Judiciales
Su pareja debía millones al banco, ella no sabía y le salió de garante: El contrato es nulo
El banco demandó a la mujer por una deuda millonaria en pesos y dólares. Tuvo que ir a la Justicia.
Una mujer firmó como garante principal por las deudas bancarias de su pareja, sin saber que el hombre estaba a un paso de la quiebra y sin ser informada por el banco sobre los graves alcances que tenía ese contrato de fianza. Como el hombre finalmente no pagó, el banco demandó a la mujer por una deuda millonaria en pesos y dólares.
Pero la demanda fue rechazada por la jueza Civil de Primera Instancia de Choele Choel, quien declaró nula la fianza. Esa decisión fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de Roca y ahora el STJ confirmó el fallo, al rechazar un recurso de queja de la entidad bancaria.
La sentencia de Cámara advirtió que la mujer había sido víctima de violencia económica y patrimonial por parte del hombre y destacó, además, que el banco violó sus deberes de información y buena fe al momento de admitirla como garante.
Por su parte, el Superior Tribunal de Justicia concluyó que el banco, en su recurso de queja, no logró demostrar un caso de “arbitrariedad” o “absurdo” en la decisión de la Cámara. “La casación por absurdo y/o arbitrariedad constituye un remedio último y excepcional, de interpretación restrictiva, justificado únicamente en casos extremos”, indicó el STJ. Además, señaló que el fallo apelado superó el “control de legalidad” en las instancias recursivas.
Cuando la Cámara confirmó la nulidad de la garantía y del embargo que pesaba sobre los bienes de la mujer, aclaró que la decisión no derivaba de la Ley de Defensa del Consumidor, porque no es aplicable al caso. El fundamento central fue que el contrato no superó “el tamiz de una contratación de buena fe, razonable y no abusiva” que impone el Código Civil como principio general para todos los negocios.
El fallo recordó que la mujer puso todos sus bienes materiales en garantía cuando el hombre estaba al borde de la quiebra. Esa fianza bancaria le permitió al hombre tomar nuevos créditos y posiblemente refinanciar sus deudas.
Se acreditó que el hombre “nada le informó a su pareja acerca de la compleja situación que atravesaba y menos aun el banco ha acreditado haber informado mínimamente a la demandada la situación que estaba afianzando y los riesgos que corría al hacerlo”. Tampoco se le informó a la mujer de su derecho a revocar la fianza en cualquier momento.
Finalmente, se analizó que la garantía que firmó la mujer era muy amplia, de monto indeterminado y alcanzaba la totalidad de las deudas que asumiera en el futuro el empresario con el banco. “Debemos analizar si tal contratación supera el tamiz de una contratación de buena fe, razonable y no abusiva”, porque el banco “debió obrar con suma diligencia y prudencia, no pudiendo desconocer la compleja situación por la que atravesaba su deudor ni ignorar el absoluto desconocimiento que poseía la accionada acerca del contenido ruinoso de la garantía que estaba firmando, la que comprometía excesivamente su escaso patrimonio”.
El fallo de la Cámara concluyó que la fianza “carece de validez” por la falta de información previa a la garante, por no haberle brindado “asesoramiento respecto de los eventuales riesgos” y por haber incurrido el banco en un obrar “culposo, a más de abusivo y atentatorio contra la buena fe”.
Judiciales
Identificaron al joven que fue asesinado a tiros en la zona oeste de Roca
La investigación busca determinar cómo ocurrió el crimen, identificar a los responsables y localizar las armas que habrían sido utilizadas.
Un joven de 19 años fue asesinado durante la noche del jueves (14/08) en la zona oeste de General Roca, luego de recibir múltiples disparos de arma de fuego. La víctima fue identificada como Diego Nicolás Gutierrez, quien murió como consecuencia de las heridas provocadas durante el ataque.
El hecho ocurrió dentro de la jurisdicción de la Comisaría 47° y es investigado por el Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación de la fiscal Verónica Villarruel.
En la escena trabajaron integrantes de la Fiscalía de Turno, el Gabinete de Criminalística, la Unidad Operativa del Ministerio Público, la Policía de Río Negro y la Brigada de Investigaciones.
El cuerpo del joven fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca, donde profesionales médicos realizarán la autopsia para determinar con precisión la causa y las circunstancias del fallecimiento.
Mientras tanto, los investigadores continúan con distintas diligencias para reconstruir lo ocurrido, identificar a los responsables del homicidio y avanzar en la búsqueda de las armas utilizadas en el ataque.
Judiciales
Acusan a un hombre de enviar mensajes y audios sexuales a una adolescente
La Fiscalía sostuvo que el imputado contactó a la víctima entre julio y agosto de 2025 y le envió mensajes y audios de contenido sexual, sabiendo que era menor de edad.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre por el delito de acoso sexual infantil, en una causa en la que se investiga el contacto que habría mantenido con una adolescente a través de WhatsApp y el envío de mensajes y audios de contenido sexual.
La audiencia se realizó este viernes (14/08) en el Foro Penal de General Roca. La fiscal adjunta Daniela Espinoza Sagredo detalló que los hechos investigados ocurrieron entre julio y agosto de 2025.
Según la acusación, el hombre se comunicó con la adolescente mediante WhatsApp y le envió mensajes y audios de contenido sexual, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad. La calificación legal propuesta es acoso sexual infantil en carácter de autor.
La investigación comenzó luego de que la madre de la joven escuchara a su hija hablar por teléfono con una persona desconocida, a quien le brindaba información sobre sus rutinas y horarios. Ante esta situación, la mujer realizó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales.
Como principal evidencia, la Fiscalía presentó un informe técnico de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones. El análisis de los teléfonos del imputado y de la víctima permitió identificar más de 1.000 páginas de registros, conversaciones y archivos de audio que sustentan la acusación.
El legajo también incorpora el acta del allanamiento realizado en la vivienda del imputado, en Cipolletti, y un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. Este último documento explicó las razones técnicas por las cuales no fue posible realizar una entrevista en Cámara Gesell a la adolescente. Además, se anexó como prueba el Certificado Único de Discapacidad de la menor.
Durante la audiencia, la defensa del acusado, a cargo del abogado Pablo Barrionuevo, no presentó objeciones formales a la imputación, aunque señaló que discutirá la interpretación que la Fiscalía realiza de los mensajes. El imputado, por su parte, hizo uso de su derecho constitucional y optó por no declarar.
Tras escuchar a las partes, el juez de Garantías Gustavo Quelín dio por iniciada la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
¿Qué es el grooming?
El grooming es una forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el entorno digital, mediante la cual una persona adulta establece contacto con fines sexuales a través de medios tecnológicos, utilizando estrategias de engaño, manipulación y sometimiento emocional.
En Argentina, el delito de grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal y contempla una pena de prisión de seis meses a cuatro años.
Judiciales
Negó ser el padre, murió durante el juicio y una prueba de ADN confirmó la paternidad
Antes de su fallecimiento, los progenitores habían firmado un acuerdo sobre distintos aspectos, entre ellos el nombre con el que quedaría inscripta la niña.
La búsqueda de una madre por la identidad de su hija comenzó con una respuesta negativa. Cuando la niña tenía cuatro meses, la mujer le comunicó al hombre con quien había mantenido una relación que era el padre. Él rechazó esa posibilidad. Le dijo que tenía un problema orgánico que le impedía tener hijos. Con ese argumento, no asumió la paternidad.
Frente a esa negativa, la mujer inició un recorrido para que su hija tuviera reconocida su identidad y su vínculo paterno. Recurrió al Poder Judicial y, en representación de la niña, promovió una acción de filiación. De esta manera, el fuero de Familia de Villa Regina ordenó una prueba genética para determinar si existía el vínculo biológico.
Antes de que el proceso llegara a una sentencia, el hombre falleció. La mujer informó su muerte en y presentó el acta de defunción. También acompañó un acuerdo que ambos habían firmado unos meses antes. Allí habían establecido, entre otras cuestiones, el nombre con el cual quedaría inscripta la niña.
Durante el trámite judicial se ordenó una extracción de muestras y el análisis molecular de ADN. La pericia del Laboratorio Regional de Genética Forense del Poder Judicial de Río Negro determinó una probabilidad de vínculo biológico de paternidad superior al 99,99998 por ciento. El resultado no recibió objeciones de las partes.
El fallecimiento del hombre no impidió que el expediente continuara. Se suspendió la tramitación y se citó a sus herederos. Luego se ordenó la publicación de edictos y, ante la eventual existencia de sucesores, se designó un Defensor de Ausentes. La Defensoría Oficial asumió esa representación. Antes de la sentencia, el Defensor de Menores e Incapaces dictaminó que correspondía hacer lugar a la acción de filiación.
Con la prueba genética como elemento central, el fuero de Familia tuvo por acreditado que el hombre era el progenitor biológico de la niña. La sentencia destacó el valor de este tipo de estudios para establecer la denominada verdad biológica y señaló que el resultado obtenido aportaba una certeza casi absoluta sobre la paternidad.
El fallo también hizo lugar a la incorporación del apellido paterno. De acuerdo con lo que los progenitores habían pactado antes del fallecimiento del hombre, la niña llevará un apellido compuesto, primero el materno y luego el paterno.
La jueza ordenó librar oficio y testimonio al Registro Civil para que se modifique la inscripción correspondiente y dispuso que las costas del proceso sean soportadas en el orden causado.
