La intendenta María Emilia Soria aceptó en las últimas horas la renuncia presentada por Miguel Jaramillo al cargo de secretario de Servicios Públicos del Municipio de Roca. Según se informó oficialmente, la decisión responde a «motivos personales».

Tras su dimisión, el área quedará provisoriamente bajo la conducción de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Pablo Rolo, hasta que se designe un reemplazo definitivo.

Soria destacó el rol de Jaramillo, quien durante más de dos décadas tuvo a su cargo la coordinación de servicios esenciales para la ciudad, tales como barrido, limpieza, mantenimiento de espacios públicos y operativos viales en una Roca que continúa en expansión.

Paralelamente, la intendenta anunció que se pondrá en marcha un proceso de modernización dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, con el objetivo de «optimizar la organización interna y mejorar la eficiencia de las prestaciones municipales de cara a los vecinos y vecinas».

Con la sentencia de la Ruta Nacional N° 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional N° 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.

La Ruta N° 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.

El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en 10 días e iniciar las obras dentro de los 90 días. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.

Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. «Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta N° 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva», había expresado el gobernador, al conocerse el fallo.

Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta N° 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.

La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. «Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo», había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta N° 40.

El ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis, confirmó en declaraciones radiales la contundencia del primer fallo judicial que habilita a Río Negro a recuperar más de $101 millones, como parte de una deuda de una obra social.

El ministro destacó que «este hito es posible gracias a la Ley Provincial 5754, promulgada en noviembre del año pasado, que dio al Gobierno el instrumento, que es una ley, para permitir reclamarle a cada una de las obras sociales los pagos por la atención de sus afiliados en hospitales públicos».

Thalasselis calificó la primera sentencia como una «muy buena noticia, algo muy importante». El fallo permite recuperar fondos de atención sobre pacientes que serán destinados «pura y exclusivamente para seguir prestando servicios de salud en cada uno de los hospitales». Con esta acción, el Ministerio está «fortaleciendo los mecanismos de financiamiento en la salud pública y es un logro de la gestión», aseguró.

El Ministro insistió en el concepto de que la atención en el hospital público, aunque universal, tiene un costo que las obras sociales deben cubrir. «La producción de servicios de salud en un hospital implica una serie de proveedores, desde los profesionales médicos, los enfermeros, la medicación y todo eso tiene un costo».

La deuda total de las obras sociales, prepagas y aseguradoras con el sistema de salud provincial supera los $1.042 millones, según la facturación a agosto, y no se cobrará «sobre el paciente», sino a los financiadores.

Al ser consultado sobre los grandes morosos, Thalasselis confirmó los nombres: «Son OSECAC, OSPRERA, OSPECON, Unión Personal Civil de la Nación y SANCOR. OSDE también, Swiss Medical, de otras grandes, más de tres a nueve millones de pesos están debiendo».

Las entidades reciben una carta documento, se da un período para conciliaciones, y «de no suceder esto, se procede la ejecución por la Fiscalía de Estado», donde «la ley prevé embargo, por vía judicial» una vez vencido el plazo según detalló el Ministro de Salud.

El círculo virtuoso del recupero

El ministro vinculó directamente el recupero de fondos con la mejora de la infraestructura. Tras anunciar la incorporación de cuatro equipos de última generación de anestesia para los quirófanos de los hospitales de Viedma, Roca, Cipolletti y Bariloche. Explicó que «todos estos equipamientos, los costos de estos equipamientos y la reposición de estos equipos tienen sus costos y nosotros la forma de recuperarlos es en parte a través del fondo de las obras sociales».

Además, subrayó que este camino es irreversible. «Creemos que este es un camino que tenemos que seguir recorriendo». La prioridad es «seguir trabajando y ordenando este sistema administrativo que nos permita financiar de mejor manera la salud pública que queremos para la provincia», independientemente de los nombres de cada financiador.

En una reflexión final, el ministro Thalasselis destacó que «el sistema público de salud está en todo momento y en todo lugar a lo largo de la vida de los rionegrinos».

La apertura del hospital a todos, «tengas o no tengas obra social», es una de las grandes fortalezas de la provincia. Esta atención universal se traduce «económicamente en millones, millones de pesos» que el Estado debe recuperar.