Judiciales
La golpeó y amenazó con prenderla fuego: Ahora, podría pasar 18 años en prisión
Un primer hecho se dio en Mencué y posteriormente en el Hospital de Roca la amenazó que si llegaba a hablar la iba a matar y la iba a rociar con nafta.
En sus alegatos, la fiscal jefe Graciela Echegaray solicitó una pena de 18 años de prisión para un hombre de 27 años por los delitos de «tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con amenazas y coacción».
El primer hecho ocurrió en la madrugada del 31 de diciembre de 2016 en la localidad de Mencué, donde el imputado ahorcó a su pareja, luego la roció con alcohol y lo prendió fuego. La víctima, hoy de 22 años, sufrió lesiones en la garganta y la parte superior del cuerpo. El segundo hecho que se le imputa ocurrió dentro del hospital de General Roca, donde el acusado coaccionó a su pareja diciéndole «que si llegaba a hablar la iba a matar y cuando volviera a Mencué la iba a rociar con nafta».
Para describir la situación de sometimiento de la víctima la fiscal graficó que después de haber sido rociada con alcohol y quemada, «ella se quedó en silencio en la casa todo el tiempo que pudo». En ese lapso el imputado «se sentó a comer, durmió, intentó tener relaciones» y luego «trató de ocultar lo ocurrido con toda frialdad, con amenazas hacia una joven que estaba totalmente sola en Mencué».
«Es tal en grado de anulación en que vivía la víctima que hasta lo llamó (lo despertó) para ir al hospital y en el trayecto fue amenazada sobre lo que tenía que declarar», mientras el hombre le advertía que «la próxima vez no te voy a apagar» el fuego.
«Se me patentiza y me enerva el trato hacia la víctima como una cosa. Curándole las heridas (de un hecho anterior) con una mezcla de pis (del imputado) y plantas, sin asistencia médica. De una tamaña frialdad poco usual», explicó Echegaray en su alegato.
A su vez fundamentó que la severidad de la pena requerida responde a «la gravedad del hecho, a la frialdad con la que actuó el imputado y al nivel de ‘cosificación’ de la víctima que se pudo acreditar». Y agregó: “este Ministerio Público Fiscal entiende que casos como éste son de tamaña gravedad que merecen una condena ejemplar».
La fiscal descartó «cualquier error de percepción, animosidad o mendacidad por parte de la víctima, quien fue contundente al afirmar: ‘me quiso matar'» y destacó que la joven estaba paralizada por el temor y que recién pudo contar lo sucedido tras varios días de internación, «cuando se sintió segura en el hospital».
La fiscal señaló, respecto de la víctima, «la soledad en la que se encontraba, la desventaja y vulnerabilidad» y concluyó que el imputado no logró consumar el homicidio aquella madrugada porque apareció su madre, quien golpeó a la puerta para preguntar qué estaba pasando.
La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que en el hospital de Roca la joven pasó varios días en silencio «bajo coacción, porque él le decía que al volver a Mencué la iba a matar, acompañado por su familia, que siempre estuvo presente en una actitud de vigilancia sobre ella».
Además de la pena de prisión, la Fiscal pidió que se someta al imputado a tratamiento psicológico, que se mantenga la prohibición de acercamiento (en caso de que recuperase la libertad) y que la sentencia que se dicte sea remitida en copia al Juzgado de Familia donde tramita una causa por Ley 3040.
Por último solicitó al Tribunal, conformado por los jueces Fernando Sánchez Freytes, Laura Pérez y Julio Martínez Vivot, que se cumpla con el nuevo artículo 11 bis de la Ley 24.660, que reconoce a la víctima el derecho de ser informada y expresar su opinión antes de que se otorgue al acusado, si resulta condenado, cualquier beneficio de salidas transitorias, libertad condicional, prisión domiciliaria, durante la ejecución de la pena.
Mención especial
Al finalizar el debate la Echegaray hizo una «mención especial a las operadoras de Salud Pública porque advirtieron la situación y rápidamente actuaron en consecuencia, comunicándose a la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) durante la feria judicial (primeros días de enero de 2017), lo que permitió la pronta actuación del Ministerio Público Fiscal».
«Si no hubiesen visualizado que esta joven estaba absolutamente amenazada, si la red de atención a la víctima no hubiese funcionado tan correctamente como funcionó, tal vez ella hubiese regresado a Mencué y hoy podríamos estar ante un femicidio consumado», advirtió.
Judiciales
Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban
Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».
En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.
El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».
«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».
El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».
Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
Judiciales
Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal
Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.
Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.
La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.
La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.
El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.
La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.
El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.
