Judiciales
Piden 13 años de prisión contra un roquense acusado de abusar de su hija
La denuncia fue impulsada por la directora del secundario al que asistía la víctima. Los hechos denunciados se dieron entre el 2010 y 2014 en reiteradas ocasiones.
En la jornada de ayer se llevó a cabo la audiencia de alegatos en el juicio oral y público contra el hombre acusado de “abuso sexual simple, abuso gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal, reiterados, agravados por ser el padre biológico de la víctima y por ser núcleo conviviente, en concurso con el delito de corrupción agravada de menores”. El fiscal de Cámara, Andrés Nelli, solicitó 13 años de prisión efectiva.
Las pruebas a las que hizo referencia el fiscal y que acreditan los hechos fueron que “el Informe Victimológico que realizó la Oficina de Atención a la Víctima acerca de la menor, que dice que la chica tenía un estado de conmoción, no sólo por haber puesto en palabras los hechos que venía padeciendo sino fundamentalmente por las consecuencias que éstos tenían en su familia y particularmente con su padre”.
La denuncia fue impulsada por la directora del secundario al que asistía la víctima. Respecto de esto, la Fiscalía destacó que “si en el centro educativo no se hubieran percatado de la situación que estaba atravesando la menor, no estaríamos aquí hoy. Estos delitos se cometen en el ámbito familiar y normalmente quedan allí, salvo que la menor se quiebre”.
El informe del colegio al que asistía la víctima también fue importante para la Fiscalía. El mismo dice que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad emocional y social, por ejemplo que vivió en un breve período de tiempo en tres lugares diferentes.
Además, fueron determinantes la declaración de la niña en Cámara Gesell; los análisis médicos que determinaron que tenía lesiones de antigua data tanto en el himen y como en la zona anal; la pericia psicológica que señala indicios de abusos sexuales en su infancia, como llantos, rechazo social, problemas escolares, agresividad, auto-flagelación e intentos suicidas.
Se tuvieron en cuenta también los informes psicológicos del imputado, que indican que “es una persona dura, superficial y hostil. No demuestra remordimiento y tiene cierta indiferencia por el sufrimiento de los otros”, citó Nelli. En sus alegatos, la Fiscalía subrayó que se trató de “una relación enfermiza generada por parte del adulto hacia la menor, que se generó por ser el mayor quien sometió a la niña y ello permitió que los abusos se perpetuaran a lo largo de 4 años, desde que la chica tenía 13 años”.
Pese a que la víctima en el debate, hoy mayor de edad, trató de ubicar a su padre en una mejor posición procesal no pudo desvincularlo de su autoría. A propósito de ello, el fiscal de Cámara mencionó un fallo reciente de la Cámara Criminal Tercera de Roca que condenó al procesado pese a que la víctima en debate desmintió y dijo que lo que había denunciado no era cierto, tratando de salvar a su padre. “Pero allí se valoró la declaración realizada por la menor en Cámara Gesell, que fue fresca y espontánea, como los informes psicológicos que se habían solicitado. Tampoco se olvidó esa Cámara que lo que se estaba resolviendo era una causa de abuso que había ocurrido años antes. Si esto no fuera así, cada vez que un mayor desmiente lo ya declarado, tendríamos que volver a abrir todas las causas de esta naturaleza que ya están con sentencia”.
Sobre el final, el fiscal dijo: “el imputado realizó tocamientos de contenido sexual a su hija biológica en sus partes íntimas en contra de la voluntad manifiesta de la niña, del 2010 al 2014, año en que hace la denuncia. Las lesiones perpetuadas por el padre conllevan en si mismas un grado de sometimiento ultrajante, humillante hacia la víctima. Desde la perspectiva del propio autor, cosificaba a la víctima, ejerciendo dominio sobre ella. El imputado utilizó su moral de padre para satisfacer sus propios deseos sexuales. Las acciones descriptas, actos corruptores, abusos sexuales con variada penetración, resultan repugnantes, por ello le corresponde la figura legal de gravemente ultrajante”.
La defensa, representada por Oscar Pineda y Pablo Iribarren, pidió la absolución de su representado.
La sentencia se conocerá el lunes 8 de mayo a las 12.00 y estará a cargo de la Cámara Segunda en lo Criminal, presidida por Gastón Martín e integrada por Oscar Gatti y María Evelina García Balduini.
Judiciales
Logró una contención emocional en terapia y el Poder Judicial le permitió borrar el apellido de su agresor
La mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
Durante décadas, una mujer en Río Negro guardó un secreto. A los 10 años, su propio padre abusó de ella, situación que se repitió tiempo después. El dolor y la vergüenza sellaron sus labios frente a su madre, su esposo e incluso ante sus propios hijos.
En el año 2025, la angustia cruzó el límite de lo tolerable y ella buscó refugio en la terapia psicológica. Frente a la profesional las palabras finalmente salieron a la luz. En ese espacio de sanación, la mujer comprendió que el apellido de su agresor era una carga insoportable para su propia vida y para el futuro de sus hijos.
El fuero de familia de Roca dictó una sentencia que permite a la mujer eliminar el apellido de su progenitor biológico de la partida de nacimiento. La Jueza destacó la importancia del derecho a la identidad y el carácter del nombre como atributo esencial de la personalidad.
Señala que la normativa actual admite una interpretación más flexible que la antigua idea de inmutabilidad del nombre.
La sentencia considera acreditado que la mujer sufrió situaciones graves en el vínculo paterno-filial, incompatibles con el rol de cuidado que se espera de un progenitor. El informe psicológico resultó determinante para evaluar el daño persistente que le genera el uso del apellido. Así, la jueza concluye que obligarla a conservarlo afecta su identidad, su salud y su bienestar.
En función de ello, entiende que existen «justos motivos» para autorizar el cambio, ya que el apellido no cumple su función identificatoria y, por el contrario, produce sufrimiento. También resalta que la decisión no perjudica a terceros ni altera el vínculo jurídico con el padre.
La sentencia hace lugar a la demanda y ordena rectificar la partida de nacimiento, eliminando el apellido paterno e inscribiendo únicamente el materno. Aclara que los efectos se limitan al nombre, sin modificar los derechos y deberes derivados de la filiación. Además, indica que cualquier cambio en el apellido de los hijos deberá tramitarse en un proceso separado.
Judiciales
Cayó por una frenada brusca y el chofer la dejó en la sala de emergencias: Condenaron a KoKo
El hecho ocurrió entre Cervantes y Mainqué, en la Ruta Nacional N° 22. La víctima, una docente, reclamó en la Justicia y el fallo fue favorable.
Una docente subió a un colectivo en Cervantes para ir a su trabajo en Mainqué. Pagó el boleto y caminó por el pasillo en busca de un asiento. A unos cien metros de iniciado el viaje por la Ruta Nacional N° 22, el chofer frenó de golpe. Ese movimiento brusco provocó que la mujer cayera de espaldas contra el suelo del ómnibus.
Inmediatamente, los pasajeros la ayudaron a ponerse de pie. El viaje continuó hasta que el conductor la dejó frente a la sala de primeros auxilios de Mainqué. Más tarde, los médicos confirmaron que la mujer sufrió una fractura de peroné que le dejó secuelas.
La mujer inició una demanda por daños y perjuicios contra la empresa de transporte. El fuero civil de Roca le dio la razón a la pasajera y condenó a KoKo al pago de una indemnización. La mujer reclamó distintos rubros: daño físico, gastos, daño psicológico y daño moral.
La empresa reconoció el hecho, pero negó responsabilidad. Expuso que la caída se produjo por culpa de la pasajera, quien no se habría sujetado correctamente. En la misma línea, la aseguradora aceptó la cobertura dentro de los límites de la póliza, aunque también rechazó los daños reclamados.
La sentencia centró el conflicto en determinar si existió un incumplimiento del deber de seguridad propio del contrato de transporte. Señaló que se trata de una responsabilidad objetiva, en la cual la pasajera debe probar el hecho y el daño, mientras que la empresa solo puede eximirse si demuestra una causa ajena.
Tras valorar la prueba, en especial los testimonios y la pericia accidentológica, concluyó que la caída se vinculó con una maniobra brusca del chofer. Esto configuró un incumplimiento de la obligación de seguridad. También descartó la culpa de la víctima.
En cuanto a los daños, la sentencia reconoció la existencia de lesiones físicas con una incapacidad parcial permanente. Además, admitió los gastos médicos reclamados y rechazó el daño psicológico al no verificarse secuelas de ese tipo.
Respecto del daño extrapatrimonial, la jueza consideró acreditadas las molestias, las limitaciones y las alteraciones en la vida diaria de la mujer durante su recuperación, así como el impacto emocional derivado del accidente.
Finalmente, la magistrada hizo lugar a la demanda y condenó en forma concurrente a la empresa de transporte y a la aseguradora.
Judiciales
No paga la cuota alimentaria: Le prohíben salir del país, manejar y revisarán sus billeteras virtuales
La medida es hasta que el hombre cancele una deuda alimentaria que llega a los 7 millones de pesos.
Un hombre no podrá salir del país ni conducir hasta que cancele la deuda alimentaria que mantiene con sus hijos y que supera los $7.000.000. Una Unidad Procesal de Familia de Bariloche dispuso la prohibición de egreso del territorio nacional y la retención de la licencia de conducir como parte de una batería de medidas orientadas al cumplimiento de las responsabilidades parentales que mantiene el progenitor.
La decisión no se agotó en esas medidas: el fallo avanzó sobre un terreno cada vez más utilizado para administrar dinero y puso bajo la lupa las billeteras virtuales. La Unidad Procesal ordenó oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas y saldos del demandado y detectar fondos embargables.
En la misma resolución, la jueza interviniente advirtió a la empleadora del hombre por el incumplimiento de los requerimientos de información en el expediente. También ordenó comunicar la restricción a los organismos de frontera para impedir cualquier salida del país y bloqueó el uso y la renovación del registro de conducir.
La sentencia monitoria se dictó sobre una deuda que se acumuló con el paso del tiempo sin que el hombre cumpliera con los pagos. La ejecución avanzó para hacer efectivo ese crédito, en un contexto donde la mujer sostuvo la necesidad de medidas que produzcan resultados concretos.
El expediente también expuso dificultades en la aplicación de otras medidas. La empleadora del hombre no respondió a los oficios judiciales que debían informar sobre retenciones salariales ni sobre la existencia de otros embargos. Esa falta de datos impidió conocer con precisión qué descuentos se aplicaban y bajo qué condiciones.
Frente a esa situación, la Unidad Procesal reiteró el requerimiento, fijó un plazo de cinco días para que la empresa respondiera y estableció una multa diaria en caso de incumplimiento. La decisión apuntó a obtener información clave para sostener la ejecución.
La resolución también incluyó un pedido de informes al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el hombre tiene o ha tenido participación en procesos sucesorios. En caso de detectarse esa situación, la jueza interviniente podrá avanzar sobre los derechos hereditarios que le correspondieran como parte de la ejecución.
Todas estas medidas se inscribieron dentro de las atribuciones que tienen juezas y jueces de familia para intervenir en ejecuciones de alimentos. Se trata de herramientas orientadas a sostener el proceso y generar condiciones que permitan que las decisiones judiciales se cumplan.
