Judiciales
Dos meses de prisión preventiva para Báez
Así lo determinó el juez Camarda en la audiencia de formulación de cargos.

En la audiencia de formulación de cargos de este mediodía (10/10), el juez Maximiliano Camarda resolvió la prisión preventiva por dos meses para el presidente de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), Miguel Ángel Báez. Así lo había solicitado la Fiscalía a cargo de Teresa Giuffrida junto a la adjunta Natalia Pascual.
La fiscal había pedido la prisión preventiva de Báez basándose en que «existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa». En tanto la defensa del dirigente sindical, Ailén Roca, consideró que no está fundado el riesgo de fuga puesto que el dirigente siempre se puso a derecho de manera voluntaria.
No obstante, el juez Camarda ratificó el pedido de la Fiscalía y dictaminó dos meses de prisión preventiva para Báez.
Según la acusación fiscal, el hecho que se le imputa es el ocurrido el «7 de octubre pasado, cerca de las 9 de la mañana, cuando el hombre junto a un numeroso grupo de personas, aún no identificadas, ingresaron intempestiva y violentamente al edificio de la Municipalidad«.
«Para entrar lo hicieron rompiendo con sus pies los cristales inferiores de las hojas de la puerta principal de acceso al lugar, provocando aberturas y así accedieron al edificio. Una vez en el interior se abalanzaron sobre un empleado policial, lo insultaron y lo agredieron con golpes de puño, llevándolo hacia el sector de baños, donde el hoy imputado lo amenazó», explicaron las fiscales.
La Fiscalía describió que «minutos después, el mismo policía recibió un impacto con un elemento contundente que golpeó su cabeza del lado izquierdo y el hombro del mismo lado, provocándole lesiones que fueron calificadas como leves».
«A su vez, ya en el hall central del Municipio, el imputado junto con el resto de los manifestantes, comenzaron a arrojar sillas contra las columnas y paredes, y con palos y piedras habían provocaron daños en los boxes de atención al público, y en la oficina de Tránsito», mencionaron.
Las representantes del Ministerio Público Fiscal dijeron que «de esta manera, los nombrados turbaron la posesión del inmueble e impidieron el normal desarrollo de las actividades propias de quienes trabajan allí, además de haber agredido al personal policial que concurrió al lugar».
«Permanentemente el imputado incentivaba al grupo de personas a que llevaran a cabo las conductas descriptas en venganza a que el ejecutivo Municipal habría entregado terrenos de loteos sociales a militantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), y no a miembros de las Organizaciones ODEL y CTA”, dijo la Fiscalía.
La calificación legal provisoria por la que acusó la fiscalía fue la de daño agravado; amenazas; lesiones; atentado a la autoridad agravado por haber sido cometido por una reunión de más de tres personas y poner manos en la autoridad; perturbación al ejercicio de las funciones públicas; instigación a cometer delitos; turbación a la posesión, todo en concurso real, y en calidad de autor.
El sustento probatorio con que cuenta la Fiscalía para realizar la imputación es la denuncia efectuada desde la Municipalidad, DVDs de las cámaras de seguridad del Municipio, se suman los dichos de los empleados policiales y el croquis aportado por la Comisaria Tercera. La fiscal Giuffrida describió que está además el informe del Gabinete de Criminalística, respecto de los daños ocasionados, el secuestro de un pedazo de madera de álamo, entre otras pruebas.
«Hay elementos de convicción suficiente para sostener la participación del hombre en los hechos. A lo que se agrega que según los delitos descritos la pena en expectativa sería efectiva», agregó Giuffrida.
«Además debemos mencionar los riesgos procesales. Por un lado, el peligro de fuga, basándonos en que cuando se lo va a notificar del inicio de la causa, se concurre al domicilio, el mismo que fijó hoy en esta audiencia, y no fue hallado. Se verifica en la constancia que figura en el legajo, que la mujer que atendió a personal policial en ese lugar dijo que el sujeto no vive más allí», dijo Giuffrida.
«Pesan además las amenazas proferidas al policía que resultó herido. Entonces, visto la violencia ejercida, las amenazas, las entrevistas que restan realizan, buscar a otros posibles testigos que podrían haber estado en el lugar, ya que esto ocurrió en horario de atención al público, es que esta fiscalía solicita esta medida cautelar para impedir que se entorpezca la investigación por el término de 2 meses», agregó.
En la audiencia se explicó además que «no es la única causa que tiene el señor, cuenta con otra similar y surge de sus antecedentes una suspensión de juicio a prueba del Juzgado Federal, en junio de 2018. Allí se detallan como condición para sostener la probation que no cometa nuevos delitos y además que no sean acciones destinadas contra bienes públicos. Por eso insistimos en que si ha hecho caso omiso a estas medidas, la preventiva no es arbitraria y es proporcional».
Tras escuchar las argumentaciones de la defensora particular, el juez interviniente Maximiliano Camarda además de tener por formulados los cargos tal como los esgrimió la Fiscalía, resolvió el plazo de la prisión preventiva en dos meses.
Judiciales
Pagó una hamburguesa que nunca recibió y la empresa deberá indemnizarla con $350.000
La consumidora inició una demanda por incumplimiento de un contrato de consumo y reclamó más de un millón de pesos. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo que fue homologado judicialmente.

Una consumidora que pagó un pedido de hamburguesas que nunca recibió consiguió una reparación económica de $350.000, luego de recurrir a la Justicia por incumplimiento de un contrato de consumo. El acuerdo fue alcanzado con la empresa Arcos Dorados Argentina S.A. y homologado por el Poder Judicial.
El hecho ocurrió el 28 de mayo, durante el Día Internacional de la Hamburguesa, cuando la mujer realizó una compra a través de la aplicación de una cadena de comidas rápidas. Después de efectuar el pago, recibió una confirmación que indicaba: «Ya recibimos tu pedido».
Sin embargo, cuando se presentó en el local para retirar la comida, le informaron que no podían entregársela porque la operación no se había procesado correctamente. La consumidora se retiró sin el pedido e inició el trámite para recuperar el dinero.
Pese a realizar varios reclamos a través del asistente virtual y por correo electrónico, no consiguió una respuesta favorable ni el reintegro del importe abonado.
Ante esa situación, presentó una demanda de menor cuantía ante el juzgado de Paz de Cipolletti. Reclamó la devolución del dinero con intereses, una indemnización por daño moral y una multa por daño punitivo. El monto total solicitado superaba el millón de pesos.
El juzgado convocó a una audiencia de conciliación, a la que la mujer asistió acompañada por su abogado. La empresa, pese a estar debidamente notificada, no contestó la demanda ni se presentó al encuentro. Por ese motivo, se hizo efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 700 del Código Procesal Civil y Comercial.
Posteriormente, las partes comunicaron que habían alcanzado un acuerdo y solicitaron su homologación. Tras revisar las condiciones, el juzgado consideró que el convenio constituía «una justa composición de los derechos e intereses de las partes».
El acuerdo se encuadró jurídicamente en la figura de la transacción, contemplada en el artículo 1641 y siguientes del Código Civil y Comercial, que permite poner fin a un litigio mediante concesiones recíprocas. Con la homologación judicial, el convenio adquiere fuerza de sentencia.
De acuerdo con lo establecido, la empresa deberá pagar $350.000 mediante transferencia bancaria dentro de los 30 días posteriores a la firma del convenio. Una vez realizado el pago, la obligación quedará extinguida.
El pedido había sido realizado en un local de McDonald’s ubicado en el Alto Comahue Shopping de Neuquén. Según el fallo, la cadena opera comercialmente en Argentina a través de Arcos Dorados Argentina S.A., que fue la firma demandada.
Judiciales
La Justicia de Roca le otorgó el uso de la vivienda familiar a una mujer que sufrió violencia de género
El hombre se encuentra detenido en una causa por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. La resolución priorizó el derecho de los niños a contar con una vivienda.

Una mujer de General Roca que debió abandonar su vivienda junto a sus hijos debido a reiteradas situaciones de violencia de género obtuvo un fallo favorable de la Justicia de Familia, que le atribuyó el uso del inmueble para que pueda volver a habitarlo con ellos.
La mujer había denunciado agresiones físicas y psicológicas, amenazas y conductas de control por parte de su pareja, en una relación marcada por separaciones y reconciliaciones. La gravedad de los episodios la llevó a retirarse del hogar familiar con sus hijos y apenas algunas pertenencias, dejando muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos adquiridos durante la convivencia.
El hombre quedó detenido en el marco de una causa penal por tentativa de femicidio, desobediencia a una orden judicial y coacción simple. Ante la situación habitacional y económica que atravesaba, la mujer inició una acción judicial para solicitar que se le otorgara el uso de la vivienda, ya que no contaba con ingresos suficientes para acceder a otra alternativa adecuada.
Después de la separación, el hombre había destinado la propiedad al alquiler de terceros. La mujer denunció que los ocupantes retiraron muebles, electrodomésticos y otros elementos, además de provocar daños en la construcción. Cuando intentó recuperar el inmueble, encontró otro impedimento: la madre de su expareja tenía el control de la casa y no le permitió ingresar.
Para resolver el planteo, la jueza valoró declaraciones testimoniales, informes sociales, documentación de organismos públicos y antecedentes judiciales vinculados con situaciones de violencia familiar. También tuvo en cuenta un relevamiento municipal que identificó a ambos integrantes de la pareja como ocupantes del terreno y constató que habían construido allí una vivienda con recursos propios, préstamos y asistencia social. A esto se sumó un certificado del Registro Nacional de Barrios Populares que vinculaba al grupo familiar con el inmueble.
La sentencia reconoció las desigualdades que atraviesan las mujeres víctimas de violencia y señaló que estos casos deben analizarse considerando las dificultades para acceder a la justicia, recuperar la autonomía y reconstruir los proyectos de vida.
La magistrada aplicó las disposiciones del Código Civil y Comercial que permiten atribuir el uso de la vivienda familiar a quien tiene a su cargo hijos menores de edad o carece de recursos para acceder a otro hogar. También consideró que la obligación alimentaria de los progenitores incluye garantizarles a sus hijos un lugar donde vivir.
En ese marco, entendió que el plazo de dos años previsto para las uniones convivenciales no debía limitar el derecho habitacional de los niños. La decisión también se sustentó en las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia y contra la violencia de género, que establecen la prioridad del interés superior de los hijos y contemplan la situación de vulnerabilidad de las mujeres que sufrieron violencia.
La jueza tuvo especialmente en cuenta las responsabilidades de crianza asumidas por la mujer desde una edad temprana, las agresiones padecidas y las consecuencias económicas y habitacionales de haber tenido que abandonar la casa para protegerse.
Finalmente, resolvió atribuirle el uso de la vivienda para que pueda habitarla con sus hijos hasta que el menor alcance la mayoría de edad, siempre que se mantengan las circunstancias que fundamentaron la decisión. Aclaró que el fallo no determina quién es propietario del inmueble, sino que reconoce el derecho de uso en función de las necesidades acreditadas. La medida podrá hacerse efectiva siempre que no afecte eventuales derechos reales de terceros ajenos al proceso.
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Reconoció haber acosado por WhatsApp a una adolescente de 14 años y fue condenado
El acusado afirmó que durante casi 15 días de septiembre de 2023 mantuvo conversaciones de contenido sexual con la joven. Recibió 6 meses de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta durante 2 años.

Un hombre de 43 años fue condenado a 6 meses de prisión condicional por el delito de grooming, luego de reconocer que durante casi 15 días de septiembre de 2023 le envió mensajes de contenido sexual por WhatsApp a una adolescente de 14 años.
La fiscal del caso, Natalia Pascual, explicó que las conversaciones tenían una clara intención de avanzar contra la integridad sexual de la joven. Según expuso durante la audiencia, la intervención de la madre y de una hermana mayor permitió que la conducta cesara y dio lugar al inicio de la investigación.
La fiscalía sustentó la acusación en la denuncia presentada por la madre de la adolescente, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y la declaración de la joven en Cámara Gesell. A esos elementos se sumó una extracción forense del teléfono celular de la víctima, realizada por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), dependiente del Ministerio Público.
El imputado reconoció su responsabilidad en el marco de un acuerdo pleno y aceptó la pena requerida. La víctima fue informada sobre los términos del acuerdo y manifestó expresamente su conformidad. Por su parte, el defensor penal público, Gustavo Viecens, no formuló objeciones.
Al dictar la sentencia definitiva, el juez Emilio Stadler consideró que la Fiscalía había presentado respaldo probatorio suficiente y que el acuerdo cumplía con los requisitos legales. En consecuencia, condenó al hombre a seis meses de prisión condicional, le impuso las costas del proceso y estableció reglas de conducta obligatorias durante dos años.
Entre las pautas fijadas se encuentran mantener actualizado el domicilio, no ausentarse por períodos prolongados sin autorización previa, abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes y no cometer nuevos delitos. También deberá presentarse cada tres meses ante el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL).
Además, se dispuso una prohibición estricta de acercamiento a la víctima en un radio de 200 metros y de establecer cualquier tipo de contacto con ella.









