Política
Superó la primera vuelta el proyecto para cobrar aranceles sanitarios y educativos a extranjeros en Río Negro
Duro rechazo del bloque Vamos con Todos a la iniciativa presentada por el oficialismo.
La Legislatura aprobó por mayoría, en primera vuelta, un proyecto que tiene por objeto cobrar aranceles a los extranjeros por el acceso a los servicios de salud y educación superior provistos por el Estado provincial. «Es una manera de custodiar el patrimonio de la los rionegrinos», expuso el legislador Lucas Pica, uno de los autores de la propuesta.
Añadió que «en la prestación de los servicios básicos tenemos que priorizar a aquel rionegrino que paga los impuestos y se levanta a forjar nuestra provincia con sus propias manos».
Pica explicó que «ante el escenario de reducción abrupta de recursos y aumento significativo de la demanda, resulta necesario adoptar medidas para optimizar de manera eficiente los recursos destinados a los servicios públicos».
«El Estado tiene el deber ineludible de adoptar mecanismos adecuados para administrar los recursos de la manera más eficiente y eficaz, garantizando así la continuidad del servicio», sostuvo.
Más adelante indicó que «el contexto actual evidencia la necesidad de regular el acceso de los extranjeros al sistema de salud pública y a la educación superior a cargo del Estado Provincial, con el objetivo de evitar un impacto negativo en la prestación a los ciudadanos rionegrinos».
Describió que de acuerdo a la Ley Nacional de Migraciones los extranjeros se agrupan en cuatro categorías de residencia: Permanente, Temporaria, Transitoria y Precaria.
«Los residentes permanentes o temporarios recibirán prestaciones sanitarias y acceso a la educación superior en igualdad de condiciones con los ciudadanos nacionales», mencionó y recalcó que ese segmento está sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones fiscales, según su situación particular.
«Esa aclaración lleva a analizar la adopción de medidas orientadas a que los residentes transitorios y precarios contribuyan a solventar las erogaciones generadas por su atención sanitaria o educativa», manifestó.
No obstante aclaró que «no se establece un trato diferenciado únicamente por la condición de extranjero, sino que la diferenciación se justifica en el motivo, la finalidad y la duración del ingreso y permanencia en el país».
Más adelante ratificó que «en virtud de diversas normas de rango legal, constitucional y convencional, se debe prever que la atención sanitaria a los extranjeros, sin importar su condición, no podrá ser negada ni restringida en casos de urgencia o emergencia».
Cuidar el recurso
Abierto el debate, el legislador Santiago Ibarrolaza adelantó el acompañamiento a la iniciativa porque «tiene que ver con consolidar el sistema y cuidar el recurso, que tan importante es para el futuro de los rionegrinos».
Sin embargo criticó la política sanitaria provincial al señalar que «con solo ir a los hospitales podemos entender en qué condiciones está: abandonada y sin funcionamiento».
Duro rechazo de Vamos con Todos
El bloque Vamos con Todos tuvo varios exponentes. Una de ellas fue Ayelén Spósito, quien reclamó que el proyecto «prácticamente no tuvo debate en comisión» y añadió que «no vi ni leí en ningún lado que un rionegrino se haya quedado sin atención o sin un lugar en una carrera terciaria por un extranjero».
Tras considerar que «con este proyecto se incumplen con puntos de las constituciones Provincial y Nacional», se preguntó «si hace la diferencia» y «cuánto se va a recaudar». «Se siguen creando leyes sin información precisa», criticó.
Cerró diciendo que «esta es una discusión ideológica» y propuso que «antes de desviar los 3.900 millones de pesos que se le pagan a las clínicas privadas se podría invertir en la salud pública y pagar mejor a los trabajadores de la salud».
Magdalena Odarda sostuvo que la iniciativa la entristece «porque ha ganado el discurso del odio en este gobierno cruel e inhumano de Javier Milei, tomado inmediatamente por Juntos Somos Río Negro».
Calificó el proyecto como «retrógrado» y dijo que se trata de «una estigmatización a nuestros hermanos latinoamericanos, un acto criminal de racismo» y «un ataque a los trabajadores hospitalarios, ya que son los que van a tener que ejecutarlo».
Se sumó José Luis Berros, quien puso énfasis en un presunto cambio de ideas de Juntos Somos Río Negro «porque en 2012 el vicegobernador presentó una ley para que los extranjeros puedan votar y hoy estamos debatiendo ésta».
Entendió que «están tratando de cubrir la horrorosa gestión en salud y educación…y la culpa la tiene el extranjero».
Relató que su bloque presentó un pedido de informes sobre el tema en cuestión «y nos dijeron que no tenían forma de respondernos porque el sistema no estaba adaptado para nuestra pregunta».
No obstante aportó que en Río Negro «hay 79 estudiantes extranjeros en las escuelas públicas y uno solo en el terciario. Han gastado más plata en transmitir por internet esta sesión e imprimir este proyecto que lo que van a recaudar».
Finalmente expresó el «rotundo rechazo» a la iniciativa «por ser una política barata y demagógica».
«No leyeron los artículos»
Más adelante hizo uso de la palabra Javier Acevedo, otro de los autores del proyecto, quien respondió a los legisladores que lo criticaron. «No han leído los artículos o solo salen a hacer un discurso ideológico», indicó.
En un tramo de su argumentación resaltó la facultad que el proyecto otorga al Ejecutivo de celebrar convenios de reciprocidad con otros países.
Por último aseguró que «es mentira que los trabajadores de los hospitales se quejen de esta ley, son ellos los que nos cuentan estas situaciones».
«Parece un proyecto inocente…»
Leandro García advirtió que «parece un proyecto inocente, pero por una cuestión ideológica no lo podemos votar, y porque no hay estadísticas ni diagnóstico».
Juan Martín, contrariamente, lo consideró satisfactorio «ya que hemos logrado que JSRN deje su estoicismo y ponga sobre la mesa esta discusión. Más vale tarde que nunca que puedan aceptar que estos temas se deben debatir».
Además se refirió a «la hipocresía del kirchnerismo, que nuevamente se enamora de las estadísticas cuando nunca se ocuparon del impacto económico del país».
Ni discriminatorio, ni anticonstitucional
Cerró las discusiones el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien descartó que se trate de una propuesta discriminatoria y subrayó que está orientada «a quienes vienen a pasear o ingresan de alguna manera ilegal».
Fue más allá y recalcó que «el extranjero que tiene toda la documentación para nosotros es igual a los demás ciudadanos».
También dejó en claro que «no vamos a dejar morir a nadie, se los atiende y después recuperamos a través del FOS».
«Estamos sancionando una ley de acá para adelante; queremos ser justos con los rionegrinos de bien, no discriminamos y no es anticonstitucional. Estamos convencidos que generamos una norma legal que defiende los recursos de Río Negro», concluyó.
Política
Río Negro ratificó Argentina GNL y consolida su rumbo energético
Por amplia mayoría, la Legislatura de Río Negro aprobó el convenio para el proyecto Argentina GNL.
Río Negro dio un paso histórico para consolidar el proyecto Argentina GNL, la iniciativa energética más importante del país y el eje de la nueva etapa productiva que transforma la provincia. Con amplia mayoría, la Legislatura aprobó el convenio entre la Provincia, Argentina GNL e YPF, impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck. «Se ratificó el rumbo que posiciona a Río Negro como motor de la nueva etapa energética de Argentina», indicó.
El acuerdo otorga previsibilidad jurídica e institucional a una inversión de largo plazo que consolida a Río Negro como puerta de salida al mundo de la energía proveniente de Vaca Muerta.
La ratificación del convenio asegura reglas claras en materia de permisos, inversión y aportes económicos para la Provincia, con foco en el empleo local, el desarrollo de proveedores rionegrinos y la infraestructura estratégica para la exportación. Se consolida así un círculo virtuoso: inversión, recursos, obras y desarrollo territorial.
En un contexto nacional complejo, la Provincia reafirma su autonomía y la decisión de defender sus intereses, garantizando que los recursos generados por esta nueva etapa productiva queden en Río Negro y se transformen en trabajo y oportunidades para su gente.
«Esta ley vincula a Río Negro con YPF y el proyecto Argentina GNL. Nos permitirá generar 40.000 puestos de trabajo», destacó Weretilneck, y agregó que «planificamos un modelo de desarrollo que garantice oportunidades para nuestros jóvenes, comerciantes y empresarios».
Política
Desde Punta Colorada, se abre una nueva etapa productiva en la Patagonia
Los proyectos energéticos marcan el rumbo productivo de la provincia.
La terminal de exportación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada alcanzó el 54% de avance y se consolida como una de las obras energéticas más importantes del país. Con más de 10.000 trabajadores directos e indirectos en actividad, el movimiento permanente en el Golfo San Matías marca un punto de inflexión para Sierra Grande y para toda la provincia.
El gobernador Alberto Weretilneck recorrió los trabajos e inauguró las nuevas oficinas de la empresa en la ciudad, junto a su par neuquino, Rolando Figueroa, el presidente de YPF, Horacio Marín y el CEO de VMOS, Gustavo Chaab. Participaron la intendenta Roxana Fernández; el vicegobernador Pedro Pesatti, entre otras autoridades provinciales y municipales, representantes de empresas y dirigentes sindicales.
«Es fuerte. Uno no termina de emocionarse cuando ve cómo los sueños y las expectativas de miles de personas se transforman en una realidad», expresó Weretilneck, visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas. Recordó el dolor y el desarraigo que atravesó Sierra Grande y aseguró que lo que hoy se vive «no son proyectos ni papeles, son hechos concretos que empiezan a cambiar la historia».
En ese marco, el gobernador fue categórico: «Es la primera vez que la Patagonia industrializa sus recursos». Señaló que durante décadas la región fue proveedora de materia prima sin capturar el valor agregado, viendo pasar la riqueza sin que quedara plenamente en el territorio. «Hoy eso cambia. Producimos, procesamos y exportamos desde nuestro golfo, generando trabajo, infraestructura y desarrollo para nuestra gente», afirmó, posicionando esta etapa como un verdadero punto fundacional.
Weretilneck destacó que acompañar el ritmo de la industria implicó decisiones firmes, estabilidad fiscal y reglas claras. «Nada de esto hubiese sido posible sin liderazgo político para cambiar normas que impedían exportar energía desde este golfo. Defendimos los intereses de Río Negro y generamos las condiciones para que las inversiones lleguen», sostuvo.
El impacto ya es concreto: más del 80% de los trabajadores son rionegrinos, en cumplimiento de la Ley 80/20 impulsada por el Gobernador; ya se distribuyeron más de U$S 120 millones en salarios en la provincia y la actividad moviliza proveedores, transporte y servicios en toda la región. Para Weretilneck, estos números «son familias que vuelven a proyectar, jóvenes que encuentran oportunidades y una comunidad que recupera autoestima».
La nueva etapa productiva no termina en VMOS. Se suman los proyectos de GNL, con Southern Energy (SESA) y Argentina GNL, integrando a las principales compañías petroleras del mundo. Desde el Golfo San Matías, Río Negro se consolida como plataforma internacional de exportación de gas y petróleo. A partir de 2032, por Sierra Grande se exportarán entre U$S 30.000 y U$S 40.000 millones anuales, con flujo constante y sin depender del clima.
El primer gran proyecto privado de infraestructura energética
Horacio Marín sostuvo que VMOS es el primer gran proyecto privado de infraestructura energética de esta magnitud en la Argentina y uno de los más relevantes de América Latina por su esquema de financiamiento y articulación empresaria. Remarcó que la decisión de invertir en Río Negro respondió a previsibilidad, reglas claras y condiciones técnicas adecuadas para exportar al mundo.
El presidente de YPF subrayó que los plazos son determinantes y que cada día cuenta. «Nuestro trabajo es hacer, y hacerlo de la manera más eficiente posible. Esta obra no puede detenerse porque cada día es clave para la Argentina», afirmó, destacando el compromiso operativo de todas las compañías involucradas.
Compromiso local y desarrollo sostenido
Por su parte, Gustavo Chaab aseguró que el proyecto alcanzó el 54% de avance físico pese a condiciones climáticas adversas y a la complejidad logística. Agradeció el esfuerzo de los trabajadores y ratificó que el objetivo es cumplir los plazos establecidos.
Chaab remarcó que la inauguración de las oficinas en Sierra Grande consolida la decisión de integrarse plenamente a la comunidad. Indicó que casi el 50% de los trabajadores ya pertenecen a la localidad y que se prioriza la contratación de proveedores y mano de obra regional, fortaleciendo el entramado productivo.
Una ciudad que vuelve a proyectarse
Roxana Fernández valoró que «muchos trabajadores que golpeaban puertas buscando empleo hoy están trabajando» y definió el avance como «más que una luz de esperanza para una ciudad que la peleó tanto».
La terminal de Punta Colorada no es solo una obra en ejecución: es un nuevo hito en la historia rionegrina. Como el desarrollo de los valles, el ferrocarril o el Plan Castello, esta etapa funda los próximos 30 o 40 años. Por primera vez, la Patagonia industrializa sus recursos desde su propio territorio. Río Negro tiene rumbo, tiene plan y tiene conducción.
Impacto provincial del proyecto VMOS
En el marco de la recorrida, el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino, presentó los principales indicadores de impacto del proyecto en la provincia. Más del 80% de las contrataciones corresponden a empresas locales en servicios y provisión de insumos y herramientas, y ya se superaron los U$S 200 millones en contrataciones a firmas rionegrinas.
Además, se invirtieron más de U$S 8 millones en compra de terrenos, servidumbres y tasas; se registran más de 3.600.000 horas de trabajo local y más de 500 personas ingresaron al proyecto como ayudantes, trabajadores calificados y oficiales. Datos que confirman que esta nueva etapa productiva no solo exporta energía: deja empleo, recursos y desarrollo en Río Negro.
Política
La UNRN declaró la emergencia presupuestaria y salarial
El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro emitió, en su primera sesión ordinaria del año, una declaración de emergencia presupuestaria, salarial y en defensa de la legalidad.
Votada por unanimidad, la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) expresó que la situación actual de las universidades nacionales y de la UNRN configura «una emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad». Al mismo tiempo, denunció una «crítica situación» que afecta tanto el funcionamiento normal de la institución como el poder adquisitivo de los trabajadores.
La declaración del Consejo de Programación y Gestión Estratégica además expresó una especial preocupación por el impacto que esta situación presupuestaria tiene en las becas estudiantiles, exigieron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y rechazaron el desfinanciamiento como política pública.
En este sentido, el Consejo manifestó su profunda preocupación «por la crítica situación presupuestaria y salarial que atraviesa el sistema universitario nacional, la cual se ha agravado de manera sostenida en el último tiempo, comprometiendo seriamente el normal funcionamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de sus funciones esenciales de enseñanza, investigación, extensión y vinculación con la sociedad».
En este contexto, advierte con especial preocupación «el impacto de esta situación sobre las políticas de bienestar estudiantil, en particular sobre el sistema de becas, cuya insuficiencia y falta de actualización en un escenario de alta inflación afecta directamente la permanencia de estudiantes y profundiza las desigualdades en el acceso a la educación superior».
«Que esta situación no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que es la continuidad de un proceso de deterioro que ya fuera advertido por este Consejo en reiteradas oportunidades, y que ha derivado en una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, así como en una reducción real de los recursos destinados al funcionamiento universitario, la investigación científica y las políticas de inclusión», agregaron.
«Que la sanción de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario representó una respuesta institucional del Congreso de la Nación para garantizar condiciones mínimas de sostenibilidad del sistema, estableciendo obligaciones claras en materia de recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento de las universidades», indicaron los representantes de la UNRN en el Consejo.
«Que, sin embargo, la falta de cumplimiento efectivo de dicha ley y de los fallos judiciales asociados profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual, generando un impacto directo en las condiciones de trabajo de las y los trabajadores universitarios y en las trayectorias educativas de miles de estudiantes», añadieron.
«Que las propuestas formuladas en el ámbito nacional, basadas en incrementos insuficientes, no retroactivos y diferidos, no permiten recomponer la pérdida acumulada ni resultan compatibles con el marco legal vigente, comprometiendo la sostenibilidad del sistema universitario público», indicaron.
«Que el presente pronunciamiento se formula, además, en un contexto de marcada restricción presupuestaria para la UNRN. Para el ejercicio 2026, esta Casa de Estudios solicitó un presupuesto total de $ 80.267.165.162,97, mientras que el crédito otorgado en la Ley de Presupuesto asciende a $ 36.153.032.028, lo que representa aproximadamente el 45,04 % de lo requerido, generando una brecha de financiamiento de $ 44.114.133.134,97. A ello se suma que, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, la inflación acumulada (IPC nivel general) fue del orden del 259,3 %, incrementando de manera sustantiva los costos de funcionamiento», expresaron.
«Que esta combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica que afecta integralmente el funcionamiento de la Universidad y limita su capacidad de sostener sus actividades académicas, científicas y de extensión», explicaron.
«Que el desfinanciamiento del sistema universitario no constituye un problema sectorial, sino una definición de política pública que impacta directamente en el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país».
«Que, en este contexto, este Consejo considera que la situación actual configura una emergencia de carácter integral que compromete el sostenimiento del sistema universitario público».
«Que la UNRN ha definido oportunamente acciones institucionales en defensa del financiamiento universitario, incluyendo la promoción de acciones administrativas y judiciales tendientes a garantizar la efectiva aplicación de la normativa vigente».
«En virtud de lo expuesto, este Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria de la UNRN entendiendo que la misma se ha profundizado en el actual contexto».
«Asimismo, reafirma la defensa irrestricta de la Ley de Financiamiento Universitario y exige su cumplimiento integral, inmediato y efectivo, como condición indispensable para garantizar el funcionamiento del sistema universitario nacional».
En ese marco, «expresa su pleno respaldo a las acciones administrativas y judiciales en curso destinadas a asegurar la aplicación de la ley y resguardar la sostenibilidad del sistema».
«Del mismo modo, este Consejo ratifica la facultad otorgada al Señor Rector para llevar adelante todas las acciones necesarias, en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional y el conjunto de las universidades nacionales, a fin de gestionar y garantizar los recursos indispensables para el funcionamiento institucional, la recomposición salarial (convocando de manera urgente a paritarias nacionales) y el sostenimiento de las políticas de bienestar estudiantil».
Finalmente, se insta al Poder Ejecutivo Nacional a «asumir la responsabilidad que le corresponde en el financiamiento del sistema universitario público, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y la asignación de recursos acordes a la importancia estratégica que la educación superior tiene para el desarrollo del país».
La UNRN reafirma su compromiso con «la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como base del desarrollo nacional y la movilidad social», concluyeron.
