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Enrique Mansilla: «El Poder Judicial resuelve más de 55 mil conflictos cada año»

El presidente del STJ cerró las jornadas «Otras Miradas».

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Hoy (21/11) se cerraron las jornadas «Otras Miradas» sobre la planificación, que convocaron a especialistas del Invap, juristas, de fundaciones solidarias, académicos de las dos universidades nacionales con sede en Río Negro y especialistas en desarrollo local.

Abrió la última jornada María del Carmen Battaini, presidenta de la Jufejus, quien destacó los procesos de planificación estratégica, con una especial mención a la provincia de Río Negro.

Como el objetivo de las jornadas era escuchar y compartir otros puntos de vista sobre la planificación, se debatió en paneles con las miradas Institucional, Judicial, Académica, Local, Creativa y Social.

Hoy las docentes e investigadoras Graciela Landriscini, en representación al rectorado de la Universidad Nacional del Comahue, y Evelyn del Valle Colino, de la UNRN, aportaron la mirada académica sobre la planificación. Ambas hicieron aportes teóricos y de marcos conceptuales para los procesos de planificación.

La mirada social la aportó Eduardo Oderigo, miembro de la Fundación Espartanos, que coordina el programa “Rugby en las cárceles”, y los integrantes de la Fundación Emaús, Rodrigo Rapela y José María Lynch, que brinda contención a personas sin techo en Bariloche.

Por su parte, Julio Quinto Costa Paz explicó las tareas de planificacion e implementación, con constantes adaptaciones a las situaciones económicas del país, de la producción de elementos para la exploración hidrocarburifera.

También en un panel se compartieron las experiencias planificadoras de los poderes judiciales de Córdoba, Tierra del Fuego y la provincia anfitriona.

Al cerrar, el presidente del STJ, Enrique Mansilla, destacó que «lo normal es que se pueda solucionar un conflicto de manera consensuada. Es la modalidad que lleva pacificación. Un buen índice de gestión es que se reduzca la litigiosidad y se incrementen los métodos adecuados de resolución de conflictos».

Resaltó que «por año, el Poder Judicial de Río Negro resuelve más de 55 mil conflictos por año. Solo un 5 por ciento tienen que ver con cuestiones penales, pero la evaluación social mucha veces tiene en cuenta este único componente».

Luego, junto al titular del CPE, Alfredo Bozzetti, rescató el proceso de planificación estratégica en la provincia.

El Poder Judicial de Río Negro cuenta con el Centro de Planificacion Estratégica, que representa una política pública que ha trascendido a cada de las presidencias del STJ. Ha permitido la participación de más de 200 agentes judiciales que, en un plano horizontal, formularon decenas de proyectos para mejorar el servicio de administración de justicia.

Cada uno de los jueces del STJ forma parte de una unidad de planificación. Entre las mejoras puntuales recientes se encuentran la reformulación del funcionamiento del fuero de familia en Bariloche, cuestiones de aceleración y transparencia en los trámites administrativos, mejoras en los procesos de mecanismos de acceso a justicia, entre muchos otros.

El proceso de planificación en Rio Negro, que puede consultarse en los libros digitales de acceso público a través de la web institucional, fue destacado por distintos panelistas por su celeridad y medicion de resultados concretos.

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Condenaron a 6 años de prisión a Emiliano Gatti

El periodista siguió la lectura de la sentencia por Zoom.

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Foto: Archivo.

Este mediodía (16/09), el Tribunal integrado por los jueces Verónica Hernández, Emilio Stadler y Luciano Garrido condenó al periodista Emiliano Gatti a seis años de prisión de cumplimiento efectivo, por los delitos de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

El periodista siguió la sentencia vía Zoom, desde Bahía Blanca. También lo hicieron de forma virtual la fiscal Graciela Etchegaray y la abogada querellante por la Asociación Madres que Rompen el Silencio, Gabriela Prokopiw.

Gatti fue declarado culpable del delito de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil en junio pasado.

Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado 8 años de prisión y la querella 10 años de prisión efectiva.

Ampliaremos.

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No pudo estudiar ni trabajar durante el matrimonio: Recibirá una compensación económica tras el divorcio

Durante los próximos dos años el hombre deberá aportarle un porcentaje de sus ingresos.

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En los 18 años que duró el matrimonio, un hombre ascendió seis veces en su carrera profesional mientras que la esposa no pudo estudiar ni trabajar: se dedicó exclusivamente a cuidar a la hija de ambos y no pudo arraigarse en ninguna ciudad por los reiterados traslados que imponía el trabajo del marido. Luego del divorcio, quedó en evidencia el claro desequilibrio que se había generado entre ambos.

Una sentencia de Familia le reconoció a la mujer el derecho a una compensación económica por parte de su ex marido. Ese dinero le permitirá, ahora, capacitarse y generar herramientas para tratar de insertarse en el mercado laboral. Durante los próximos dos años el hombre deberá aportarle un porcentaje de sus ingresos, que no podrá ser inferior al 40% de un Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La compensación económica es un derecho reconocido por el Código Civil y Comercial de la Nación a favor de cualquiera de los integrantes de una pareja cuando el divorcio le produce «un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación». Para que exista el derecho es necesario que ese desequilibrio tenga como causa «el vínculo matrimonial y su ruptura».

«Encuentro que se ha configurado un desequilibrio manifiesto, concretamente en la imposibilidad que tuvo la actora de capacitarse durante el matrimonio, generando un menoscabo al momento de terminar la relación, quedando ella sin empleo, al cuidado de la adolescente, sin estudios, sin aportes y con limitadas probabilidades de reinserción laboral. Por su parte el demandado continuó su carrera en la policía, en donde durante el matrimonio fue recategorizado cinco veces y con posterioridad una vez más», indicó la jueza a cargo de la Unidad Procesal de Familia N° 16 de Roca.

En el juicio, la mujer y una testigo relataron que durante el matrimonio el hombre «nunca le permitió» trabajar ni tener una vida social activa. Según relató la señora en la demanda, cuando ella quiso retomar la secundaria en una escuela nocturna, «el marido le dijo que se fijara cómo iba a pagarse el colectivo y que la comida debía estar en la mesa» cuando él regresara de trabajar. El demandado, en su descargo, negó esa situación y aseguró que él la motivaba para que estudie o trabaje.

Ante esa contradicción la jueza definió. «Puede que no se le haya impedido a la señora salir a trabajar, pero ciertamente, siendo el proveedor el señor y en el reparto de roles que pactaron como pareja, ella era quien se veía más obstruida de alguna manera para hacerlo».

La jueza tuvo en cuenta que ahora, tras casi dos décadas de dependencia económica, «los requerimientos del mercado laboral han cambiado y se necesitan otras herramientas para conseguir trabajos rentables», lo que agrava la desventaja.

Hoy la mujer tiene cerca de 45 años y está realizando cursos de capacitación. Al presentar la demanda había pedido una compensación económica por la misma cantidad de años que duró el matrimonio, pero la jueza definió un plazo de dos años destinado a equilibrar la falta de formación laboral. Contempló, por otra parte, que el hombre cumple correctamente con la cuota alimentaria para la hija y que está garantizada la vivienda familiar para ambas.

El aporte mensual facilitará que la mujer «se perfeccione o en su caso se inserte o fortalezca en el mundo laboral o propicie sus propios ingresos, que la habiliten a generarse su sustento». Además, en ese lapso podrán liquidar y distribuirse los bienes gananciales obtenidos durante la unión «y de esta manera recomponer la desigualdad que se generó al momento de la separación».

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Acoso laboral: 84 denuncias en lo que va del año

La nueva ley entró en vigencia en marzo de 2023 y en menos de un año las Cámara del Trabajo recibieron 186 demandas de este tipo.

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En lo que va de 2024, el Poder Judicial tramitó 84 denuncias por acoso laboral. La nueva ley entró en vigencia en marzo de 2023 y en menos de un año las Cámara del Trabajo recibieron 186 demandas de este tipo.

La Ley de Procedimiento Laboral 5.631 rige en la provincia desde el 16 de marzo de 2023. En materia de violencia, el artículo 72 establece que se puede promover un juicio sumarísimo cuando dentro del ámbito laboral las personas dependientes sean víctimas de acoso.

La norma incluye a la violencia, el acoso o cualquier comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral, ya sea como amenaza o acción consumada, por cualquier medio, y que provengan tanto de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.

Las actuaciones se rigen por los principios de celeridad, reserva, confidencialidad, autonomía, gratuidad y no revictimización. La presentación o denuncia de violencia o acoso laboral se formulan vía digital, electrónica, telefónica o por cualquier otro medio.

La nueva ley de procedimiento laboral es única en el país ya que permite la litigación remota e incorpora capítulos especiales como el de violencia laboral.

Durante el primer semestre de 2024, los ingresos al fuero Laboral acumularon un total de 2.362 expedientes nuevos. En este periodo también se dictaron 2.903 sentencias y se realizaron 1.788 audiencias, número que incluye a las conciliaciones y a las vistas de causa.

Los datos surgen del informe estadístico elabora el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

El fuero Laboral de la provincia está compuesto por una Cámara del Trabajo en Viedma, dos en Roca, otras dos en Bariloche y una en Cipolletti. Todas administran sus expedientes a través de las Oficinas de Tramitación Integral. El nuevo modelo implica la separación de la tarea jurisdiccional de la administrativa y de mero trámite. La Oficina de Tramitación Integral ofrece todo el soporte administrativo que requiere cada proceso y tiene a su cargo los trámites de ejecución de sentencias, honorarios, acuerdos homologados, pagos y transferencias.

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