La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este martes (19/11) un plenario nacional de delegados con participación de dirigentes de todo el país y definirá la continuidad del plan de acción en reclamo por la situación salarial y en rechazo a los exámenes de idoneidad que el Gobierno planea realizar en la Administración Pública a partir de diciembre.

«Estos exámenes son un invento para seguir estigmatizando y despidiendo de manera ilegal. Las tareas que con profunda vocación de servicio realizan los estatales todos los días son la mejor muestra de idoneidad», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Si triunfa el Gobierno con su campaña de desprestigio sobre el empleo público, la que pierde es toda la sociedad. Tenemos que evitarlo. Han decidido colocarnos a los estatales en la vidriera del ajuste. Vamos a ir por ellos y no nos van a poder parar», apuntó el dirigente. Agregó que «estas evaluaciones que propone el Ejecutivo se encuentran por fuera de cualquier marco legal. No se pueden realizar».

En referencia a la rebaja salarial en el sector público, Aguiar señaló que «junto a los jubilados, somos los estatales quienes hemos sido los más castigados por el ajuste. Tenemos que pelear para recuperar todo el poder adquisitivo perdido en los últimos 11 meses, y para eso necesitamos no sólo torcerle el brazo al Gobierno sino también terminar con la complicidad sindical que avala recortes salariales firmando aumentos por debajo de la inflación».

El plenario nacional tendrá lugar en el Anfiteatro Eva Perón de la sede nacional del sindicato, con dirección en Av. Belgrano 2527 (CABA), a partir de las 14 horas.

ATE reclama una inmediata recomposición salarial luego de la última paritaria en la que el Gobierno otorgó -con la aceptación del otro gremio signatario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06- un 2% para noviembre y 1% en diciembre, acrecentando la pérdida del poder adquisitivo de los estatales que ya supera el 39% en lo que va del año.

También manifestaron su rechazo al denominado Sistema de Evaluación Pública mediante el cual pretenden evaluar a trabajadores con 10, 15 y hasta 20 años de trayectoria brindando servicios para el Estado. Se estima que serán más de 40.000 los contratados evaluados, excluyendo a quienes estén amparados en el cupo por discapacidad y cupo trans. El Gobierno ya informó que los tres ejes temáticos sobre los cuáles se realizarán las preguntas de opción múltiple son organización del estado y Constitución; pensamiento lógico (situación problemática) y matemática inicial; y comprensión de texto.

Además, el sindicato estatal exigirá «el cese de los despidos en el sector público, la reincorporación de todos los ilegítimamente cesanteados, el freno al vaciamiento de los organismos públicos y de los intentos de privatizaciones de las empresas estatales».

Con varios temas de interés a tratar, este martes (19/11) a las 10 de la mañana se llevará adelante una nueva sesión del Concejo Deliberante roquense, en el edificio Gobernador Carlos Soria, ubicado en calles Villegas y Avenida Roca.

Se trata de la décima sesión ordinaria del XXXV Período de sesiones. Será la anteúltima del año.

La actividad iniciará a las 10 horas y la sesión es abierta a todos los vecinos que quieran participar de la misma.

El Gobierno Provincial dispuso avanzar en 51 cesantías y 4 exoneraciones de agentes estatales por diversos tipos de faltas e incumplimientos de sus funciones en la Administración Pública. «Nuestro compromiso es defender a los trabajadores que cumplen con su labor. Este ordenamiento es necesario para reconocer a quienes asumen su tarea con responsabilidad», explicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

Las cesantías se aplican a trabajadores con faltas repetitivas o de indisciplina grave, mientras que las exoneraciones están relacionadas con denuncias penales, que implican la imposibilidad de reintegrarse a la Administración Pública provincial.

«Estas acciones son el resultado del trabajo de la Secretaría de la Función Pública, con las áreas de Recursos Humanos y la Junta de Disciplina, con el objetivo de garantizar un servicio eficiente en el Estado», destacó Lastra.

«Este año hemos trabajado mancomunadamente con las áreas de Recursos Humanos para asegurar que se sigan los procedimientos disciplinarios adecuados ante casos de faltas graves, como el abandono de servicio, ausencias injustificadas y denuncias penales. La Junta de Disciplina, conformada por representantes del Gobierno y los gremios estatales, ha procesado más de 130 expedientes desde marzo», añadió.

Además, la Junta de Disciplina ha impuesto suspensiones de entre 10 y 30 días a 160 empleados por diferentes irregularidades, incluyendo faltas injustificadas y conflictos laborales, con el propósito de fortalecer la responsabilidad y el compromiso laboral dentro del Estado.

«Nuestro compromiso es defender a los trabajadores que cumplen con su labor. Este ordenamiento es necesario no solo para proteger los recursos económicos del Estado, sino también para reconocer a quienes asumen su tarea con responsabilidad. La eficiencia en la administración es una prioridad que los rionegrinos merecen y por la que trabajamos día a día», agregó la funcionaria provincial.

«Esta serie de medidas responde a la demanda ciudadana de una gestión transparente y eficiente del Estado, en beneficio de toda la comunidad rionegrina» concluyó Lastra.