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Política

Concejales de Juntos piden revisar nuevamente la ordenanza de estacionamiento

La oposición considera que es dudosa e inconstitucional.

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El bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro (JSRN) solicitó que se vuelva a debatir la ordenanza que regula el estacionamiento medido por considerar que su legalidad «es dudosa, porque saca de la esfera del Legislativo varias potestades que le son propias, y las transfiere al Poder Ejecutivo, como fijar el valor del canon y las calles comprendidas en el sistema».

A pesar que la norma fue aprobada el 14 de abril pasado y entró en vigencia el 3 de agosto, los concejales de la oposición quieren volver a tratar y debatir el texto en comisión de Gobierno, para revisar los artículos de la norma que presentan «sesgos de inconstitucionalidad», indicaron.

Ya presentaron notas al presidente del Concejo Deliberante, Juan Garabito y a la concejal del Frente de Todos (FdT), Verónica Paniceres, presidenta de la comisión de Gobierno, para solicitar el debate. En su pedido, los ediles Gustavo Maida, Graciela Leiva y Gabriel Arto expresan que tuvieron en cuenta para esta solicitud, la información obtenida a través de una consulta legal, así como un informe del contador Jorge Benítez, representante de Juntos en el Tribunal de Cuentas.

Las objeciones, ya manifestadas el 14 de abril cuando se trató la ordenanza, se basan especialmente en que la misma otorga al Poder Ejecutivo Municipal facultades que son propias del Deliberante, tal como establece la Carta Orgánica Municipal (COM), e incluso la Constitución Nacional.

La ordenanza, como fue sancionada, dejó librada al Ejecutivo, en este caso a la intendenta María Emilia Soria, la determinación del valor del estacionamiento así como el bono mensual y las calles sobre las que rige el sistema, «lo que hace que la norma pueda ser calificada como inconstitucional».

Esto se debe a que no se siguieron los pasos que determina la Carta Orgánica Municipal (COM), en su artículo 24, inciso 5, respecto de las Atribuciones y Deberes del Poder Ejecutivo. Allí se establece que el Ejecutivo debe «promulgar, reglamentar sin alterar su espíritu y publicar, las ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y ordenar su cumplimiento y fiscalización por quien corresponda».

Pero, la ordenanza 4908 otorga esa facultad al Ejecutivo, indicando en su artículo N° 2, que la intendenta quien deberá determinar mediante resolución las arterias que estarán afectadas al sistema de Estacionamiento Medido y Pago, los días y horarios, y establecer la tarifa.

Ante esta situación, los ediles de Juntos consideraron que esto «traería una judicialización innecesaria en un tema sencillo de resolver y que atentaría contra la solidez del Sistema de Estacionamiento Medido».

«Es clara la COM en su Artículo 39, inciso 8, en donde establece como atribución de este Concejo, fijar los impuestos, tasas, contribuciones de mejoras y todo otro tipo de tributos, de conformidad a esta Carta y sancionar la Ordenanza Impositiva General; y está quizás en el significado de la palabra fijar (poner fija en un lugar una cosa, hacer fija o estable una cosa), la clave de este confuso proceso», indicaron los concejales y agregaron que «aquí el Concejo no fijó, lo dejó sujeto a la variación que realice el Ejecutivo a través de sus resoluciones, lo cual constituye un claro agravio de Nuestra carta Orgánica como así también un exceso de los deberes del Poder Ejecutivo», finalizaron.

Política

Pesatti cargó contra el gobierno nacional y pide que no cierren las sucursales del Correo Argentino

«En la mayoría de los casos hay uno o dos trabajadores y suele ser el único lugar que tienen los jubilados para percibir sus haberes», aseguró el vicegobernador.

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Ante el inminente cierre de al menos 7 sucursales del Correo Argentino en diferentes localidades de la provincia de Río Negro, el vicegobernador Pedro Pesatti salió al cruce del gobierno nacional y los acusó de querer «desmantelar el Estado, borrarlo del mapa si es posible».

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Pesatti sostuvo que «en mi provincia el gobierno de (Javier) Milei está eliminando sucursales del Correo Argentino. Sierra Grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Huergo, Barda del Medio y Chimpay serán las primeras localidades afectadas».

En este sentido, el vicegobernador indicó que «le pido públicamente a los diputados nacionales de La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello y Lorena Villaverde que, en su doble responsabilidad que tienen como parlamentarios de Río Negro y representantes de la fuerza política que gobierna el país, intervengan ya mismo para parar la motosierra sobre las dependencias del Correo Argentino en el ámbito de nuestra provincia».

«El Correo es la única institución de su tipo en las localidades más pequeñas de Río Negro. En la mayoría de los casos hay uno o dos trabajadores a cargo de las sucursales y suele ser el único lugar que tienen los jubilados para percibir sus haberes«, agregó.

«El cierre de las sucursales del Correo pone de manifiesto que estamos frente a un gobierno que busca desmantelar el estado, borrarlo del mapa si es posible, y que las reformas que el estado necesita para un mejor desenvolvimiento son un mero argumento que el gobierno usa para ocultar su verdadero propósito: anarquizar el país para generar un enfrentamiento de todos contra todos en beneficio de los que aspiran a saquear sus recursos naturales estratégicos», concluyó Pesatti.

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Política

El Gobierno rionegrino acentuó los controles de ausentismo de trabajadores estatales

Entre marzo y abril hubo 20 cesantías, 1 exoneración, 41 suspensiones y 3 apercibimientos.

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En el marco de la construcción de un Estado más ágil y organizado, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de mejorar el trabajo coordinado entre los trabajadores, los funcionarios y el gobierno. Con el propósito de lograr este objetivo, la Provincia acentuó los controles en estos últimos dos meses respecto a faltas de distinta índole del personal estatal.

Según detalló Weretilneck en muchos casos se debió a «abandono de servicio, causas penales, faltas graves como agresiones a niños o personas mayores en hogares dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano y de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia. En otros casos, por ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias y agresiones o conflictos entre compañeros».

«Necesitamos un Estado eficiente para ofrecer mejores servicios y en eso el desempeño de las y los agentes públicos es esencial. Lograr un Estado con más productividad, agilidad, presentismo, multifunción e incorporación de nuevas tecnologías, son nuestros objetivos», expresó el gobernador.

A través de la Junta de Disciplina se viene fortaleciendo el control del ausentismo y el ordenamiento del Estado. En el período marzo-abril de este año hubo 20 cesantías, 1 exoneración, 25 suspensiones de 1 a 10 días, 10 suspensiones de 11 a 20 días, 6 suspensiones de 21 a 30 días y 3 apercibimientos.

Las suspensiones se deben a ausencias reiteradas, incumplimiento de funciones propias (negarse hacer derivaciones, retirarse sin autorización de turnos de guardias), agresiones o conflictos entre compañeros.

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Política

La Justicia Federal admitió un recurso de amparo para garantizar fondos universitarios

La finalidad es garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria.

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La Justicia Federal admitió un recurso de amparo presentado por la estudiante de la Universidad Nacional del Comahue y presidenta de la Federación Universitaria del Comahue, Rocío Dellarriva, junto al legislador provincial Luciano Delgado Sempé y con el respaldo del bloque Vamos con Todos.

La acción judicial tiene como objetivo exigir al gobierno nacional, a través de la Secretaría de Educación, el envío inmediato de los fondos necesarios a las universidades nacionales. La finalidad es garantizar el derecho fundamental a la educación universitaria, asegurando que los alumnos y sus familias no enfrenten obstáculos financieros para acceder a la educación superior.

«Tanto estudiantes como sus familias realizan un esfuerzo significativo para permitir que los jóvenes puedan continuar sus estudios universitarios. Esta acción legal busca proteger y promover ese derecho esencial, asegurando que las instituciones educativas cuenten con los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado», indicó el legislador Delgado Sempé. «Los estudiantes universitarios y sus familias merecen certidumbre y apoyo del Estado. Estamos comprometidos a defender este derecho fundamental», agregó.

Por su parte, Dellarriva sostuvo que «es fundamental que se asegure la continuidad de la educación superior como un derecho accesible para todos, sin importar el contexto político. Este recurso de amparo es un paso importante en esa dirección».

El caso está ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar y pronunciarse sobre este recurso de amparo para garantizar los fondos necesarios que permitan mantener y fortalecer el sistema educativo universitario en Argentina.

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