas se desprenden de un informe del Poder Judicial de la Provincia sobre causas del 2024.
Durante 2024 ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia de Río Negro un total de 6.942 legajos, lo que representa un incremento del 19% en comparación con el año anterior. De ese total, 6.189 causas fueron promovidas por el Ministerio Público ante la presunta comisión de algún delito.
Los delitos contra la propiedad fueron los más frecuentes, con 2.697 legajos, lo que representa el 43,59% del total promovido por el Ministerio Público. Esta categoría incluye hurtos, robos, estafas, daños materiales y otros hechos de similar naturaleza.
En segundo lugar se ubicaron los delitos contra la administración pública, con 933 legajos (14,75%). Comprenden atentado y resistencia a la autoridad, falsa denuncia, falso testimonio, encubrimiento y desobediencia a órdenes judiciales, entre ellas el incumplimiento de medidas cautelares por violencia de género.
Los delitos contra las personas generaron 829 causas (13,39%) e incluyen homicidios en todas sus formas, lesiones, abuso de armas y abandono de personas. Por su parte, los delitos contra la libertad sumaron 699 legajos (11,29%), entre ellos privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones ilegales y violación de secretos.
También se contabilizaron 620 causas por delitos contra la integridad sexual (10,02%), como abusos sexuales con o sin acceso carnal, corrupción de menores, facilitación a la prostitución y exhibiciones obscenas.
El resto de los legajos registrados en 2024 corresponde a trámites de ejecución, exhortos y solicitudes administrativas (738 causas) y a querellas privadas (12 casos).
La información forma parte del relevamiento anual realizado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia.
Judiciales
Reconocen el lazo paterno de un hombre con los tres hijos de su pareja y autorizan su adopción plena
El progenitor biológico había sido privado previamente de la responsabilidad parental mediante sentencia el año pasado. Los adolescentes llevarán el apellido de la pareja de su madre.
Durante años un hombre acompañó el crecimiento de tres adolescentes como si fueran sus propios hijos. Compartió sus rutinas, los cuidó en la enfermedad, los sostuvo en los desafíos de la adolescencia y construyó con ellos un vínculo sólido, afectivo y cotidiano. Finalmente, ese lazo recibió reconocimiento legal: el Poder Judicial de Río Negro otorgó la adopción por integración con carácter pleno y autorizó que los tres jóvenes lleven su apellido.
La solicitud fue presentada en el fuero de Familia de Bariloche por el propio hombre con el acompañamiento expreso de la madre de los adolescentes. El proceso se desarrolló sin oposición, ya que el progenitor biológico había sido privado previamente de la responsabilidad parental mediante sentencia firme, dictada en agosto de 2024. Esa resolución se encontraba inscripta en el Registro Civil al momento de iniciarse el trámite de adopción.
Los adolescentes fueron escuchados por la jueza interviniente y manifestaron su voluntad de formalizar legalmente la relación con quien siempre trataron como padre. Expresaron su deseo de llevar su apellido.
En la misma audiencia, estuvieron presentes la madre, la abuela materna y la letrada del peticionante. La Defensora de Menores e Incapaces dio su conformidad a la adopción. También lo hizo la Fiscalía, que emitió dictamen favorable. La jueza valoró el consentimiento de todas las partes, el ejercicio del derecho a ser oídos por parte de los jóvenes, y la documentación reunida.
El expediente incluyó informes sociales y pericias que reflejaron una dinámica familiar organizada, basada en el respeto y con roles definidos. Los profesionales que intervinieron destacaron la presencia activa del adoptante en la vida de los tres adolescentes. El informe más reciente consignó que la familia atravesó distintas dificultades con fortaleza y que el vínculo con los jóvenes se construyó como una referencia paterna sostenida en el tiempo.
Uno de los informes señaló que los adolescentes habían solicitado a su madre «llevar un apellido que los represente en su identidad». La magistrada tuvo en cuenta ese deseo al momento de resolver y autorizó la inscripción de los nuevos apellidos. La sentencia dispuso la adopción plena conforme a los artículos 619, 620, 621 y 630 del Código Civil y Comercial.
