Política
Avanza en la Legislatura el proyecto para que las escuelas tengan guardias mínimas en caso de huelga
El PRO busca declarar a la educación como servicio estratégico esencial.
La Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social de la Legislatura Provincial aprobó hoy (02/09) por amplia mayoría una iniciativa del legislador rionegrino Juan Martin (PRO-Unión Republicana) para declarar a la educación como servicio estratégico esencial, garantizando guardias mínimas en las escuelas en caso de medida de fuerza docente o no docente.
«Es un proyecto que contempla la declaración de la educación como un servicio estratégico esencial para la provincia, que está en línea con lo que tiene media sanción en la Cámara de Diputados», explicó el autor de la iniciativa que acompañaron con su firma los legisladores María Laura Frei, Martina Lacour, Ofelia Stupenengo, Gabriela Picotti, Juan Ignacio Murillo y Claudio Doctorovich.
De aprobarse este proyecto que hoy pasó el filtro de su comisión de origen y podría tratarse esta semana, cada escuela deberá mantener una guardia mínima del 30% de su planta docente y no docente en caso de paro. En el supuesto de que la medida de fuerza se extienda por más de dos días, dicha guardia deberá ser del 50%.
«No se discute el derecho a reclamar por parte del personal, como equivocadamente plantean los gremios queriendo enredarnos en una discusión semántica», remarcó Juan Martin, planteando que «lo que buscamos es armonizar la protesta con el derecho fundamental a la educación, garantizando que las escuelas estén abiertas».
«Países como Francia, Alemania, España, Ecuador y Perú tienen normas que declaran a la educación como un servicio esencial y fijan límites en caso de medida de fuerza. La tarea de los maestros y del personal auxiliar es tan importante como la de los policías o la de los trabajadores de la salud, por eso no deberían poder parar por completo las escuelas», añadió.
El presidente del bloque PRO-Unión Republicana consideró que «de aprobarse este proyecto, el gobierno tendría una herramienta para cumplir con su obligación de asegurar el derecho a la educación» y se mostró confiado en el tratamiento de la iniciativa al indicar que «así como en la Comisión de Educación de la Legislatura tuvimos el apoyo de otros espacios; en el Congreso Nacional, salvo el kirchnerismo, todos los bloques apoyaron un proyecto similar».
Política
Cesantearon a 6 agentes y sancionaron a otros 36 por incumplimientos
Se registraron casos de abandono de servicio y conductas indebidas.
El Gobierno de Río Negro dispuso 6 cesantías, 33 suspensiones sin goce de haberes y 3 apercibimientos tras las últimas reuniones de la Junta de Disciplina, en el marco de sumarios por incumplimientos graves dentro de la administración pública.
Según se informó oficialmente, «las sanciones son firmes y buscan garantizar el correcto funcionamiento del Estado, así como el uso adecuado de los recursos públicos».
Entre los principales motivos se encuentran casos de abandono de servicio, con agentes que se ausentaron de sus puestos durante períodos prolongados sin justificación, incluso tras ser intimados a retomar sus tareas.
También se detectaron situaciones que afectaron directamente la atención a la comunidad, como la ausencia de un trabajador encargado de otorgar turnos para tomografías en un hospital público, lo que impedía el acceso a estudios médicos de alta complejidad.
En la misma línea, se dictó la cesantía de un agente de salud por maltrato reiterado a compañeros y pacientes, quien además abandonó su puesto dejando a personas internadas sin el cuidado correspondiente. También se aplicaron suspensiones sin goce de haberes por conductas inaceptables, como el uso de una ambulancia oficial para participar de una manifestación o presentarse a trabajar en estado de ebriedad y acosar a una compañera.
Cabe destacar que el sistema es progresivo: si un agente acumula sanciones que superan los 30 días de suspensión, el estatuto prevé la aplicación de la cesantía.
Desde el inicio de la gestión en enero de 2024, se procesaron más de 1.200 expedientes disciplinarios, destrabando trámites que antes sufrían grandes demoras. Este ordenamiento integral resultó en un balance de 102 cesantías, 6 exoneraciones y 492 suspensiones. También se dictaron 91 sobreseimientos y el archivo de 245 expedientes donde no se comprobaron faltas.
El control que realiza el Gobierno es transversal, más allá de que la mayor cantidad de sanciones se concentra en el Ministerio de Salud, debido a su gran densidad de empleados y a la sensibilidad crítica de servicios como guardias hospitalarias. Durante este año se aplicaron sanciones también en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), IPROSS, IPPV, Desarrollo Humano, Deporte, Cultura y Educación, entre otros.
«Este proceso es riguroso y transparente: las sanciones no son arbitrarias, sino el resultado de sumarios donde instructores especializados reúnen pruebas y garantizan el derecho a defensa. La decisión final recae en la Junta de Disciplina, integrada por representantes del Ejecutivo y los gremios ATE y UPCN», sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra..
«Río Negro está en marcha y eso nos exige un Estado eficiente. Tenemos la responsabilidad de usar las herramientas legales para poner orden. No hacerlo sería fallarle a la gran mayoría de los empleados que cumplen con orgullo y a los rionegrinos que sostienen el sistema con sus impuestos», afirmó Lastra.
Política
El Municipio volvió a exigir a Aguas Rionegrinas soluciones urgentes ante fallas en el sistema cloacal y de agua en la ciudad
Vecinos denuncian que los problemas se repiten pese a intervenciones previas.
A partir de reiteradas pérdidas de agua y desbordes cloacales en distintos puntos de General Roca, el Municipio solicitó una urgente intervención a la empresa provincial Aguas Rionegrinas (ARSA). Las filtraciones, que se extienden en varios barrios, generan serios inconvenientes para vecinos y vecinas, especialmente por el deterioro que provocan en la vía pública.
Entre los puntos más críticos señalados esta semana se encuentran la entrada al barrio Malvinas, sobre calle Vintter, y diversos sectores de barrio Alta Barda, como Petunias al 5.300, Los Jazmines al 2.200, la intersección de Copihues y Amapolas, y Petunias y Roque Sáenz Peña. En estos lugares, las pérdidas han derivado en pozos que complican la circulación y elevan el riesgo para conductores y peatones.
Desde el Ejecutivo local indicaron que, si bien se mantiene el diálogo con Aguas Rionegrinas y se han logrado resolver algunos reclamos puntuales, el problema de fondo persiste. La acumulación de agua en la calzada deteriora tanto calles asfaltadas como de tierra, generando nuevas roturas incluso después de haber sido reparadas.
La secretaria de Obras Públicas, Carla Colombo, explicó que la empresa atribuye la situación a la antigüedad de los materiales del sistema troncal. Según detalló, la renovación integral demandaría inversiones de gran magnitud que solo podrían concretarse con financiamiento internacional.
En este contexto, el Municipio reiteró su disposición «a colaborar dentro de sus posibilidades para avanzar en soluciones», aunque remarcó que «la responsabilidad del servicio recae en la empresa provincial». Mientras tanto, los reclamos de vecinos continúan multiplicándose ante la falta de respuestas definitivas.
Desde el gobierno local recordaron que las denuncias por pérdidas de agua o desbordes cloacales deben canalizarse directamente ante Aguas Rionegrinas, ya sea en sus oficinas ubicadas en Don Bosco 1669 o a través de la línea gratuita 0800-999-24827.
Política
Soria visitó el centro de operaciones de la Policía bonaerense y destacó el sistema de emergencias
En La Matanza, Soria conoció el funcionamiento del sistema multiagencia aplicado en la provincia de Buenos Aires.
Invitada por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, visitó el Comando Operativo de la Policía bonaerense ubicado en Puente 12, en el partido de La Matanza.
En ese espacio funciona el Sistema Multiagencia, una plataforma tecnológica que integra el 911, servicios de salud, Defensa Civil y fuerzas de seguridad, con el objetivo de optimizar la respuesta ante emergencias en tiempo real.
Durante el encuentro, el ministro y la intendenta analizaron distintas problemáticas vinculadas a la seguridad y las estrategias de abordaje. En ese marco, Soria se interiorizó sobre el funcionamiento de esta herramienta, que permite un registro único de los incidentes y una intervención simultánea de los distintos organismos.
«Es destacable no sólo la tecnología de punta que se utiliza, sino también la coordinación y la capacidad de respuesta ante emergencias. Es una política que sirve como modelo para mejorar la seguridad en Río Negro», expresó la jefa comunal.
De la actividad participó también la ex ministra de Seguridad y Justicia de Río Negro, Betiana Minor, quien actualmente se desempeña como abogada y asesora del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
