Una firma dedicada a la construcción en seco deberá restituir el valor de una camioneta recibida como parte de pago y abonar sumas por daño moral, daño emergente y daño punitivo, tras no haber cumplido con un contrato para la edificación de una vivienda. Así lo dispuso una sentencia dictada en Cipolletti, luego de que la empresa no compareciera al proceso y quedara declarada en rebeldía.

Según consta en el expediente, las partes firmaron el contrato en marzo de 2023. La empresa se comprometió a construir una casa de 36 metros cuadrados mediante sistema Steel Framing, con plazo de entrega previsto para julio del mismo año. A cambio, el ciudadano entregó una camioneta como parte del pago y se comprometió a transferir el saldo restante al finalizar la obra.

La obra nunca comenzó. Durante varios meses, el damnificado realizó numerosos reclamos a la empresa, pero no obtuvo respuestas concretas. En septiembre de ese año envió una carta documento exigiendo el inicio de los trabajos, bajo apercibimiento de resolver el contrato. La firma no respondió la intimación ni inició la construcción. El terreno permaneció vacío, según constató un acta labrada por un oficial de justicia.

Ante esa situación, la persona afectada presentó una demanda solicitando la resolución del contrato, la devolución del valor del vehículo y el reconocimiento de distintos rubros indemnizatorios. El tribunal analizó el caso en el marco de una relación de consumo, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor y al Código Civil y Comercial.

La sentencia reconoció la procedencia de la resolución contractual y, con ello, la obligación de restituir las prestaciones. En ese sentido, ordenó a la empresa abonar más de 21 millones de pesos en concepto del valor estimado del vehículo más los intereses devengados desde la firma del contrato.

Además, el fallo reconoció un monto cercano a 1,1 millones de pesos en concepto de daño emergente, por los alquileres que la persona afectada debió afrontar durante el período en que esperaba la entrega de la vivienda. Ese monto se calculó desde la fecha en que venció el plazo de obra hasta la presentación de la demanda.

El Tribunal también admitió el reclamo por daño moral. Tuvo en cuenta los testimonios incorporados al expediente, que describieron el malestar emocional, la frustración y la angustia que atravesó la persona afectada, quien entregó su único medio de transporte con la expectativa de acceder a su primera vivienda. La indemnización por este concepto se fijó en 1,15 millones de pesos, incluyendo intereses.

Finalmente, la jueza impuso una multa civil en concepto de daño punitivo. Consideró que la empresa actuó con total desinterés por los derechos del consumidor, incumplió su compromiso contractual sin brindar explicaciones ni ofrecer soluciones y omitió responder incluso durante el proceso judicial. Por esa conducta, estableció una sanción de 3 millones de pesos, a pagar a favor de la persona damnificada.

La sociedad demandada fue Grupo Steel Patagónico y deberá abonar más de 26,6 millones de pesos. La sentencia no está firme porque es de primera instancia y puede ser apelada.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, expresó su fuerte preocupación por la reciente decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad. Calificó esta política como un «acto de abandono» y una señal clara de «falta de mirada federal».

«Cerrar Vialidad Nacional es un acto de desidia y de abandono», expresó Gatti, en el marco de un contexto donde Río Negro ya había presentado una acción de amparo colectivo por el estado de abandono de la Ruta Nacional N° 151.

Respecto al enfoque actual del Gobierno Nacional en torno a la obra pública, el ministro reconoció que existe una postura crítica ligada a antecedentes judiciales, pero remarcó que «aunque se planteó que la obra puede ser llevada adelante con inversión privada, hoy no se ejecuta ni con fondos públicos ni privados». En este sentido, advirtió que «abandonar obras implica pagar el doble después. El mantenimiento de un kilómetro de ruta ronda los 300.000 a 400.000 dólares, mientras que su reconstrucción cuesta alrededor de 700.000″.

«Lo que pedimos es que se haga una cosa o la otra: inversión estatal o privada. Lo que no se puede aceptar es que no se haga ninguna. Y si la Nación no va a hacerse cargo, que transfiera la jurisdicción a la Provincia junto con los fondos correspondientes del impuesto a los combustibles», agregó.

El funcionario también recordó que todos los gobernadores del país reclamaron la transferencia de esos recursos, destinados por ley a infraestructura vial. «En Río Negro sabemos lo que significa tener equilibrio fiscal, como promueve el gobierno nacional, pero no puede ser a costa de las provincias. Están reteniendo fondos que aportamos todos», sostuvo.

En relación a la importancia de Vaca Muerta, Gatti subrayó la necesidad de contar con rutas clave en condiciones. «Con un 55% de pobreza, poner en valor este polo productivo requiere infraestructura vial como la Ruta N° 151 y la Ruta Nacional N° 22, que hoy no están a la altura de su potencial».

Sobre los cambios en organismos técnicos como el INTA y el INTI, destacó que su debilitamiento impactará directamente en actividades productivas fundamentales para la provincia: fruticultura en el Alto Valle, ganadería en la región Sur, fruta fina en la Comarca Andina y turismo en toda la región cordillerana y atlántica. «Si el gobierno busca optimizar estructuras, está bien. Pero no puede hacerlo desconociendo la realidad productiva de cada territorio», expresó.

Para finalizar, Gatti fue tajante. «Cerrar organismos sin consultar, sin diálogo, es gobernar con una mirada centralista. No se está respetando el federalismo ni se escucha a las provincias. Eso nos deja completamente solos ante el abandono», concluyó.

Los móviles policiales entregados recientemente por el Gobierno de Río Negro ya se encuentran operativos en las distintas unidades de la Policía. La distribución, planificada estratégicamente, tiene como objetivo fortalecer la presencia territorial de la fuerza y optimizar la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones que requieran intervención inmediata.

Recientemente, en un acto encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck, se concretó la entrega de patrulleros Fiat Cronos, como parte de un plan integral de modernización y ampliación del parque automotor destinado a las tareas de seguridad.

Las unidades fueron destinadas a localidades de toda la provincia, entre ellas Viedma, Puerto San Antonio Este, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Valcheta, Playas Doradas, General Roca, Chichinales, Villa Regina, Cervantes, Mainqué, Allen, Pilcaniyeu, San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, Choele Choel, Chimpay, Luis Beltrán, Belisle,Darwin, Lamarque, Cinco Saltos, Fernández Oro, Cipolletti, Catriel, Jacobacci, Sierra Colorada y Los Menucos.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, en articulación con la Jefatura de la Policía, se continúa trabajando de forma coordinada «para garantizar que los recursos lleguen de manera equitativa a cada región, atendiendo las necesidades operativas de cada unidad», destacaron.