Judiciales
Cuatro meses de prisión preventiva para el sujeto que ingresó a los tiros al Hospital
También está acusado de prender fuego un automóvil en el que dormían dos personas, en Cervantes.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos al hombre que ingresó al Hospital Francisco López Lima de General Roca en moto el pasado lunes (09/11). Además solicitó la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.
Cabe aclarar que la Fiscalía le imputó dos hechos más ocurridos en octubre, por los que el sujeto contaba con pedido de captura, y que tras la investigación policial pudo ser localizado el lunes.
Según la acusación pública, el “24 de octubre de este año, dos hombres se encontraban en la plaza del Barrio Puente Cero de Cervantes, cuando el imputado arribó al lugar y los increpó diciéndoles que se vayan, que sino los iba a prender fuego y matar. Tras escuchar esto, las dos víctimas se retiraron sintiendo temor”.
Horas más tarde, a algunas cuadras de la plaza, los dos hombres fueron atacados por el imputado mientras dormían en su vehículo. La fiscal adjunta expresó que “con la intención de dar muerte y actuando sobre seguro, prendió fuego el rodado, no logrando su cometido, ya que los hombres lograron salir del mismo. Uno de ellos sufrió lesiones en el cuello y en una mano, y el otro tuvo que ser hospitalizado, con más del 10% del cuerpo quemado”.
El último hecho fue el lunes pasado cerca de las 22.30, en calle Gelonch entre Maipú y Don Bosco de Roca, cuando el sujeto fue reconocido por personal del Cuerpo de Investigación Judicial de la Policía de Río Negro.
“Vieron al imputado sobre el que recaía orden de detención, se le da la voz de alto, pero se dio a la fuga, y allí se inició la persecución, que finalizó en las instalaciones del hospital Francisco López Lima, tras ser acorralado en el nosocomio por personal policial”.
La calificación legal por la cual se le formularon los cargos este mediodía fue la de “coacción, homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa, en concurso ideal con daño, todo con concurso real, con resistencia a la autoridad y quebrantamiento de una inhabilitacion judicial”.
Como sustento probatorio se mencionó entre otras evidencias, el acta policial de la Comisaria 22 de Cervantes, el acta de denuncia penal por una de las víctimas, el informe del Cuerpo de Investigación Judicial, en base al incendio acontecido en el auto, y la investigación posterior.
Un informe de pericia sobre el vehículo que fue prendido fuego, y que las causas del mismo se encuadrarían en que fue intencional.
Además, la Fiscalía presentó el acta de procedimiento del 9 de noviembre pasado, en relación a la aprehensión del imputado, y la copia del video de la cámara de seguridad del Hospital, donde se lo ve ingresar en una moto al nosocomio.
El defensor público penal que asiste al sujeto, solicitó al juez de Garantías interviniente que “no se tengan formulados los cargos, ya que hay una nulidad respecto de una de las pruebas”.
Prisión preventiva
La fiscal adjunta explicó que “teniendo en cuenta los hechos por los que fue imputado en esta instancia, no permitirían, en caso de recaer condena, una pena condicional para el sujeto. Además en el momento de cometer los delitos contaba con el beneficio de libertad condicional”.
“Para este Ministerio Público Fiscal existen elementos de convicción suficiente para considerar que el imputado es autor de los hechos investigados. Sumamos como riesgo procesal el peligro de fuga, ya que en relación a los hechos ocurridos en octubre, la prevención policial intentó ubicar al hombre pero no fue encontrado en el domicilio que había brindado”.
“Entonces, se concretó un allanamiento pero los resultados fueron negativos, y fue de suma importancia la intervención de la Brigada de Investigación para dar con el señor”, concluyó la fiscal.
De esta manera, el juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en los términos esgrimidos por la Fiscalía y otorgó un plazo de 4 meses de prisión preventiva, teniendo presente los argumentos brindados por el Ministerio Público Fiscal.
Judiciales
Crimen de Julián Dobra: Hay cuatro sospechosos detenidos
Se realizaron 20 allanamientos en simultáneo en diferentes puntos de Roca. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
El Ministerio Público Fiscal encabezó en la mañana de hoy (08/05) 20 allanamientos simultáneos que la Policía de Río Negro realizó en diversos domicilios de la ciudad de General Roca. Hay cuatro personas detenidas, por su presunta implicancia en la desaparición y posterior homicidio de Julián Dobra de la Canal.
Durante las próximas horas el equipo de la Fiscalía analizara evidencia para precisar el contenido de futuras instancias procesales. Entre las personas detenidas hay un menor de edad punible.
En la solicitud de allanamientos que el Juez en turno autorizó el martes, también habilitó que sean requisadas de aquellas personas mayores de edad que se encontraban en los domicilios y los vehículos. Los operativos se desarrollaron en los barrios 36 viviendas, Fiske Menuco, barrio Nuevo, Quinta 25, Malvinas, el radio céntrico y diversas tomas de la ciudad.
El pedido realizado en el marco de la investigación preliminar iniciada con la Brigada de Investigaciones al momento de denunciarse la desaparición del hombre, tuvo como objetivo el secuestro de teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento electrónico, calzados y cualquier tipo de elemento que hubieran podido pertenecer a la víctima o a su vehículo. La medida fue solicitada por la Fiscalía y su gestión se realizó en absoluta reserva para evitar cualquier entorpecimiento.
Como resultante a las personas que fueron demoradas, previa autorización jurisdiccional, se le realizó la extracción de muestras de ADN mediante hisopado, muestra odoríferas y se secuestraron sus prendas de vestir. Todos esos elementos, así como los celulares, serán peritados y cotejados con aquellos rastros obtenidos en el marco de la investigación en curso buscando evidencia que permita su vinculación al homicidio.
Judiciales
Formularon cargos contra la mujer que arrojó a su beba a la ruta: La niña quedó a resguardo de la SENAF
La joven de 19 años permanecerá en prisión preventiva.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una joven de 19 años acusada de haber agredido a su propia hija de 2 años, dejándola sola y empujándola hacia la Ruta Provincial N° 6 cuando ambas transitaban por la banquina. La mujer permanecerá en prisión preventiva y la niña quedó a resguardo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que avanza en la búsqueda de una familia solidaria.
En el inicio de la audiencia, ante los medios de comunicación presentes, la defensora de Menores requirió el resguardo de todos los datos de la víctima, mencionando lo normado por la Convención de los Derechos del Niño/a y las diversas leyes de protección integral a la niñez. Luego de ello, el juez determinó que la instancia procesal sea reservada e informada por las áreas oficiales de comunicación.
Seguidamente, la fiscal relató los hechos endilgados y expresó que «el 5 de mayo pasado a las 16 horas, en inmediaciones de la estancia avícola ubicada en la Ruta Provincial N° 6, camino a Paso Córdoba, la mujer transitaba por una de las banquinas junto a su hija de 2 años». En esas circunstancias, «la golpeó con una mochila y empujó a la menor a la cinta asfáltica». Luego cruzó la ruta y dejó a su hija sola en el medio de los vehículos que transitaban por el lugar. A causa del hecho, la niña sufrió un hematoma, pero presentaba además signos de agresión de larga data. Por ello, se le formularon cargos por los delitos de abandono de persona y lesiones leves, ambos agravados por el vínculo.
Seguidamente, la fiscal relató la evidencia, mencionando en primer término el acta de procedimiento suscripta por la Comisaría N° 48 de General Mosconi, donde se relata el hecho. Suman como sustento probatorio las historias clínicas previas que constan en el hospital local, el acta de entrega e intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el certificado médico en el que se constatan las heridas que le produjo a la niña la agresión, que implican un tiempo de curación menor a los 14 días. Agregan además informes del área de trabajo social del hospital y el informe de la Oficina de Atención a la Víctima, que trabajó desde el momento del hecho con los organismos estatales de protección.
La Fiscalía pidió además la prisión preventiva de la mujer por el mismo tiempo en que transcurra la investigación, argumentando riesgos tanto de entorpecimiento de la misma como de fuga. A ello adhirió la defensora de Menores. En tanto, el defensor oficial no manifestó objeciones a la formulación de cargos ni a la medida cautelar, pero sí pidió reducir el tiempo de la misma.
El juez de Garantías interviniente, finalmente, hizo lugar a todo lo requerido por la acusación, disponiendo la apertura de la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva, ambas por los próximos cuatro meses.
Judiciales
Rechazaron el pedido de información sobre la contratación de una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal
Había sido solicitado por el legislador peronista José Luis Berros.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió rechazar un mandamiento de ejecución interpuesto por el legislador provincial José Luis Berros (Vamos con Todos). El planteo buscó obtener acceso al contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo y una empresa privada encargada de supervisar licencias médicas del personal estatal. La presentación se basó «en los principios constitucionales de publicidad y transparencia administrativa».
La solicitud apuntó a que distintas áreas del Poder Ejecutivo -entre ellas, el Ministerio de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, el Ministerio de Educación y la aseguradora Horizonte Seguros S.A.- entregaran copia del contrato suscripto con la firma Dienst Consulting S.A. La acción invocó el artículo 44 de la Constitución provincial y el Código Procesal Constitucional, con el argumento de que la ciudadanía debe tener acceso a los actos administrativos.
El dictamen de la Procuración General, firmado por Jorge Crespo, al que el STJ remitió por compartir sus fundamentos, examinó la naturaleza jurídica de la presentación y la encuadró como un mandamiento de ejecución, previsto en el artículo 59 del Código Procesal Constitucional. Reconoció que el legislador se encontraba legitimado para iniciar la acción, pero concluyó que no se reunieron los requisitos que exige la normativa vigente para su procedencia formal.
El dictamen sostuvo que no se acreditaron los elementos esenciales para habilitar esta vía excepcional. En particular, indicó que el escrito inicial no demostró la urgencia extrema, la existencia de un daño irreparable ni la ilegalidad manifiesta en la negativa, condiciones requeridas por la ley para admitir este tipo de acción. Además, subrayó que el legislador Berros no aportó fundamentos suficientes para considerar que existió un «rehusamiento expreso» por parte de los organismos interpelados, uno de los presupuestos centrales que exige la figura.
Crespo también señaló que parte de la información solicitada había sido respondida por el Ministerio de Hacienda y por Horizonte Seguros S.A., mediante informes cursados ante la Legislatura. Esos documentos detallaron aspectos del contrato, describieron el servicio contratado y ofrecieron reportes de auditoría junto con antecedentes de la empresa prestadora. En función de esas respuestas, el dictamen concluyó que no se configuró una negativa rotunda que habilitara el uso de esta herramienta constitucional.
