Agro
Pagaron la fruta por debajo del precio mínimo y deberán compensar en dólares al productor
Son casi 300.000 U$S.
El Juzgado Civil N° 1 de Roca condenó a una exportadora de manzanas y peras a pagar a una empresa productora la deferencia entre lo efectivamente liquidado por la fruta y el “piso” establecido por la Mesa de Contractualización Frutícola. La suma, definida mediante una pericia contable, es de 291.000 U$S a favor del productor.
La sentencia fue dictada el pasado 6 de septiembre y aún no se encuentra firme, puesto que puede ser apelada y eventualmente modificada por tribunales superiores.
La demanda fue impulsada por la firma Ejesa S.A. contra la exportadora Standard Fruit Argentina S.A., por una errónea liquidación de los saldos de los contratos de compraventa de manzanas y peras de las temporadas 2009 a 2012, los que totalizaban algo más de 3,5 millones de kilos de fruta.
El productor señaló en su demanda que “cumplió con todas las obligaciones a su cargo, entregando la fruta comprometida en calidad y cantidad” pero “cuando se efectuaron las liquidaciones advirtió que las sumas liquidadas arrojaban un valor por kilo de fruta sensiblemente inferior al precio mínimo promedio establecido por la Mesa de Contractualización Frutícola”. Sostuvo que en respuesta a sus reclamos extrajudiciales le indicaron que “lo abonado se ajustaba al contrato” y alegó que “el precio fijado por la compradora es injusto y un abuso de su posición dominante en el mercado”. Invocó, además, la regulación protectiva de las leyes provinciales de Transparencia y de Contractualización Frutícola.
Por su parte, Standard Fruit Argentina indicó en cuanto al valor de la fruta que ambas partes acordaron por contrato tomar un “precio referencial”. Sin embargo, el análisis de las cláusulas llevó a la jueza a advertir “la fijación de un precio referencial a la sola voluntad del comprador”.
La empresa alegó además no estar adherida al Régimen de Transparencia Frutícola “por lo que no son alcanzados por dichos beneficios”. En ese punto, consideró inconstitucionales e inaplicables al caso la Ley Provincial N° 3611 (de Transparencia Frutícola), la Ley Provincial N° 3993 (de Contractualización Frutícola, que crea la “Mesa de Contractualización” para la definición anual de costos y precios de la fruticultura), y las resoluciones de la Mesa.
Las leyes de Transparencia y Contractualización
La Ley N° 3611 estableció en 2002 un “régimen para la vinculación entre la producción, empaque, industria y comercialización de frutas en la Provincia de Río Negro, el cual tendrá por objeto dar certeza jurídica a la relación entre las partes y acompañar la variabilidad del negocio en forma ágil y transparente”.
“No se advierte motivo jurídico alguno para declarar la inconstitucionalidad de la mencionada ley, pues sólo aporta un control para las operaciones de comercialización de la fruticultura en la provincia”, definió la jueza en su fallo.
Por su parte, la Ley 3993 creó en 2005 la “Mesa de Contractualización Frutícola”, que define “anualmente los costos y precios” para la “producción, conservación, acondicionamiento e industrialización, así como las condiciones de pago y las cláusulas de ajuste de los valores” de la fruta de pepita y fija el precio mínimo de referencia de la fruta.
Ante el planteo de inconstitucionalidad de esa ley, la jueza respondió con lo ya resuelto por el Superior Tribunal de Justicia en 2014, en el expediente Nº 26673/13-STJ: “…no ha demostrado de qué manera la norma que ataca contraria a la Constitución Nación y/o Provincial, ni ha precisado y acreditado fehacientemente el perjuicio que le origina la integración de los contratos con el precio establecido mediante los mecanismos que la citada ley prevé”.
“Como una entidad dedicada a la comercialización y exportación de frutas, debe cumplir con las pautas fijadas por el Estado para el control de dicha comercialización, y esto es precisamente lo que hacen estas leyes, fijar el control estatal en la comercialización de frutas en la Provincia, como una manera de contralor frente a la diferencia de entidad de las partes intervinientes, esto es, productor y empacador o exportador”, recordó el fallo.
Según definió la jueza, las leyes mencionadas “vienen a suplir la posición dominante de estas empresas que, siendo los principales exportadores, dominan el mercado y son hasta reguladores del precio. Por ello, las leyes citadas condicionan las contrataciones a efectos de poner límite a los excesos que se pudieran cometer en la comercialización de frutas, dado la disparidad de las partes contratantes”.
Pericia contable
Ambas partes aceptaron en el juicio realizar una pericia que coteje los registros contables de cada empresas. El perito analizó los totales de venta de “fruta embalada” y “fruta de descarte” de los períodos 2009 a 2012. Según el precio mínimo de la “Mesa” que debía respetarse cada temporada, por la fruta embalada quedó un saldo de U$S 119.238 a favor del productor y por la fruta de descarte faltó pagar U$S 171.811, lo que totalizó U$S 291.049, que es el capital de la condena civil.
“Se entiende que la contienda de si el precio era el fijado por la empresa o el fijado por la Mesa de Contractualización Frutícola, al rechazarse la inconstitucionalidad de las leyes N° 3611 y N° 3993, es claro que el precio mínimo para los contratos de frutas era el fijado por dicho organismo”, aclaró la jueza en su fallo.
Agro
Impulsan una ley para recuperar chacras abandonadas y proteger la producción regional
El proyecto apunta a intervenir sobre tierras abandonadas para prevenir riesgos sanitarios y promover su vuelta a la actividad productiva.
La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén recibió al legislador provincial Lucas Pica para analizar una propuesta destinada a la recuperación productiva de chacras abandonadas y la protección sanitaria de las tierras irrigadas de la región.
El encuentro se desarrolló en el Centro de Gestión Productivo Patagónico y estuvo encabezado por el presidente de la Federación, Sebastián Hernández, junto al director de la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (Funbapa), Pablo De Azevedo. También participaron el secretario de Fruticultura de Río Negro, Facundo Fernández, y el presidente de la Cámara de Productores Agrícolas del Departamento Avellaneda, Juan Orlando Oller.
Durante la reunión se presentó una iniciativa impulsada por la Federación y las cámaras de productores para avanzar en un proyecto de ley que permita intervenir sobre chacras abandonadas, resguardar la sanidad regional y promover su reincorporación a la actividad productiva.
Según explicaron, la propuesta busca generar herramientas legales que permitan afrontar una problemática creciente en distintas zonas productivas, donde el abandono de tierras puede generar riesgos sanitarios y afectar la competitividad de la actividad frutihortícola.
Tras el encuentro, los funcionarios recorrieron las instalaciones del Centro de Gestión Productivo Patagónico, donde funciona el Centro de Emergencia del Adulto Frío (CEDAF), ejecutado por Funbapa, y también conocieron el trabajo que desarrolla el Programa de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos (PROCEM).
Las autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto entre los productores y los organismos sanitarios para preservar el estatus fitosanitario de la Patagonia y fortalecer una actividad considerada estratégica para las economías regionales.
Agro
Faena vacuna: Río Negro crece 7% y contrasta la caída nacional
La provincia superó las 38.900 cabezas procesadas.
Mientras la faena vacuna a nivel nacional se desplomó en el primer trimestre de 2026, en Río Negro creció un 7% y superó las 38.900 cabezas procesadas. Se consolida una dinámica propia en la ganadería, con más producción, empleo y mejores condiciones para el desarrollo del sector.
En un contexto internacional donde la carne vacuna alcanzó exportaciones por casi US$ 5.000 millones en 2025, impulsadas por mejores precios y mayor calidad de los cortes, la provincia se posiciona como un actor activo dentro de la cadena.
A nivel nacional, la faena cayó un 7,5% en el primer trimestre de 2026, pero en Río Negro se registró un incremento de unas 2.500 respecto al mismo período del año anterior.
«Este comportamiento diferencial no es aislado. Responde a una política sostenida de fortalecimiento del sector, con herramientas para el productor: financiamiento específico, incentivos para la inversión, seguridad jurídica y un esquema de acompañamiento que promueve el arraigo y la producción en origen», destacó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.
En ese marco, señaló que «Río Negro viene consolidando una política ganadera integral, que combina financiamiento, infraestructura y acompañamiento técnico. Eso permite que hoy tengamos una cadena activa, con productores que invierten, mejoran genética y encuentran canales de comercialización».
Por su parte, el secretario de Ganadería, Tabaré Bassi, remarcó que «este crecimiento del 7% no es azaroso: es el resultado de más de 15 años de trabajo sostenido en la ganadería provincial, que permitió sostener e incluso fortalecer la actividad mientras a nivel nacional la faena y el stock vienen en retroceso».
«La Provincia viene trabajando en la mejora genética de los rodeos, el desarrollo de infraestructura productiva y la integración de la cadena, desde la cría hasta la comercialización. Este proceso se refleja en hechos concretos: hace apenas una semana, Bariloche fue sede de su primer remate de hacienda en más de una década, marcando un hito para la región y abriendo nuevas oportunidades», agregó Tabaré Bassi.
En ese sentido, destacó que «tener un primer remate en Bariloche es una señal clara del trabajo que se viene haciendo. Hoy hay más producción, mejor calidad y productores que pueden acceder a mercados que antes no tenían”. Además, subrayó que “aun con tres años de sequía y cambios repentinos en las reglas del sector, los productores lograron adaptarse, sostener el stock y avanzar en el engorde y la recría dentro de la provincia».
El crecimiento de la actividad también se vincula con una agenda de desarrollo más amplia. Actualmente, organismos internacionales como el BID analizan proyectos de electrificación productiva en la provincia, con el objetivo de ampliar las áreas bajo riego y potenciar sistemas intensivos vinculados a la ganadería y la producción de alimentos.
En un escenario global que demanda cada vez más calidad y valor agregado -con mercados que premian cortes diferenciados y acuerdos comerciales que abren nuevas oportunidades- Río Negro avanza en la construcción de una ganadería moderna, integrada y con proyección.
La combinación de contexto internacional favorable y políticas públicas orientadas al desarrollo productivo posiciona a la provincia como un territorio donde la ganadería no solo se sostiene, sino que crece y se proyecta a futuro.
Agro
Mejoran el riego en el Alto Valle con nuevas obras
El DPA ejecuta intervenciones para optimizar canales y fortalecer la producción.
El Gobierno de Río Negro, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), avanza con un conjunto de obras estratégicas para mejorar el sistema de riego del Alto Valle, con intervenciones en General Roca, Ingeniero Huergo y J.J. Gómez.
Estas acciones apuntan a optimizar la infraestructura hídrica, mejorar la eficiencia en la distribución del agua y fortalecer el desarrollo productivo en una de las principales zonas agrícolas de la provincia.
Obras en el Canal Principal
En General Roca, se ejecutará la reconstrucción de taludes en un tramo del Canal Principal, donde se reemplazarán losas de hormigón deterioradas y se reconstruirá una vereda de servicio. Esta intervención permitirá recuperar la estabilidad estructural del canal y prevenir filtraciones.
Para esta obra, denominada Reconstrucción de taludes Canal Principal – Sistema de Riego Alto Valle, se presentaron dos oferentes: la empresa SUTERRA SRL, con una propuesta de $37.005.381, y Rutas del Valle SAS, que cotizó $45.567.390.
Además, en J.J. Gómez se llevarán adelante trabajos de revestimiento de taludes en sectores críticos donde el canal cruza sifones. Estas tareas, con un plazo de ejecución de 60 días, son fundamentales para reforzar la seguridad hidráulica y prolongar la vida útil de la infraestructura.
En este marco, para la obra en J.J. Gómez se presentaron dos oferentes en el proceso licitatorio: la empresa SUTERRA SRL., con una oferta de $73.253.547, y Rutas del Valle SAS, que cotizó $89.529.291.
Más capacidad y control del sistema
En la zona de Ingeniero Huergo y Mainqué, se construirá un nuevo descargador en el Canal Secundario VII, una obra para mejorar la capacidad de maniobra del sistema. Esta intervención permitirá regular mejor los caudales y optimizar la operación del riego en unas 1.800 hectáreas productivas.
El proyecto incluye la ejecución de una estructura de descarga, alcantarillas y obras complementarias que conectarán el canal con el río Negro, brindando mayor flexibilidad al sistema. El plazo de ejecución previsto es de 105 días.
Mejoras en canales terciarios
También en Ingeniero Huergo, se completará el revestimiento de un tramo pendiente del Canal Terciario III, con una extensión de 92 metros. Esta obra permitirá impermeabilizar el canal, reducir pérdidas de agua y mejorar el abastecimiento para unas 400 hectáreas productivas.
Los trabajos incluyen excavación, perfilado y revestimiento en hormigón armado, con un plazo de ejecución de 105 días. Se presentó solo un oferente, Retropalas SRL que cotizó $165.515.831.
