Política
Weretilneck denunció a médicos por falsificación de certificados y defraudación
Se suman a la profesional de Roca y otro médico que ya habían sido denunciados. Durante el fin de semana de Semana Santa se registraron más de 50 inasistencias en un mismo organismo público.
En el marco del proceso de control del ausentismo estatal, el Gobierno detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales para justificar ausencias injustificadas. El caso más destacado involucra a una médica que emitió más de 300 certificados falsos. También se detectaron numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.
«Vamos a ser implacables. Días atrás denuncié a dos médicos del Alto Valle y vamos a seguir esta causa hasta que pierdan su matrícula profesional. Y no son los únicos; hay otros 20 médicos en la provincia involucrados en prácticas similares, justificando acciones que están fuera de la ley. Vamos a denunciar a todos los médicos que perjudican al Estado con este tipo de prácticas ilegales», anunció el gobernador Alberto Weretilneck a través de un video difundido este lunes en sus redes sociales.
Con el patrocinio del Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, el gobernador presentó días atrás una denuncia formal contra dos médicos del Alto Valle. La acción busca investigar la posible comisión de delitos de falsificación de certificados médicos y estafa contra la administración pública provincial.
La denuncia se origina en preocupaciones por el alto nivel de ausentismo registrado en la zona. Investigaciones internas revelaron una gran cantidad de certificados médicos, todos ellos firmados por los dos médicos implicados. La similitud entre los certificados y la extensión de las licencias otorgadas despertaron sospechas, llevando a la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. La Provincia de Río Negro se ha constituido como querellante en este caso.
Los delitos que se investigan son «fraude en perjuicio de la administración pública» (art. 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (art. 54 CP) con «Expedición de certificado médico falso» (art. 295 del CP).
La administración pública provincial enfrenta un nivel de ausentismo laboral irrazonable, lo que ha motivado investigaciones internas para determinar sus causas reales. Un número significativo de empleados públicos presentó certificados médicos que, según la denuncia, podrían estar falsificados, justificando ausencias con licencias remuneradas basadas en patologías difíciles de comprobar.
Los certificados frecuentemente diagnosticaban trastornos de ansiedad en diversos grados, trastornos ansioso-depresivos reactivos y trastornos por estrés postraumático, con diagnósticos similares y renovaciones de licencias temporales que terminaban extendiéndose por más de un año sin detallar la progresión de la enfermedad.
En el caso de la médica denunciada de General Roca, se encontraron indicios de que había extendido certificados con falsedades ideológicas sin haber revisado a los pacientes. En el periodo investigado, la profesional emitió al menos 320 certificados médicos en varias regionales.
Durante el fin de semana de Semana Santa, del 27 de marzo al 2 de abril, se registraron más de 50 inasistencias en un organismo público, muchas de ellas justificadas con certificados emitidos por la médica denunciada. Este patrón se repitió en otros eventos.
Estas prácticas provocan graves perjuicios económicos y operativos a la administración pública. Se pagan haberes a empleados que no prestaron servicios y no tenían justificación legítima para licencias remuneradas. Además, las ausencias injustificadas generan trastornos funcionales, obligando a mayores gastos para cubrir dichas inasistencias mediante suplencias, horas extras u contratación adicional de personal.
Con los antecedentes aportados, se ha solicitado el inicio de una investigación, incluyendo el allanamiento de los consultorios de los médicos investigados y otras diligencias probatorias. Esta denuncia subraya la necesidad de proteger la integridad del sistema de licencias médicas y garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública en la provincia de Río Negro.
Política
Aguiar y Grabois evalúan una lista conjunta para las elecciones nacionales en Río Negro
Los dirigentes avanzaron en un preacuerdo luego de analizar el escenario político en la provincia.
Luego de la reunión que mantuvieron el secretario general de ATE Nacional y presidente de la Unidad Popular Río Negro, Rodolfo Aguiar, junto al referente de Patria Grande y ex precandidato a presidente, Juan Grabois, los dirigentes evaluaron la confección de una lista conjunta para las elecciones legislativas nacionales en Río Negro que se celebrarán el domingo 26 de octubre.
Ambos espacios se opusieron fervientemente a la suspensión de las PASO porque las consideran «un mecanismo plural de elección de candidatos». Sin esta herramienta, «los partidos comenzaron a evaluar conjuntamente la conformación de una lista de unidad».
Unidad Popular viene alentando desde los últimos comicios que los candidatos de los espacios sean definidos mediante internas, y no a dedo por los principales referentes de los partidos tradicionales como ha sucedido anteriormente.
El espacio de Grabois ya anunció que llevará a la barilochense Adriana Serquis, ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), para postularse a una de las dos bancas de diputados. Además, se renovarán las tres bancas del Senado.
Por su parte, el espacio que conduce Aguiar mantuvo las reuniones tanto con los referentes de Somos, Mateo Canosa, y del socialismo rionegrino, Paolo Etchepareborda, con quienes se conformó la alianza electoral Somos Unidad Popular y Social que llevó a Rafael Zamaro como candidato a gobernador en 2023 y aún no definió candidaturas.
Agro
Tras quejas de gobernadores y productores, el Gobierno suspendió temporalmente el ingreso de carne con hueso a la Patagonia
Habrá un plazo de negociación luego de los reclamos de las Provincias.
El Gobierno decidió suspender de manera temporal la medida hecha pública este martes (18/03) que implicaba habilitar, después de 24 años de restricción, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una zona libre de aftosa sin vacunación. La resolución oficial fue cuestionada por productores y gobernadores y, en el Poder Ejecutivo aseguran que habrá un paréntesis de negociación para su implementación.
El Gobierno había tomado la decisión de permitir, tras 24 años de restricciones, el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, una región libre de fiebre aftosa sin vacunación. Esta medida, oficializada a través de la Resolución N° 180/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), modifica normativas que desde 2001 prohibían el traslado de productos cárnicos desde zonas con vacunación hacia la región patagónica, con el fin de preservar su estatus sanitario. A partir de esta resolución, se establecían nuevas condiciones sanitarias que permiten el ingreso de carne y material genético de otras partes del país y del exterior, sin comprometer la seguridad de la región.
La flexibilización de estas restricciones se basa en estudios sanitarios realizados por el Senasa, que detectaron circulación viral de fiebre aftosa en el territorio nacional. De acuerdo con los análisis, la posibilidad de introducir el virus mediante el traslado de carne con hueso es mínima, lo que dio pie a la decisión. Además de esta flexibilización, se fijaron estrictas normativas de producción, procesamiento, empaque y transporte para garantizar que los productos cárnicos cumplan con los estándares sanitarios establecidos, alineados con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
La medida generó el rechazo de los gobernadores de las provincias patagónicas, entre ellos el de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien sostuvo que «el Gobierno Nacional impone una resolución que destruye lo que miles de productores construyeron con esfuerzo durante dos décadas. La Patagonia es zona libre de fiebre aftosa sin vacunación gracias al trabajo de nuestros ganaderos y frigoríficos, pero ahora, desde un escritorio en Buenos Aires, un burócrata pretende borrar todo de un plumazo para favorecer a los grandes supermercados y exportadores».
En tanto, su par neuquino Rolando Figueroa, a través de la misma red social, anticipó esa suspensión por 90 días. «Tenemos que eliminar injusticias en la Patagonia, bajar el precio de la carne y proteger a nuestros productores. Vamos a mirar con atención la distribución de la rentabilidad dentro de la cadena de valor, para que en ese camino no se castigue al productor reconociéndole lo que vale, y eliminando los privilegios de algunos vivos, que perjudican con los precios de venta a la gente», mencionó.
«Nuestro objetivo es reducir los precios de la carne, pero para lograrlo, no podemos comprometer el estatus sanitario que hemos alcanzado en nuestra región y debemos proteger a los productores que reciben muy poco, a pesar de haber cuidado durante 20 años dicho estatus», completó.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, aseguró que «estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial». Además, destacó que «la Patagonia ha sido un ejemplo en sanidad animal y que esta decisión unilateral amenaza la sustentabilidad del sector».
Según fue presentada por el Gobierno, una de las principales razones detrás de esta medida fue la reducción de los altos precios de la carne en la Patagonia. Históricamente, los precios de los cortes vacunos en la región han sido significativamente más altos que en otras partes del país debido a la oferta limitada de carne local. En zonas como el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el precio del asado llegó a superar los $18.500 por kilo en algunas carnicerías, mientras que en Buenos Aires se puede comprar a $8.200 el kilo. El levantamiento de la prohibición se espera que incremente la oferta de carne en el mercado patagónico, lo que podría ayudar a reducir los precios y los costos asociados a la distribución de la carne en la región.
Agro
Banacloy: «Eliminar la barrera sanitaria pone en riesgo la producción»
Así lo expresó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.
Tras el contundente rechazo del gobernador Alberto Weretilneck a la eliminación de la barrera sanitaria patagónica, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, reafirmó la postura del Gobierno de Río Negro y advirtió sobre «las graves consecuencias que traerá esta decisión del Gobierno Nacional para la producción ganadera y los mercados internacionales».
«Estamos hablando de una medida que pone en riesgo un trabajo de más de 20 años, un esfuerzo colectivo que nos permitió alcanzar un estatus sanitario reconocido a nivel mundial», expresó Banacloy en línea con las declaraciones previas del gobernador. Además, destacó que «la Patagonia ha sido un ejemplo en sanidad animal y que esta decisión unilateral amenaza la sustentabilidad del sector».
Banacloy enfatizó que la barrera sanitaria no es una traba al comercio de carne, sino una herramienta clave para sostener la competitividad y los estándares sanitarios de la región. «Actualmente, el 60% o 65% de la carne que consumimos ya proviene del norte del país. Lo que se impide es el ingreso de carne con hueso, lo que asegura nuestra sanidad y previene el riesgo de enfermedades», indicó.
«La decisión del Gobierno Nacional nos somete a un riesgo enorme: cada pérdida de estatus es pérdida de mercados», explicó.
El ministro también respaldó la postura de Weretilneck de avanzar en una solución que beneficie a todo el país sin castigar a los productores patagónicos. «Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario del país, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. No podemos aceptar que se perjudique a quienes han hecho el esfuerzo», subrayó.
