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«Esperamos que el gobierno recapacite y convoque a una reunión del Consejo de la Función Pública»
En esos términos finalizó la reunión de la Mesa Directiva Provincial de UPCN que se realizó el miércoles por la tarde en Viedma.
Los referentes de las delegaciones territoriales de UPCN reiteraron el miércoles su total rechazo al acuerdo salarial entre el gobierno provincial y el otro gremio de estatales (ATE). «Implica un empujón más en la caída del poder adquisitivo de los trabajadores de la Administración Pública rionegrina», indicaron.
«Es una propuesta poco seria que se puede tildar hasta de ladina, porque el gobierno juega con la necesidad de los trabajadores ofreciendo un bono por única vez y un porcentaje que no cubre siquiera la inflación de los dos primeros meses de este año. Pretenden conformarnos por un rato, con una suma fija por única vez, en desmedro del salario real y su desvalorización acelerada», manifestaron desde UPCN.
Los referentes provinciales expresaron el «profundo malestar que muestran los compañeros de los distintos organismos distribuidos en todo el territorio, muy molestos por esta medida publicitada por el gobierno que juega con sus necesidades».
Mientras se estaba desarrollando la reunión, los presentes se anoticiaron del 18% acumulativo ofrecido a los judiciales; «a esto le agregamos el 16,5% obtenido por los legislativos y entre el 17% y el 21% por los docentes, quedando los agentes de la Administración Pública totalmente discriminados en el conjunto de trabajadores que brindan su fuerza de trabajo en el Estado y aún más excluidos teniendo en cuenta los dispares niveles salariales de los tres poderes», indicaron.
«Y el descontento ya no solo se centra en los compañeros que revistan en las categorías más bajas del escalafón, cuyos sueldos no alcanzan a superar el límite de la pobreza, sino de los administrativos, los técnicos y los profesionales de la Administración Pública que, en comparación con sus pares de los otros poderes reciben por el mismo trabajo menos de un 50% de lo que perciben los compañeros legislativos o judiciales. Y no es un planteo hacia el salario digno que tienen ellos, sino al inmerecido destrato que tienen los nuestros, la falta de equiparación que la UPCN viene denunciando desde hace mucho tiempo», añadieron desde UPCN.
«La totalidad de los representantes provinciales coincidieron en que los compañeros sienten este destrato como una ofensa muy cara, porque tira hacia abajo (aún más) el salario real de los agentes de la Administración Pública, muy por debajo de los índices inflacionarios y compromete de manera preocupante el consumo de los bienes básicos de un gran número de familias rionegrinas», agregaron.
«Venimos pidiendo durante meses al gobierno un adelanto en concepto de reconocimiento de los montos adeudados en 2016 y 2017, a pagarse a inicios de año para, justamente, no llegar a esta altura del año sin ninguna mejora en los salarios, pero el gobierno estiró los tiempos, ofreciendo de manera ilegítima un porcentaje inferior al de todos y a destiempo, que acrecienta la brecha salarial entre poderes y empobrece cada vez más a los trabajadores de esta Administración Pública», dijeron los referentes provinciales del gremio que conduce Juan Carlos Scalesi.
Finalmente, todos los integrantes de la Mesa coincidieron en solicitar directamente al gobernador Alberto Weretilneck que recapacite de su postura y llame a una reunión en el ámbito del Consejo de la Función Pública para revisar esta decisión que «causa gran perjuicio a los estatales de la Administración Pública rionegrina».
Gremios
ATE denunció que el Gobierno amenaza con desguazar la Regulación del Transporte y pone en riesgo los viajes estudiantiles y micros de larga distancia
«El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo estado de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno planea una quita de funciones a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y se ponen en riesgo todos los viajes estudiantiles y la carga de materiales peligrosos. «Quieren que estos controles que hoy realiza el organismo los realice de manera exclusiva Gendarmería Nacional. Eso pondría en riesgo grave las tareas de prevención de accidentes ya que la fuerza de seguridad no cuenta con los equipos, personal ni capacitaciones técnicas adecuadas para llevar adelante esas tareas», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente indicó que «el Gobierno está poniendo en riesgo miles de vidas a diario. El desguace de este organismo y la quita de funciones de prevención, sumado al pésimo mantenimiento de las rutas debido a la falta de obra pública en los últimos dos años es un cóctel letal para la población».
En lo que va del 2026, la CNRT ya realizó más de 2.000 controles de viajes estudiantiles en todo el país.
Desde el sindicato informaron que «el Gobierno pretende derivar las funciones del organismo a la Gendarmería Nacional, lo cual implica un riesgo enorme ya que no cuentan con los equipos, dotación de personal ni conocimientos técnicos específicos para llevar adelante estas tareas».
Actualmente, la CNRT cuenta con 1043 trabajadores distribuidos en las 45 sedes de todo el país, quienes se encargan de fiscalizar y controlar el estado de los vehículos, talleres y conductores de las líneas de colectivos urbanas de jurisdicción nacional; el transporte ferroviario; el transporte de pasajeros interjurisdiccional de media y larga distancia, incluido turismo, combis, viajes estudiantiles/recreativos; el transporte interjurisdiccional de cargas (generales y peligrosas); y los talleres de revisión técnica obligatoria.
Además de realizar las revisiones técnicas de los vehículos (estado de las cubiertas, luces, frenos, entre otros) también se encargan de efectuar test de sustancias, alcoholemia, de glucemia, entre otros, a los conductores antes de que comiencen un viaje. Sin embargo, «la decisión del Ejecutivo es que Gendarmería realice controles únicamente en rutas nacionales, autopistas y semiautopistas, dejando de lado las terminales o las rutas provinciales, por lo que se limita la posibilidad de prevención de accidentes», aseguraron desde ATE.
Gremios
Ante la amenaza de recorte del 10% de la planta estatal, ATE señala que «no van a poder porque es materialmente imposible»
«El Gobierno no fue capaz de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Ya nadie les cree, se la están robando toda», dijo Aguiar.
Ante una nueva amenaza del Gobierno de despedir a más del 10% de la planta estatal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente en todo el país. «El Gobierno no va a poder avanzar en un nuevo recorte porque ya no tiene el poder para hacerlo. Su legitimidad está debilitada. La base social de Milei se ha reducido drásticamente en las últimas semanas y no existe respaldo en el pueblo para que se generen cesantías masivas en el Estado. Ya más de la mitad de los argentinos responsabilizan al Gobierno actual por la grave crisis que estamos atravesando», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se terminan los historiadores que para buscar culpables miraban para atrás. No fueron capaces de explicar a dónde va a parar, quién se beneficia del supuesto ahorro que generan con el ajuste en el Estado. Según (Federico) Sturzenegger, entre recortes en la planta funcional y congelamiento salarial se ahorraron más de 2.400 millones de dólares y sin embargo no fueron capaces de construir un metro de asfalto, mantener las rutas o cambiar una lamparita del alumbrado público. Ya nadie les cree, se la están robando toda».
«Además, materialmente sería imposible despedir a miles de trabajadores ya que el Estado está funcionando con un piso mínimo de prestaciones sostenidas casi de manera exclusiva por el esfuerzo de los trabajadores. Una sola cesantía más y se dejarán de prestar servicios esenciales», agregó el referente estatal.
«Si realmente quisieran cumplir la promesa de terminar con los ñoquis y con los curros en el Estado, la tienen en bandeja: lo tienen que echar a Adorni. Con los casi 300 trabajadores que hizo ingresar a la Administración Pública como asesores, consultores, asistentes administrativos, e incluso con roles pocos claros como ‘referentes de comunicación’, y cuyos salarios promedios son de al menos 2 millones de pesos, la Secretaría de Comunicación gasta casi $47 mil millones al mes. Si echan a Adorni, sí podrían mostrar que van contra la casta y la corrupción en el Estado», concluyó Aguiar.
Según las averiguaciones que pudo hacer el sindicato, se trataría de casi 27.000 despidos durante en el 2026, de los cuales entre 5.000 y 6.000 serían intentados durante el corto plazo.
ATE puso en alerta máxima en aquellos organismos que serían los principales apuntados, como ANSES, CONICET, INTA, INTI, Senasa, el Archivo General de la Nación, Conadis, Enargas, ENRE, Enacom, INDEC, CONEAU y ARCA, entre otros.
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Weretilneck confirmó aumento para docentes: «Cumplimos la palabra»
En los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%.
El gobernador Alberto Weretilneck confirmó que las y los docentes rionegrinos recibirán el aumento salarial y las sumas comprometidas, a pesar del rechazo de la UnTER a la propuesta. «Vamos a cumplir con lo que habíamos acordado en paritarias, más allá de la decisión del gremio de declarar insuficiente la propuesta. Nuestro compromiso es con cada docente rionegrino», afirmó.
«La decisión ratifica el rumbo de una gestión que prioriza el cumplimiento de la palabra y el sostenimiento del sistema educativo, aún en un contexto económico complejo y de caída de recursos», agregó.
En este marco, Weretilneck anunció que en los haberes de marzo se aplicará un incremento del 5,29%, correspondiente a la inflación de los últimos meses. Además, se abonará un bono de $250.000 en dos cuotas, comenzando con el primer pago este viernes (20/03).
La medida también incluye mejoras concretas para sectores específicos: 130 escuelas de la Región Andina y Sur tendrán un incremento en el ítem de ubicación que va del 20% al 40%, y se elevaron los topes de movilidad para docentes que recorren más de 1.800 km mensuales y supervisores que superan los 2.500 km.
A través de sus redes sociales, el gobernador remarcó que la Provincia sostiene estas decisiones en un escenario adverso. «A pesar de la pérdida de recursos y de las dificultades económicas que atraviesa el país, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los trabajadores públicos tengan la mejor remuneración posible», concluyó.
