Judiciales
Informe especial: Se cumplen 8 años de la condena a Freydoz por el crimen del ‘Gringo’ Soria
Un día como hoy pero del 2012, Susana Freydoz era condenada a 18 años de prisión por asesinar de un disparo al ex gobernador Carlos Soria.
Apenas diez meses después de haber asesinado a su marido Carlos Soria en aquella madrugada del primer día del 2012, Susana Graciela Freydoz fue condenada a 18 años de prisión. La lectura de la sentencia, con una sala de la Ciudad Judicial de General Roca repleta de medios locales y nacionales, duró más de seis horas.
Durante el juicio, Freydoz estuvo acompañada por su abogado Alberto Riccheri y el día de la condena, por su hija, la actual intendenta de Roca María Emilia Soria.
Entre lágrimas, la acusada escuchó su sentencia dictada por los jueces Gauna Kroeger y Fernando Sánchez Freytes, quienes coincidieron en los 18 años de prisión, mientras que la magistrada María E. García Balduini había votado por la prisión perpetua, pero quedó en minoría.
Desde el día del asesinato, estuvo varios días en coma por un intento de suicidio. Permaneció detenida en Allen, internada en Cipolletti y luego en una clínica privada en Almagro, Buenos Aires. Luego la trasladaron al Penal de Ezeiza, donde cumplió varios años de condena. A principios de este año fue beneficiada con arresto domiciliario.
Crónicas de LaSuperDigital del 20 de noviembre de 2012 – Por Eduardo Luis Fernández, quien siguió el caso desde el día cero.
18 años para Susana Freydoz
La Cámara Primera en lo Criminal de General Roca dio a conocer la sentencia por el homicidio de Carlos Soria, dictaminando 18 años de prisión para la imputada Susana Graciela Freydoz. A sala repleta, el Tribunal de juicio, presidido por el juez Carlos A. Gauna Kroeger, consideró por mayoría que «no existió inimputabilidad ni emoción violenta» a la hora de producido el hecho el pasado 1 de enero de 2012. Además, convirtieron en prisión preventiva su actual internación en la habitación Nº 9 del Área de Salud Mental del Hospital Doctor Pedro Mogillansky de Cipolletti.
Se encuentra en ese lugar, por sentencia del Juez de Instrucción que para preservar un integridad personal y en virtud de los informes de los peritos que decian que existia la posibilidad de que intente un suicidio y del cuadro depresivo que tenía después del hecho. María Emilia Soria, hija del matrimonio Freydoz-Soria, acompañó a su madre en la lectura de la sentencia. En la sala se encontraba también la hermana de Susana Freydoz y su familia, como asimismo allegados muy cercanos.
El juez Gauna Kroeger, junto al magistrado subrogante Fernando Sánchez Freytes, coincidieron en los dieciocho años de prisión para la imputada, mientras que la jueza María E. García Balduini había votado por la prisión perpetua, pero quedó en minoría. La jueza consideró que lo mató estando acostado y hasta dormitando y que no consideraba atenuantes por el hecho. Los jueces Gauna Kroeger y Sánchez Freytes vieron circunstancias extraordinarias de atenuación en las motivaciones del hecho y en virtud de la proporcionalidad que deben tener las condenas penales, coincidieron en la pena.
Para los magistrados quedó probado que la imputada, de 61 años de edad, fue quien disparó un revólver Smith & Wesson Special calibre 38 contra su marido, de 62 años, que se encontraba recostado sobre el lecho matrimonial, causándole graves lesiones destructivas y hemorrágicas en el cerebro, que lo llevaron a la muerte a los pocos minutos, a sólo 21 días de haber asumido la gobernación de la provincia de Río Negro.
La pena es menor a lo que había solicitado la Fiscal de Cámara doctora Laura Pérez, quien en su alegato había requerido prisión perpetua por homicidio calificado agravado por el vínculo y con uso de arma de fuego. Por su parte, el abogado defensor Alberto Riccheri había pedido la absolución de Freydoz, considerando su ininputabilidad.
Los jueces coincidieron que al ser un hecho que ocurrió en una habitación donde sólo habían dos personas, una de ellas la víctima que falleció y la otra la imputada, que en ningún momento del proceso prestó declaración y relató lo que sucedió, haciendo uso de su derecho constitucional, y ellos tuvieron que interpretar las circunstancias del hecho de acuerdo a las pruebas existentes. Por ello, incluso hubo diferencias entre los jueces sobre lo que creen que sucedió en la chacra de los Soria.
También los integrantes de Tribunal coincidieron en la crítica al accionar de los peritos de parte. Desecharon en forma total sus informes y declaraciones. Creen que se desvirtúa el papel de los peritos de parte, que la ley prevé que sean el control de los que actúan de oficio y que deben hacerlo con neutralidad.
Seis horas de lectura y repercusión nacional
Seis horas, sin interrupciones ni cuartos intermedios, duró la lectura de la sentencia por el juicio oral que la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca llevó adelante a Susana Freydoz. Cada uno de los jueces leyó su voto siendo el primero el del presidente de la Cámara Primera Carlos Gauna Kroeger.
Mucha expectativa había generado esta lectura y se vio en la cantidad de personas que colmaron la sala y la cantidad de medios de comunicación que cubrieron el hecho. Unas doce cámaras estuvieron registrando la decisión de la Cámara y algunas radios transmitieron en directo.
Una de ellas fue LRG 746 Súper Radio que fue tomada por varias emisoras de radio ubicadas en distintas zonas de la provincia.
La imputada, Susana Freydoz, permaneció casi inmutable sentada junto a su abogado defensor, a su hija María Emilia y a la acompañante terapéutica, muy cerca se encontraban los tres efectivos policiales que, vestidos de civil, tienen la responsabilidad de transportarla desde Cipolletti y custodiarla. Fue permitida la transmisión en directo de la lectura de la sentencia y muy rápido los canales de televisión de alcance nacional la emitieron en sus programaciones.
También, se encontraban cubriendo el final del juicio, cronistas de diarios y agencias de noticias de alcance nacional. Cerca del ingreso a la Ciudad Judicial se encontraban estacionados varios camiones de exteriores de televisión y móviles de radioemisoras. Por supuesto, como ocurrió durante todo el juicio, muchos medios locales y regionales estuvieron presentes.
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Suspendieron las líneas telefónicas de un papá por incumplir la cuota alimentaria
La medida judicial también le impidió contratar nuevos servicios hasta que acreditara un cumplimiento regular y sostenido de la obligación.
El fuero de Familia de Cipolletti ordenó la suspensión de las líneas telefónicas registradas a nombre de un progenitor que incumplió de forma reiterada con la prestación alimentaria destinada a sus hijos. La medida también le impidió contratar nuevos servicios hasta que acreditara un cumplimiento regular y sostenido de la obligación.
La resolución estableció que las empresas de telefonía debían hacer efectiva la restricción una vez que la decisión quedara firme. El tribunal también dispuso que las compañías informaran el cumplimiento de la orden dentro del plazo fijado en el expediente.
La progenitora solicitó la medida ante la falta de pago de la cuota alimentaria. El hombre recibió la notificación del planteo, pero no presentó una respuesta. Antes de resolver, el expediente incorporó el dictamen de la Defensoría de Menores.
El fallo señaló que en el trámite constaba una liquidación aprobada por alimentos adeudados. También indicó que la cuenta judicial no registró movimientos desde su apertura, ocurrida casi un año antes de la resolución. A partir de esos elementos, el tribunal consideró acreditada una conducta renuente frente a la obligación.
La decisión se apoyó en el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que autoriza a los jueces y juezas a imponer medidas razonables ante el incumplimiento reiterado de una obligación alimentaria. Esa norma exige que las disposiciones adoptadas resulten adecuadas al caso y guarden proporción con el objetivo perseguido.
Según la resolución, la prestación alimentaria constituye un derecho humano fundamental cuando beneficia a niñas, niños o adolescentes. El fallo sostuvo que el ordenamiento jurídico nacional e internacional exige una protección especial para las personas menores de edad debido a su situación de vulnerabilidad.
El tribunal citó la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. En particular, recordó que el interés superior de niñas y niños debe ocupar un lugar primordial en las decisiones que afecten sus derechos.
La sentencia también expresó que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente implica una forma de violencia económica hacia la progenitora. Sobre ese punto, mencionó las normas internacionales que reconocen la responsabilidad común de madres y padres respecto de la educación, el desarrollo y las condiciones de vida de sus hijos.
Se explicó que la legislación permite adoptar distintas medidas para procurar la eficacia de una sentencia alimentaria. La elección debe respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad, sin exceder los límites establecidos por el Código Civil y Comercial.
Con esos fundamentos, la magistrada hizo lugar al pedido y ordenó suspender las líneas existentes, además de impedir la contratación de otras nuevas. La restricción permanecerá vigente hasta que el progenitor cumpla la prestación alimentaria de manera regular y sostenida, conforme a lo dispuesto en el fallo.
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Circulaba en moto por la Ruta Chica, se deslizó y quedó bajo un auto: ¿Quién tuvo la responsabilidad?
El motociclista no logró probar las circunstancias del incidente vial ni demostrar una maniobra concreta que permitiera atribuirle los daños al automovilista.
Circulaba en moto por la Ruta Provincial N° 65, perdió el control, se deslizó sobre la calzada y quedó debajo de un auto que avanzaba en sentido contrario. A partir de ese hecho, el hombre promovió un juicio civil contra el conductor del otro vehículo, al que señaló como responsable de las lesiones que sufrió. Sin embargo, no logró probar las circunstancias del incidente vial ni demostrar una maniobra concreta que permitiera atribuirle los daños al automovilista.
En su presentación, sostuvo que transitaba de forma reglamentaria desde Cipolletti hacia Fernández Oro cuando ocurrió el impacto. También afirmó que sufrió heridas graves y que debió recibir atención médica durante un período prolongado. Con ese planteo, reclamó una reparación por distintos daños vinculados con secuelas físicas y psicológicas que describió en el expediente.
La causa se originó a partir de un choque entre una moto Appia Citiplus 110 y un Renault Clio. El conductor del auto rechazó la versión del motociclista y expuso que la moto perdió estabilidad antes del contacto con el automóvil. Según su descargo, al advertir la situación intentó esquivarla hacia la banquina, pero no pudo evitar el impacto. La aseguradora citada en garantía acompañó esa postura y pidió el rechazo total del reclamo.
En la sentencia, el Juzgado analizó el caso bajo las reglas de la responsabilidad civil extracontractual. Señaló que, aun cuando interviene una cosa riesgosa como un vehículo, quien reclama una reparación debe acreditar un conjunto mínimo de hechos concretos que permita reconstruir la mecánica del episodio y establecer un vínculo causal entre la intervención del rodado y los perjuicios invocados.
Uno de los puntos centrales del fallo pasó por la falta de precisión en la demanda. El Juzgado advirtió que la presentación inicial no describió de manera circunstanciada cómo ocurrió el hecho ni qué maniobra específica se le atribuyó al conductor del auto. Para la resolución, esa omisión resultó relevante porque la decisión judicial debía apoyarse en los hechos afirmados por las partes y luego probados en la causa.
La sentencia también destacó que la demanda partió de una versión en la que la caída de la moto ocurrió antes del contacto con el auto. Desde esa premisa, el reclamo apuntó a que el automovilista no evitó el impacto. Sin embargo, el Juzgado entendió que esa afirmación no contó con respaldo técnico suficiente para demostrar que existieron posibilidades reales de frenado o de maniobra para impedir el desenlace.
En ese punto, la pericia accidentológica producida en el expediente no logró precisar el punto exacto de impacto, ni establecer con certeza cuál de los vehículos revistió el carácter de embistente, ni reconstruir con solidez la mecánica completa del hecho. A eso se sumó que las personas que declararon como testigos no presenciaron el episodio.
El fallo además valoró constancias incorporadas desde la causa penal, donde la hipótesis considerada más verosímil ubicó el origen del siniestro en la pérdida de control de la motocicleta y en su irrupción sobre el carril contrario. Con ese cuadro probatorio, el Juzgado rechazó la demanda y también liberó a la aseguradora de toda obligación de cobertura en el caso. La sentencia correspondió a la primera instancia y todavía no quedó firme, ya que puede ser apelada.
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Golpeó a su ex pareja hasta dejarla inconsciente y luego escapó de una comisaría: Dictaron prisión preventiva
La defensa sostuvo que el caso no debía avanzar porque la víctima no realizó la denuncia, pero la Fiscalía argumentó que el Estado debe intervenir de oficio en casos de violencia de género.
La Fiscalía formuló cargos a un hombre acusado de ingresar por la fuerza a la vivienda de su ex pareja, golpearla hasta dejarla inconsciente y luego fugarse de una Comisaría. Dispusieron la prisión preventiva por riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga.
La fiscal de turno Natalia Pascual acusó al hombre por los delitos de violación de domicilio, lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.
El primer hecho ocurrió el viernes (10/07) pasado cuando el acusado evadió la presencia policial apostada en la vivienda de la víctima, entró por la fuerza y la golpeó repetidamente en la cabeza hasta dejarla inconsciente.
La defensa particular, a cargo del abogado Oscar Pineda, rechazó la acusación bajo el argumento de que la víctima no realizó la denuncia penal y, por tratarse de un delito de instancia privada, el caso no debía avanzar. La fiscal rebatió esta postura señalando que los tratados internacionales de rango constitucional obligan al Estado a actuar de oficio en contextos de violencia de género, protegiendo a la víctima de forma directa.
El segundo hecho imputado ocurrió el domingo (12/07) por la tarde en la Comisaría de Lamarque, donde el acusado se encontraba alojado. El hombre pateó los barrotes de su celda hasta romper la seguridad, se apoderó del candado y escapó del edificio, aunque el personal policial logró recapturarlo a las pocas cuadras con el candado en su poder.
Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó testimonios de los policías intervinientes, el informe médico de las lesiones, el acta de la fuga y la entrevista realizada a la víctima por el equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI).
Finalmente, el juez de Garantías Julio José Martínez Vivot rechazó los planteos de la defensa, dio por formulados los cargos y habilitó formalmente la investigación penal por un plazo de cuatro meses. Ante la gravedad de los hechos y la reciente fuga de la unidad policial, el magistrado resolvió aplicar la prisión preventiva efectiva hasta septiembre.
