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Subcomisario condenado por desmantelar un auto secuestrado fue cesanteado: inició juicio pero lo perdió

Había sido condenado por haber desmantelado un Peugeot 504 que estaba secuestrado en un destacamento del Lago Pellegrini.

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Un fallo rechazó el pedido de un ex subcomisario para ser reincorporado a la fuerza. El ex uniformado había sido condenado por haber desmantelado un Peugeot 504 que estaba secuestrado en un destacamento del Lago Pellegrini.

Tras una denuncia penal, mediante juicio abreviado, fue condenado en Cipolletti a dos años de prisión en suspenso. Estando firme esa condena siguió cumpliendo tareas como subcomisario durante un año y medio más. Finalmente, terminado el sumario interno, fue declarado cesante de la Policía de Río Negro.

Contra esa cesantía el hombre realizó la demanda judicial. El punto central que argumentó es que recibió una condena de ejecución condicional, sin inhabilitación para ejercer cargos públicos. Entonces, según su criterio, la Policía no podría apartarlo de sus filas. También invocó que la Resolución de la Policía no respetó los principios de “razonabilidad y proporcionalidad” que debe cumplir todo acto administrativo y, en particular, en materia disciplinaria.

Al contestar la demanda, la Fiscalía de Estado justificó la sanción. Recordó que la cesantía fue la conclusión de un sumario iniciado en la Comisaría de Cinco Saltos, cuando al subcomisario se le atribuyó haber desmantelado un auto que estaba secuestrado y en custodia en esa dependencia por orden de un Juzgado Nacional de Primera Instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recalcó que él mismo reconoció el delito cometido en el juicio penal abreviado y argumentó que la cesantía es el resultado del “ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la Administración”, tras la correcta sustanciación del sumario interno.

El fallo

La Cámara Laboral de Viedma enmarcó el caso: “en primer lugar debe advertirse que el actor ha reconocido expresamente y reiteradamente los hechos por los que fuera condenado penalmente y no ha negado la existencia del expediente administrativo y sustanciación del sumario seguido en su contra, ni ha planteado que en su procedimiento no se cumplimentara el debido proceso o se viera impedido del ejercicio de su derecho de defensa”.

Respecto de las facultades de la Policía para fijar sanciones administrativas más allá de la condena penal, la sentencia explicó que “dentro de tales facultades de la Administración, el ejercicio de la potestad disciplinaria es una de ellas”. Señaló que para eso, la Administración tiene facultades para valorar “las conductas merecedoras de sanción, con el adecuado respeto a los principios de legalidad y debido proceso”.

Sobre la objeción de “cosa juzgada” que realizó el ex subcomisiario -ya que la sentencia penal no incluía la inhabilitación-, los jueces labores concluyeron que “del hecho de que una conducta haya sido sancionada penalmente no se sigue que pueda ser también objeto de sanción disciplinaria, pues lo que en dicho ámbito se persigue es la regularidad del servicio de seguridad que presta la Policía, a cuyo fin resultan sancionables las conductas de sus integrantes que no se ajustan a tales fines”.

Por eso, “aunque no se hubiera aplicado sanción de Inhabilitación, -como pena accesoria en materia penal-, no se deriva que la Administración se viera limitada o condicionada en modo alguno a decretar la cesantía del actor”, expresaron.

Finalmente, el fallo abordó el reclamo del ex policía “en cuanto a la posibilidad de aplicar una sanción menor (suspensión)”. En este punto, la Cámara Laboral expresó que “su fijación y graduación entra dentro de la esfera de discrecionalidad de la Administración, sin que corresponda a la jurisdicción suplir la voluntad de dicho poder”.

De esta manera, “la sanción impuesta al actor luce legítima, adecuada a la falta cometida. En efecto, de las constancias del expediente administrativo relacionado se desprende que efectivamente se probó la participación responsable del subcomisario en los hechos atribuidos, y que encuadran en faltas de naturaleza gravísima”.

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Subieron los divorcios en Río Negro: El último año hubo 1.529 sentencias que pusieron fin a un matrimonio

En 2023 se registraron más de 300 divorcios que el 2022.

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Los 16 organismos del fuero de Familia de Río Negro dictaron 1.529 sentencias de divorcio el último año. En comparación, en 2022 hubo 1.204 fallos que pusieron fin a un matrimonio. Este tipo de trámites se canaliza en los juzgados de Familia, Unidades Procesales y juzgados Multifueros.

La disolución del matrimonio está contemplada en el Capítulo 8, artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación. El divorcio, que debe ser declarado judicialmente, es una de las causas que pone fin al matrimonio. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez o jueza de conformidad con el procedimiento previsto en la ley.

En 2020, que fue el año de la pandemia, se firmaron 910 divorcios. En ese momento se registró una baja en las disoluciones matrimoniales. En comparación, en 2020 se registraron 476 divorcios menos que en 2019.

Mientras que en 2021 el número volvió a subir: hubo 1.333 divorcios. En 2022, en cambio, se contabilizaron 1.204, es decir que bajaron en relación al periodo anterior. En 2023 subieron nuevamente a 1.529 sentencias.

En tanto en 2019 hubo 1.386 divorcios, en 2018 se contabilizaron 1.426, en 2017 1.395, en 2016 1.400, en 2015 903 y en 2014 1.078 disoluciones matrimoniales.

El fuero de Familia posee 16 organismos para atender la conflictividad de toda la provincia. Pero en esta temática solo se consignan los divorcios ya que los matrimonios se realizan ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas.

En Viedma funcionan tres unidades procesales, en San Antonio un Juzgado Multifueros, otras tres unidades procesales en Roca, un Juzgado de Familia en Villa Regina y otro en Luis Beltrán, tres unidades procesales en Bariloche, un juzgado Multifueros en El Bolsón y otras tres unidades procesales en Cipolletti.

La información surge del informe estadístico del Centro de Planificación Estratégica que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

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Condena a empresa que le dio dos días a su empleada para mudarse de ciudad si quería mantener el trabajo

La firma médica cerró una sucursal en Bariloche y le exigió a la trabajadora que se traslade de manera urgente al Valle.

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Una empresa dedicada a brindar servicios relacionados a la salud deberá indemnizar a una profesional instrumentadora quirúrgica por despido arbitrario y sin causa. De manera intempestiva, la empresa le comunicó a la trabajadora su traslado laboral desde Bariloche a una ciudad del Alto Valle.

La profesional asistía a médicos de distintos centros asistenciales en cirugías. Previo a esta labor, también tenía la responsabilidad de realizar la logística del retiro de las cajas de instrumental que le eran enviadas desde Cipolletti, sede central de la empresa.

Más adelante, la empresa le comunicó que la sucursal de Bariloche iba a cerrar, por lo que debía presentarse a trabajar en la sede central de Cipolletti en el plazo de 48 horas. Esta situación fue considerada por la trabajadora en un acto abusivo del poder o facultad que a la empresa le asistía. Envió notificaciones al respecto.

La empresa demandada negó los hechos invocados por la instrumentadora y alegó que intimó a la trabajadora a presentarse a trabajar en la ciudad de Cipolletti en aras de continuar la relación laboral. Aludió a la situación económica para cerrar la oficina en Bariloche. Luego, la despidió por abandono de trabajo.

Fundamentos del fallo

La Cámara Segunda del Trabajo concluyó que «estamos ante un despido que se puede calificar de arbitrario y sin causa, ello en tanto no se dan los requisitos para considerar configurado y ajustado a derecho el abandono de trabajo invocado por la empresa».

El testimonio de los profesionales médicos con los que trabajó la instrumentista fue uno de los elementos valorados por el Tribunal.

Del reclamo efectuado prosperaron los rubros en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, sueldo anual complementario, días trabajados, integración mes de despido y su SAC proporcional.

Además, la multa prevista en la legislación laboral, toda vez que FM Medical obligó de manera injustificada a la trabajadora a litigar hasta esta instancia a los fines de obtener el reconocimiento de sus derechos.

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Un hombre con pedido de captura fue detenido en Roca

El sujeto, de 37 años, estaba en falta por una causa del Juzgado de Ejecución Penal N° 10.

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Durante recorridas de prevención por la ciudad de General Roca, efectivos de la Comisaría 31° de la Policía de Río Negro lograron detener a un hombre que tenía pedido de captura vigente.

El hecho tuvo lugar ayer (10/04) a las 20.30 sobre la calle Epifanio, donde un hombre de 37 años fue identificado y tras cotejar los datos, se constató que presentaba el requerimiento solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal Nº 10 de Roca.

Ante esta situación, se procedió a la demora y traslado del individuo a la unidad policial. Paralelamente se dio conocimiento a la Fiscalía en turno, que determinó los pasos a seguir.

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