Judiciales
Dos familias se enfrentaron y amenazaron antes de una audiencia judicial en Roca
Ocurrió la semana pasada en la Ciudad Judicial de Roca. El juez Barotto adelantó en exclusiva que «próximamente incorporaremos detectores de metales».
La pasada semana, dos familias se enfrentaron en los pasillos de la Ciudad Judicial de General Roca en la previa de una audiencia. «Hubo un enfrentamiento entre la familia de una víctima y la del imputado. No está confirmado si una de las personas tenía un cuchillo o sólo amenazó con sacarlo. Afortunadamente había personal penitenciario que acompañaba al detenido y pudo contener la situación», confirmó el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, en diálogo exclusivo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3).
«No es un hecho nuevo que haya enfrentamientos entre partes diferentes en instancias judiciales. Hemos tenido peores hechos en Viedma y San Carlos de Bariloche inclusive, con un juez agredido», sostuvo Barotto.
En este sentido, adelantó que «tenemos que controlar aún más con qué elementos ingresa la gente a la Ciudad Judicial y sobre todo a una audiencia. Ya el presidente del STJ (Ricardo Apcarian) ordenó la compra de detectores de metales, que están en trámite. Van a ser de bastón o de mano, que son los que se ven los aeropuertos. Arrancaríamos de esa manera», confirmó el magistrado roquense.
«Vamos a hacer la prueba piloto de esto en Roca. Seguramente quienes concurren habitualmente como abogados y demás se pueden llegar a molestar, pero bueno será un procedimiento rutinario», consideró Barotto. «Pero, a este enfrentamiento, le sumamos una amenaza de bomba de hace unas semanas», añadió.
«Los jueces habitualmente saben cuando habrá audiencias, fundamentalmente en el fuero penal, que serán complicadas. En estos casos, se comunica a la policía para que se refuerce la seguridad en el edificio judicial», sostuvo.
«Nosotros tenemos personal de seguridad pero que no manejan armas, sino que están atentos a cualquier hecho para comunicar a la custodia policial, que sea de paso en Roca, tenemos solo dos uniformados, un masculino y una femenina. No alcanza. Ya hasta se lo hemos manifestado al gobernador Alberto Weretilneck, pero es un tema complicado. Vamos a ver si una vez que se implemente el detector de metales podemos reunirnos con el jefe de Policía para que por lo menos haya dos efectivos policiales más», enfatizó Barotto.
«Igual se han dado muchos hechos más graves. Esto viene de hace rato y pasa en todas las Circunscripciones Judiciales», reconoció.
«Hay cámaras de seguridad pero están desde que se construyeron los edificios. Deberíamos actualizar los sistemas de seguridad de todos los edificios. Vamos a reemplazarlos, de hecho estamos en tratativas con la firma ALTEC. Lo que pasa es que tuvimos muchos gastos con la adecuación de los edificios por la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal», indicó.
Finalmente, Barotto, afirmó que «vamos a ver si antes de fin de año tenemos todo listo porque es necesario».
Judiciales
Revocaron la condena condicional y Rubén Muñoz seguirá preso
El Tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución.
En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».
El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.
Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.
«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.
También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.
Judiciales
Intento de robo frustrado: Declararon culpables a tres acusados en Roca
El hecho ocurrió en octubre de 2024 y gracias a la rápida intervención policial y el aporte de vecinos, los sujetos terminaron detenidos.
La Justicia de General Roca declaró la responsabilidad penal de tres hombres por una tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2024.
Durante el juicio, el Tribunal Colegiado consideró acreditado que los imputados forzaron el portón de una vivienda con intenciones de robo, aunque no lograron concretar el delito debido a la rápida intervención del personal policial.
En su resolución, los jueces destacaron que «el accionar policial permitió aprehender rápidamente a los imputados», y subrayaron además el rol clave de los vecinos, cuya atención y colaboración resultaron fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, dos de los acusados fueron absueltos por los delitos de encubrimiento y sustitución de chapa patente, cargos que no pudieron ser probados durante el debate.
Actualmente, los tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2, mientras avanza otro legajo en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
