Judiciales
Dos familias se enfrentaron y amenazaron antes de una audiencia judicial en Roca
Ocurrió la semana pasada en la Ciudad Judicial de Roca. El juez Barotto adelantó en exclusiva que «próximamente incorporaremos detectores de metales».
La pasada semana, dos familias se enfrentaron en los pasillos de la Ciudad Judicial de General Roca en la previa de una audiencia. «Hubo un enfrentamiento entre la familia de una víctima y la del imputado. No está confirmado si una de las personas tenía un cuchillo o sólo amenazó con sacarlo. Afortunadamente había personal penitenciario que acompañaba al detenido y pudo contener la situación», confirmó el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, en diálogo exclusivo con Ahí Vamos (de lunes a viernes de 7 a 9 por La Super FM 96.3).
«No es un hecho nuevo que haya enfrentamientos entre partes diferentes en instancias judiciales. Hemos tenido peores hechos en Viedma y San Carlos de Bariloche inclusive, con un juez agredido», sostuvo Barotto.
En este sentido, adelantó que «tenemos que controlar aún más con qué elementos ingresa la gente a la Ciudad Judicial y sobre todo a una audiencia. Ya el presidente del STJ (Ricardo Apcarian) ordenó la compra de detectores de metales, que están en trámite. Van a ser de bastón o de mano, que son los que se ven los aeropuertos. Arrancaríamos de esa manera», confirmó el magistrado roquense.
«Vamos a hacer la prueba piloto de esto en Roca. Seguramente quienes concurren habitualmente como abogados y demás se pueden llegar a molestar, pero bueno será un procedimiento rutinario», consideró Barotto. «Pero, a este enfrentamiento, le sumamos una amenaza de bomba de hace unas semanas», añadió.
«Los jueces habitualmente saben cuando habrá audiencias, fundamentalmente en el fuero penal, que serán complicadas. En estos casos, se comunica a la policía para que se refuerce la seguridad en el edificio judicial», sostuvo.
«Nosotros tenemos personal de seguridad pero que no manejan armas, sino que están atentos a cualquier hecho para comunicar a la custodia policial, que sea de paso en Roca, tenemos solo dos uniformados, un masculino y una femenina. No alcanza. Ya hasta se lo hemos manifestado al gobernador Alberto Weretilneck, pero es un tema complicado. Vamos a ver si una vez que se implemente el detector de metales podemos reunirnos con el jefe de Policía para que por lo menos haya dos efectivos policiales más», enfatizó Barotto.
«Igual se han dado muchos hechos más graves. Esto viene de hace rato y pasa en todas las Circunscripciones Judiciales», reconoció.
«Hay cámaras de seguridad pero están desde que se construyeron los edificios. Deberíamos actualizar los sistemas de seguridad de todos los edificios. Vamos a reemplazarlos, de hecho estamos en tratativas con la firma ALTEC. Lo que pasa es que tuvimos muchos gastos con la adecuación de los edificios por la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal», indicó.
Finalmente, Barotto, afirmó que «vamos a ver si antes de fin de año tenemos todo listo porque es necesario».
Judiciales
Levantan la tutela sindical de un trabajador municipal acusado de reiteradas inasistencias
La Cámara Laboral de Roca autorizó al Municipio de Chichinales a avanzar con un procedimiento disciplinario por ausencias injustificadas.
Un trabajador municipal tenía tutela sindical por su rol de delegado gremial. Esa protección le otorgaba un resguardo especial frente a sanciones laborales, pero el Municipio sostuvo que el hombre enfrentaba un problema disciplinario. Durante 2025 faltó a su lugar de trabajo en ocho oportunidades sin justificación.
Para la Municipalidad, las ausencias no constituyeron un hecho aislado, sino un patrón reiterado de incumplimientos que afectó la confianza depositada en el trabajador. También afectó el funcionamiento del servicio público. Por ese motivo, la comuna solicitó al Poder Judicial el levantamiento de la tutela sindical.
El fuero laboral de Roca hizo lugar a una demanda presentada por la Municipalidad de Chichinales. El fallo habilita al Municipio a avanzar con un procedimiento disciplinario y, eventualmente, aplicar una sanción vinculada con reiteradas inasistencias laborales que consideró injustificadas.
El expediente avanzó sin que el trabajador contestara. Ante esa falta de respuesta, el tribunal declaró su rebeldía procesal y consideró acreditados los hechos expuestos. Además, entendió que esos hechos resultaban verosímiles y que contaban con respaldo en la documentación presentada.
Entre los elementos valorados figuraron constancias del sumario administrativo, documentación laboral y antecedentes que acreditaban su condición de delegado sindical.
Al analizar el caso, la Cámara destacó la relevancia constitucional y legal de la tutela sindical como mecanismo destinado a proteger la actividad gremial y garantizar la libertad sindical. Sin embargo, señaló que esa protección no constituye una inmunidad absoluta frente al incumplimiento de obligaciones laborales.
El fallo remarcó que la garantía existe para resguardar el ejercicio de la representación sindical y no para impedir toda actuación disciplinaria cuando se atribuyen conductas ajenas a la actividad gremial.
La sentencia también precisó que el proceso de exclusión de tutela sindical tiene un alcance limitado. Su finalidad no consiste en aplicar directamente una sanción, sino en determinar si corresponde levantar la protección sindical para que el empleador pueda ejercer sus facultades disciplinarias. La eventual sanción y la discusión sobre su procedencia podrán ser objeto de otras instancias o planteos posteriores.
Sobre la base de la falta de contestación de la demanda, la documentación acompañada y la acreditación de la condición de delegado sindical, el tribunal concluyó que correspondía excluir al trabajador de la tutela sindical respecto de los hechos investigados. En consecuencia, autorizó al Municipio a adoptar la medida disciplinaria que considerara pertinente dentro del marco de sus facultades legales.
Judiciales
Buscan intensamente a una mujer de 35 años desaparecida desde hace una semana en Roca
Fue vista por última vez alrededor de las 13.30 del martes pasado y desde entonces se desconoce su paradero.
Las autoridades judiciales y policiales solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cintia Alexis Campos, una mujer de 35 años domiciliada en General Roca, cuyo rastro se perdió durante la tarde del martes 9 de junio. Según informó el Ministerio Público Fiscal, la mujer fue vista por última vez alrededor de las 13.30 horas y desde entonces no se tienen novedades sobre su ubicación.
Campos reside en un domicilio ubicado sobre Avenida Roca al 4000 y es intensamente buscada por familiares, la Justicia y las fuerzas de seguridad. Tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,59 metros de altura, posee tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros y con rulos.
Al momento de ausentarse vestía una calza negra, una campera inflada color gris y zapatillas blancas.
Desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que cualquier persona que cuente con información que pueda contribuir a localizarla se comunique de inmediato al RN Emergencias 911, a la Fiscalía de turno al teléfono (0298) 4231271 o a la unidad policial más cercana.
Judiciales
Murió el anestesiólogo condenado por la muerte de Valentín
Atencio Krausse falleció en las últimas horas. Había sido condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitado para ejercer la profesión.
En las últimas horas de este domingo (14/06) se confirmó el fallecimiento del médico anestesiólogo Mauricio Atencio Krausse, quien había sido condenado por su responsabilidad en la muerte de Valentín, el niño de 4 años que falleció durante una intervención quirúrgica realizada en General Roca.
Atencio Krausse atravesaba una enfermedad terminal y sufrió un ACV hemorrágico que agravó de manera irreversible su estado de salud.
El nombre del anestesiólogo había adquirido notoriedad pública durante los últimos años a raíz del juicio por la muerte de Valentín. La Justicia concluyó que el fallecimiento del pequeño no fue producto de una fatalidad, sino consecuencia de una conducta negligente durante la práctica médica.
Por ese motivo, Krausse fue condenado a 3 años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación para ejercer la medicina. La sentencia fue ratificada en su totalidad a mediados de mayo por instancias superiores.
La muerte del profesional se produce pocas semanas después de la confirmación definitiva de la condena y mientras continúa vigente el debate sobre la seguridad en los quirófanos y las responsabilidades médicas en procedimientos de alta complejidad.
