Política
Río Negro fue a la Justicia por el congelamiento del precio de las naftas
El Ejecutivo rionegrino asegura que la pérdida alcanzaría los 580 millones de pesos.
Río Negro presentó hoy (21/08) a través de la Fiscalía de Estado de la Provincia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad contra el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 566/2019 que establece un dólar diferenciado para el petróleo. Cautelarmente solicita se suspenda su aplicación inmediatamente.
El DNU 566/2019 establece tope a la cotización del dólar para la venta del petróleo crudo de $45,19 por el término de 90 días, así como congela por igual plazo el valor del barril.
«La medida afecta a la Provincia de manera directa, en una disminución en la recaudación por regalías y por el Impuesto a los Ingresos Brutos, conforme surge de los informes del Ministerio de Economía y Secretaría de Energía de la Provincia que se adjuntan a la demanda, y alcanza como mínimo a la suma de $587.2 millones en el período. Sumado a ello, siembra incertidumbre sobre una actividad en franco crecimiento que perjudicará indirectamente inversiones y puestos de trabajo que se encuentra pendiente de evaluación», indica la Fiscalía de Estado en su escrito.
En los fundamentos de la acción, trabajada conjuntamente con la Fiscalía de Estado de la Provincia del Neuquén, se resalta la «inexistencia de la rigurosa excepcionalidad que amerita el avocamiento del Poder Ejecutivo a una facultad Legislativa, así como que exista un estado de necesidad y urgencia que sirva de presupuesto a de esta especial medida».
Incluso se explica que «nos encontrábamos ante situaciones más extremas en la devaluación de la moneda de diciembre de 2015 y junio de 2018, sin que ninguna de ellas derivara en el dictado de una norma semejante».
«La mera conveniencia de una medida netamente legislativa, no permite al Presidente utilizar este trámite excepcional como lo es el DNU, omitiendo la intervención del Congreso, sin afectar el régimen de competencias de cada poder del Estado».
Se destaca además que «el DNU 566/19 enuncia en sus considerandos meras generalidades que no resultan suficiente respaldo a tan extrema decisión, no siendo razonable en términos constitucionales los medios elegidos para atenuar el efecto de una crisis que nadie discute».
«Tendrá que evaluarse si esta medida sirve realmente para palearla o lo que no dudamos, solo traerá mayores inconvenientes en la actividad, a las provincias, las inversiones, el empleo e incluso a reclamos económicos al Estado Nacional a partir de la posible afectación de derechos adquiridos, con incierto final», señala la presentación.
Se argumenta además que «tampoco supera el test de razonabilidad, la desproporción en la distribución de las cargas de la crisis que realiza el Estado Nacional con esta medida, así carga en puntuales actividades y en definitiva en recursos de contadas provincias, el efecto de una situación general e igualitaria en el país».
«No dudamos que debemos realizar un esfuerzo entre todos para lograr una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos, ahora, esto debe afrontarse entre todos igualitariamente, de lo contrario sería –como en este caso- una decisión arbitraria y discriminatoria, por solicitarle un sacrificio excesivo e irrazonable a algunos en detrimento de otros. Sumado a ello, se advierte una intromisión excesiva en facultades reservadas a las provincias en la administración y propiedad de sus recursos naturales, afectando su dominio y explotación en violación a la Ley Federal de Hidrocarburos», agrega.
La medida presentada por Río Negro remarca además que «entendemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá intervenir, incluso cautelarmente para evitar que esta medida irracional genere perjuicios mayores de los que pretende subsanar».
Gremios
Empleados de AFIP de la región en alerta tras anuncio del Gobierno Nacional de que disolverán el organismo
Hay preocupación de los trabajadores. Realizarán una asamblea en Buenos Aires y luego comenzarán los encuentros regionales.
Tras el anuncio del gobierno de Javier Milei de disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los empleados se manifestaron preocupados por sus fuentes de trabajo. Según explicó la oficina del presidente en un comunicado, en reemplazo del actual entre recaudador, Nación creará otro organismo. Se tratará de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con una «estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática». La decisión llega en «el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes» e implicará «el despido de más de 3.000 empleados públicos, recorte salarial y la creación de un nuevo organismo recaudador, con una estructura más chica».
Claudio López es el secretario general de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) seccional Neuquén habló esta mañana (22/10) en Radio La Super del tema. En declaraciones al programa Ahí Vamos (de lunes a viernes por FM La Super FM 96.3), López explicó que la seccional tiene jurisdicción en Viedma, Roca, Zapala, San Martin de los Andes y Bariloche. «Estamos sorprendidos por semejante anuncio. Ni ellos tienen la capacidad ni la organización para armar una nueva agencia de recaudación y control aduanero. Esto les genera una estructura que no la tienen armada. Tienen una desorganización total», indicó.
El dirigente gremial señaló como es la situación en las sedes de la AFIP de la zona. «A nivel nacional son unos 3.155 trabajadores que serían despedidos. En la Seccional somos 360 empleados y los más nuevos son unos 35, que son los que se despedirían. Lo que vemos es una persecución política, ya que se anunció que la gente que se despedirá es la que entró en el último período de Alberto Fernández. No vamos a tolerar ni un solo despido, es más, se necesita gente para funcionar», agregó.
«Estamos de asambleas en todo el país. Hoy se hace una asamblea acá en Buenos Aires y se comenzará con reuniones regionales», destacó.
«El gobierno bastardea la tarea que se hace en AFIP. Y decir que hay grandes sueldos, con sumas exorbitantes es una política para atraer a la opinión pública. Salen a decir que van a achicar el estado. Hoy un sueldo de un profesional que recién ingresa es de $450.000 más el fondo de jerarquización, que puede llegar a $1.200.000. Un empleado con 15 años llega a cobrar $2.000.000», concluyó.
Política
Nueva sesión en el Concejo: Proyecto de repudio al veto del financiamiento universitario
También hay otra declaración para repudiar a legisladores roquenses que votaron a favor del proyecto que declara como servicio estratégico esencial a la educación pública.
Con varios proyectos y seguramente un importante debate, se llevará adelante la novena sesión del XXXV período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante roquense. Se realizará este martes (22/10) a las 10 de la mañana en el edificio Gobernador Carlos E. Soria, ubicado en calles Villegas y Avenida Roca.
Entre varios temas a tratar, se destacan el repudio al veto de la Ley de Financiamiento Universitario y también a aquellos legisladores de la ciudad que votaron afirmativamente el proyecto de Ley Nº 756/2024, que declara a la educación como servicio estratégico esencial.
Política
Juan Martin propone un registro provincial de ADN para ayudar a esclarecer delitos
El proyecto estipula que cuando se detiene a una persona, además de tomarle las huellas digitales y todos los datos que son habituales, también se le extraiga una muestra de ADN para incorporar al registro.
A través de un proyecto de ley, el legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) propuso la creación de un registro provincial de huellas genéticas en el ámbito del Poder Judicial, que aportará elementos para la investigación de distintos delitos.
«Nuestra propuesta es que cuando se detiene a una persona, además de tomarle las huellas digitales, la foto y todos los datos que son habituales, también se le extraiga una muestra de ADN para incorporar a este registro», explicó Juan Martin.
El presidente del bloque PRO-Unión Republicana planteó que «el ADN es un método largamente probado para esclarecer todo tipo de crímenes» y en este sentido consideró que «hay que sistematizar y ampliar la base de datos para que cuando sucede un hecho delictivo sea más simple encontrar al autor».
El proyecto presentado en la Legislatura, que cuenta con el acompañamiento de los demás integrantes del bloque PRO-Unión Republicana, recogió la experiencia del registro genético que desde 2017 funciona en la provincia de Mendoza, que cuenta con los datos de 90.000 personas y permitió esclarecer cerca de 1.200 delitos. Asimismo, a nivel nacional existe un registro que hasta hace poco incorporaba sólo los datos de agresores sexuales y recientemente amplió su objeto para abarcar otros delitos.
Juan Martin recordó que en Bariloche funciona un laboratorio de genética forense que brinda apoyo en causas no sólo provinciales sino de toda la Patagonia Norte, por lo que consideró que «la Provincia tiene los recursos para avanzar en este registro que nos permitiría vivir más seguros».
