Judiciales
Enrique Mansilla: «El Poder Judicial resuelve más de 55 mil conflictos cada año»
El presidente del STJ cerró las jornadas «Otras Miradas».
Hoy (21/11) se cerraron las jornadas «Otras Miradas» sobre la planificación, que convocaron a especialistas del Invap, juristas, de fundaciones solidarias, académicos de las dos universidades nacionales con sede en Río Negro y especialistas en desarrollo local.
Abrió la última jornada María del Carmen Battaini, presidenta de la Jufejus, quien destacó los procesos de planificación estratégica, con una especial mención a la provincia de Río Negro.
Como el objetivo de las jornadas era escuchar y compartir otros puntos de vista sobre la planificación, se debatió en paneles con las miradas Institucional, Judicial, Académica, Local, Creativa y Social.
Hoy las docentes e investigadoras Graciela Landriscini, en representación al rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, y Evelyn del Valle Colino, de la UNRN, aportaron la mirada académica sobre la planificación. Ambas hicieron aportes teóricos y de marcos conceptuales para los procesos de planificación.
La mirada social la aportó Eduardo Oderigo, miembro de la Fundación Espartanos, que coordina el programa “Rugby en las cárceles”, y los integrantes de la Fundación Emaús, Rodrigo Rapela y José María Lynch, que brinda contención a personas sin techo en Bariloche.
Por su parte, Julio Quinto Costa Paz explicó las tareas de planificacion e implementación, con constantes adaptaciones a las situaciones económicas del país, de la producción de elementos para la exploración hidrocarburifera.
También en un panel se compartieron las experiencias planificadoras de los poderes judiciales de Córdoba, Tierra del Fuego y la provincia anfitriona.
Al cerrar, el presidente del STJ, Enrique Mansilla, destacó que «lo normal es que se pueda solucionar un conflicto de manera consensuada. Es la modalidad que lleva pacificación. Un buen índice de gestión es que se reduzca la litigiosidad y se incrementen los métodos adecuados de resolución de conflictos».
Resaltó que «por año, el Poder Judicial de Río Negro resuelve más de 55 mil conflictos por año. Solo un 5 por ciento tienen que ver con cuestiones penales, pero la evaluación social mucha veces tiene en cuenta este único componente».
Luego, junto al titular del CPE, Alfredo Bozzetti, rescató el proceso de planificación estratégica en la provincia.
El Poder Judicial de Río Negro cuenta con el Centro de Planificacion Estratégica, que representa una política pública que ha trascendido a cada de las presidencias del STJ. Ha permitido la participación de más de 200 agentes judiciales que, en un plano horizontal, formularon decenas de proyectos para mejorar el servicio de administración de justicia.
Cada uno de los jueces del STJ forma parte de una unidad de planificación. Entre las mejoras puntuales recientes se encuentran la reformulación del funcionamiento del fuero de familia en Bariloche, cuestiones de aceleración y transparencia en los trámites administrativos, mejoras en los procesos de mecanismos de acceso a justicia, entre muchos otros.
El proceso de planificación en Rio Negro, que puede consultarse en los libros digitales de acceso público a través de la web institucional, fue destacado por distintos panelistas por su celeridad y medicion de resultados concretos.
Judiciales
Fallo del STJ define sobre el deber de cuidado en las escuelas: Dos niños se golpearon mientras jugaban
Uno de los estudiantes quedó con secuelas. La Justicia sostuvo que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño».
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la responsabilidad del Estado por un accidente que sufrió un niño de 4 años en un jardín del Alto Valle. Señaló que los establecimientos educativos tienen la obligación legal de «sustituir a sus padres en el cuidado y vigilancia del niño mientras su guarda se encuentra temporalmente delegada».
En este caso, el accidente se produjo cuando el niño fue embestido por otro compañero de mayor contextura física, cayó al suelo y se golpeó. Quedó con secuelas. La sentencia de la Cámara había valorado que el pequeño tuvo un «rol pasivo» y que el hecho ocurrió en un entorno que debió estar controlado por los adultos responsables. La sentencia aclara que no puede hablarse de «culpa de la víctima» tratándose de un niño de tan corta edad.
El fallo del STJ recalcó que «no es posible proponer que la víctima -al momento del hecho un niño de cuatro años de edad- tome precauciones para no dañarse, que no está a su alcance prever. La sentencia ratificó que el deber de seguridad en el ámbito escolar “tiene la tácita obligación -de resultado- de asegurar la indemnidad psicofísica de las personas que quedan a su cargo».
«El fundamento último de la responsabilidad de los establecimientos educativos no radica en el deber de vigilancia de los docentes o directivos, sino en la garantía de indemnidad de origen legal que presupone el poder de control que debe ejercer la autoridad educativa», dice el fallo. En este marco, «no importa si efectivamente pudo o no controlar, sino su obligación de hacerlo».
El Tribunal Superior citó doctrina jurídica que refuerza este enfoque. Se destacó que «los niños deben ser amparados, inclusive ante las contingencias derivadas de sus propias travesuras, porque ignoran los peligros y poseen un sentimiento de alegre y desinteresada omnipotencia y desenfreno».
Si bien el fallo confirmó la atribución de responsabilidad a la Provincia, modificó parcialmente las reparaciones establecidas por la Cámara Civil de Roca. El Superior Tribunal revocó el reconocimiento del daño psicológico como rubro autónomo. La decisión se basó en la falta de fundamento técnico adecuado y una serie de inconvenientes que presentó la pericia.
Judiciales
Ordenan al Estado limitar descuentos por préstamos en el salario de una docente
La trabajadora expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales.
Una trabajadora del sistema educativo de Río Negro obtuvo una sentencia favorable para frenar retenciones que reducían su salario a niveles extremos. El fallo, dictado por la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche, dispuso que el Ministerio de Educación no podrá descontar más del 20% de su sueldo neto en beneficio de entidades financieras y mutuales.
La presentación judicial se realizó en marzo de este año mediante una acción sumarísima. La profesional expuso que en los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025 los descuentos alcanzaron el 100% de sus haberes mensuales. En febrero, la liquidación dejó disponible apenas el 14% de su salario. Acompañó documentación oficial que acreditaba las cifras denunciadas.
Según consta en el expediente, las deducciones estaban vinculadas a préstamos personales tomados con las entidades MUT.REG.SUR, AMSER, MEPUC, CREDIT NOW y U.P.A.M. La mujer solicitó que se aplicara el límite previsto en el Decreto-Ley N° 6754/43, norma ratificada por Ley Nacional, que establece un tope del 20% para este tipo de retenciones.
El Ministerio de Educación, representado por Fiscalía de Estado, negó los términos del planteo y pidió el rechazo de la demanda. Las partes fueron citadas a una audiencia de conciliación obligatoria conforme lo establece la Ley P 5631, sin lograr un acuerdo.
La sentencia remarcó que los descuentos aplicados por vía administrativa no pueden superar los topes legales vigentes, aun cuando deriven de convenios firmados de forma voluntaria por la trabajadora. El fallo también señaló que los embargos judiciales -sujetos a revisión y autorizaciones expresas- no permiten alcanzar porcentajes de descuento similares.
El Tribunal dispuso que las deducciones sobre los haberes de la trabajadora no podrán superar el 20% de su salario neto, una vez realizadas las quitas obligatorias por ley. Además, ordenó que la maestra indique en un plazo de 48 horas a cuál de las entidades acreedoras debe destinarse ese porcentaje. En caso de no comunicar esa decisión, el monto será distribuido de forma proporcional entre las cinco instituciones involucradas. La sentencia de primera instancia no está firme y se encuentra dentro de los plazos de revisión.
Judiciales
Solicitó licencia por embarazo de alto riesgo y al volver le negaron tareas: Un fallo condenó el despido ilegal
Ahora deberán indemnizarla, con varios ítems incluidos como vacaciones no gozadas, sueldos impagos, entre otros.
Una mujer que trabajaba en una clínica privada solicitó una licencia por embarazo de alto riesgo. Ella y su bebé necesitaron cuidados médicos antes, durante y después del parto. Cumplía turnos rotativos de lunes a domingo por periodos de ocho horas y tenía una antigüedad de nueve años.
La clínica le otorgó la licencia, pero dejó de pagarle el sueldo regularmente. Cuando se reincorporó al trabajo, la patronal le informó sobre una suspensión por reducción de pacientes en el centro de salud y le negó las tareas. La mujer se dio por despedida.
La Cámara Laboral de Roca confirmó el despido indirecto en contexto de embarazo y condenó a la empleadora a indemnizar a la trabajadora. Además, deberán abonarle antigüedad, preaviso, integración del mes de despido, vacaciones no gozadas y sueldos impagos.
El tribunal realizó un análisis sobre la protección de la maternidad. Citó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en la cual el Estado asume la obligación de prohibir el despido por motivos de embarazo. También mencionó la Ley de Protección Integral de las Mujeres y la Convención de Belém do Pará, que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y reconoce la vulnerabilidad asociada al embarazo.
La Ley de Contrato de Trabajo prevé una indemnización especial para la mujer embarazada cuando el despido se produce dentro del lapso de 7 meses y medio anteriores o posteriores al parto.
La empresa fue declarada en rebeldía procesal por no presentarse al juicio. Esta situación generó la presunción de veracidad sobre los hechos expuestos por la trabajadora. El Tribunal consideró probado que la clínica incurrió en reiterados incumplimientos contractuales, incluida la falta de pago de salarios y la omisión de asignarle tareas tras su licencia por maternidad.
El Tribunal confirmó que el despido indirecto fue consecuencia exclusiva de la conducta patronal, al haberse producido dentro del período de protección legal por embarazo. También se ordenó a la empresa entregar los certificados laborales en un plazo de 90 días, bajo apercibimiento.
