Judiciales
Informe especial: Se cumplen 8 años de la condena a Freydoz por el crimen del ‘Gringo’ Soria
Un día como hoy pero del 2012, Susana Freydoz era condenada a 18 años de prisión por asesinar de un disparo al ex gobernador Carlos Soria.
Apenas diez meses después de haber asesinado a su marido Carlos Soria en aquella madrugada del primer día del 2012, Susana Graciela Freydoz fue condenada a 18 años de prisión. La lectura de la sentencia, con una sala de la Ciudad Judicial de General Roca repleta de medios locales y nacionales, duró más de seis horas.
Durante el juicio, Freydoz estuvo acompañada por su abogado Alberto Riccheri y el día de la condena, por su hija, la actual intendenta de Roca María Emilia Soria.
Entre lágrimas, la acusada escuchó su sentencia dictada por los jueces Gauna Kroeger y Fernando Sánchez Freytes, quienes coincidieron en los 18 años de prisión, mientras que la magistrada María E. García Balduini había votado por la prisión perpetua, pero quedó en minoría.
Desde el día del asesinato, estuvo varios días en coma por un intento de suicidio. Permaneció detenida en Allen, internada en Cipolletti y luego en una clínica privada en Almagro, Buenos Aires. Luego la trasladaron al Penal de Ezeiza, donde cumplió varios años de condena. A principios de este año fue beneficiada con arresto domiciliario.
Crónicas de LaSuperDigital del 20 de noviembre de 2012 – Por Eduardo Luis Fernández, quien siguió el caso desde el día cero.
18 años para Susana Freydoz
La Cámara Primera en lo Criminal de General Roca dio a conocer la sentencia por el homicidio de Carlos Soria, dictaminando 18 años de prisión para la imputada Susana Graciela Freydoz. A sala repleta, el Tribunal de juicio, presidido por el juez Carlos A. Gauna Kroeger, consideró por mayoría que «no existió inimputabilidad ni emoción violenta» a la hora de producido el hecho el pasado 1 de enero de 2012. Además, convirtieron en prisión preventiva su actual internación en la habitación Nº 9 del Área de Salud Mental del Hospital Doctor Pedro Mogillansky de Cipolletti.
Se encuentra en ese lugar, por sentencia del Juez de Instrucción que para preservar un integridad personal y en virtud de los informes de los peritos que decian que existia la posibilidad de que intente un suicidio y del cuadro depresivo que tenía después del hecho. María Emilia Soria, hija del matrimonio Freydoz-Soria, acompañó a su madre en la lectura de la sentencia. En la sala se encontraba también la hermana de Susana Freydoz y su familia, como asimismo allegados muy cercanos.
El juez Gauna Kroeger, junto al magistrado subrogante Fernando Sánchez Freytes, coincidieron en los dieciocho años de prisión para la imputada, mientras que la jueza María E. García Balduini había votado por la prisión perpetua, pero quedó en minoría. La jueza consideró que lo mató estando acostado y hasta dormitando y que no consideraba atenuantes por el hecho. Los jueces Gauna Kroeger y Sánchez Freytes vieron circunstancias extraordinarias de atenuación en las motivaciones del hecho y en virtud de la proporcionalidad que deben tener las condenas penales, coincidieron en la pena.
Para los magistrados quedó probado que la imputada, de 61 años de edad, fue quien disparó un revólver Smith & Wesson Special calibre 38 contra su marido, de 62 años, que se encontraba recostado sobre el lecho matrimonial, causándole graves lesiones destructivas y hemorrágicas en el cerebro, que lo llevaron a la muerte a los pocos minutos, a sólo 21 días de haber asumido la gobernación de la provincia de Río Negro.
La pena es menor a lo que había solicitado la Fiscal de Cámara doctora Laura Pérez, quien en su alegato había requerido prisión perpetua por homicidio calificado agravado por el vínculo y con uso de arma de fuego. Por su parte, el abogado defensor Alberto Riccheri había pedido la absolución de Freydoz, considerando su ininputabilidad.
Los jueces coincidieron que al ser un hecho que ocurrió en una habitación donde sólo habían dos personas, una de ellas la víctima que falleció y la otra la imputada, que en ningún momento del proceso prestó declaración y relató lo que sucedió, haciendo uso de su derecho constitucional, y ellos tuvieron que interpretar las circunstancias del hecho de acuerdo a las pruebas existentes. Por ello, incluso hubo diferencias entre los jueces sobre lo que creen que sucedió en la chacra de los Soria.
También los integrantes de Tribunal coincidieron en la crítica al accionar de los peritos de parte. Desecharon en forma total sus informes y declaraciones. Creen que se desvirtúa el papel de los peritos de parte, que la ley prevé que sean el control de los que actúan de oficio y que deben hacerlo con neutralidad.
Seis horas de lectura y repercusión nacional
Seis horas, sin interrupciones ni cuartos intermedios, duró la lectura de la sentencia por el juicio oral que la Cámara Primera en lo Criminal de General Roca llevó adelante a Susana Freydoz. Cada uno de los jueces leyó su voto siendo el primero el del presidente de la Cámara Primera Carlos Gauna Kroeger.
Mucha expectativa había generado esta lectura y se vio en la cantidad de personas que colmaron la sala y la cantidad de medios de comunicación que cubrieron el hecho. Unas doce cámaras estuvieron registrando la decisión de la Cámara y algunas radios transmitieron en directo.
Una de ellas fue LRG 746 Súper Radio que fue tomada por varias emisoras de radio ubicadas en distintas zonas de la provincia.
La imputada, Susana Freydoz, permaneció casi inmutable sentada junto a su abogado defensor, a su hija María Emilia y a la acompañante terapéutica, muy cerca se encontraban los tres efectivos policiales que, vestidos de civil, tienen la responsabilidad de transportarla desde Cipolletti y custodiarla. Fue permitida la transmisión en directo de la lectura de la sentencia y muy rápido los canales de televisión de alcance nacional la emitieron en sus programaciones.
También, se encontraban cubriendo el final del juicio, cronistas de diarios y agencias de noticias de alcance nacional. Cerca del ingreso a la Ciudad Judicial se encontraban estacionados varios camiones de exteriores de televisión y móviles de radioemisoras. Por supuesto, como ocurrió durante todo el juicio, muchos medios locales y regionales estuvieron presentes.
Judiciales
Una adolescente recibió protección judicial tras denunciar violencia física, psicológica y hostigamiento por parte de su ex novio
La resolución prohíbe cualquier tipo de contacto personal o digital y ordena mantener distancia de la escuela y los lugares que frecuenta la víctima.
Un juzgado de Paz del Alto Valle ordenó una prohibición de acercamiento y contacto en favor de una adolescente, luego de una denuncia por violencia física, psicológica y hostigamiento posterior al fin de una relación de noviazgo. La medida se dictó con carácter provisorio y por un plazo determinado, según surge de la resolución judicial.
El caso llegó al Juzgado a partir de una presentación realizada por la madre de la adolescente, quien pidió medidas de protección en representación de su hija menor de edad. En la denuncia relató que la joven mantuvo una relación de pareja durante aproximadamente un año con el denunciado y que el vínculo terminó pocas semanas antes de la intervención judicial.
De acuerdo con el fallo, la madre manifestó que tomó conocimiento de presuntos episodios de violencia física y psicológica durante la relación. También indicó que, tras la ruptura, el joven denunciado la habría contactado de manera insistente por mensajes. Esa situación derivó en el cambio de número telefónico de la adolescente. Pese a ello, según el relato incorporado a la causa, los contactos continuaron a través de redes sociales.
La resolución también mencionó expresiones intimidatorias atribuidas al denunciado. El Juzgado valoró que esas circunstancias provocaron temor en la adolescente y en su grupo familiar. Otro punto considerado fue la rutina educativa de la joven, quien asistía a una escuela secundaria ubicada en una localidad rionegrina, con traslados cotidianos a pie junto a su hermana y compañeras.
El Tribunal señaló que, aunque la adolescente y su familia tenían domicilio en Neuquén, los hechos denunciados proyectaban efectos directos en Río Negro. En ese sentido, sostuvo que la joven desarrollaba allí su actividad escolar y parte de su vida cotidiana, mientras que el denunciado residía en la misma localidad donde se encontraba el establecimiento educativo.
La jueza encuadró la decisión en la Ley Provincial N° 3040 y en normas de protección de niñas, niños y adolescentes. También citó la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención de Belém do Pará, la Constitución Nacional y leyes nacionales vinculadas con la protección integral y la violencia contra las mujeres.
En la parte resolutiva, el Juzgado ordenó al denunciado mantener distancia de la adolescente y de los lugares donde ella se encontrara o transitara, incluido el establecimiento educativo. Además, dispuso que la prohibición abarcara cualquier forma de contacto personal, telefónico, digital o por redes sociales.
La resolución también advirtió que cualquier incumplimiento podía derivar en sanciones previstas por la normativa aplicable y en la intervención del Ministerio Público Fiscal por posible desobediencia judicial. A su vez, ordenó librar oficio a la dependencia policial de la zona para que, en caso de resultar necesario, se dispusieran recorridas preventivas en inmediaciones de la escuela, sin afectar la actividad normal del establecimiento.
Otra de las medidas impuestas fue la realización de un tratamiento psicológico con orientación en el abordaje de conductas violentas. El Juzgado dispuso, además, la remisión de las actuaciones a la Unidad Procesal de Familia competente. El fuero de Familia de Cipolletti confirmó las medidas por el plazo de 90 días.
Judiciales
Revocaron un fallo y obligan a Salud a proveer injertos para una paciente de Roca
La paciente necesitaba una cirugía reconstructiva «a la brevedad posible», según informes médicos incorporados en el expediente judicial.
El Superior Tribunal de Justicia revocó una sentencia de primera instancia y, sin reenviar el expediente, hizo lugar a un amparo para que el Ministerio de Salud entregue el material solicitado para una cirugía reconstructiva en Roca.
El caso trataba sobre la provisión de injertos de piel porcina para una paciente con una herida grave en una pierna. El pedido médico inicial había sido realizado con carácter «urgente» y luego reiterado ante la persistencia de las úlceras.
La sentencia de primera instancia había rechazado el amparo. Para resolver de ese modo, consideró que no estaban acreditados los requisitos exigidos para la procedencia de la acción, en especial la urgencia y el peligro de imposible reparación ulterior. Se basó en un fallo anterior del Superior Tribunal. Sin embargo, el STJ señaló que el precedente utilizado por la primera instancia «no es aplicable por sus diferencias sustanciales con el caso en examen».
En ese punto, el fallo remarcó que en aquel antecedente se habían acreditado gestiones administrativas concretas. Según la sentencia, en esa oportunidad el Ministerio había brindado información «acerca de las gestiones realizadas tendientes a la adquisición de la prótesis y demás insumos» y se habían respaldado «los sucesivos llamados a contratación que resultaron desiertos por falta de oferentes».
En cambio, en este expediente, el STJ afirmó que «solo consta un pedido de cotización con fecha de apertura en enero de 2026, es decir, transcurrido un año desde la solicitud inicial». También indicó que «tampoco se expresaron motivos para justificar la demora incurrida ni se adjuntó documental que demuestre la adopción de medidas dirigidas a la obtención de las prótesis objeto de amparo».
El máximo Tribunal tuvo en cuenta que el formulario de solicitud de prótesis, firmado por el especialista, la auditoría médica y la dirección hospitalaria, consignaba «expresamente el carácter urgente del requerimiento de material para la cirugía de reconstrucción», sin que se hubiera concretado la provisión.
La sentencia también señaló que la existencia del expediente administrativo «corrobora que si bien se desplegó una actividad administrativa en procura de dar solución a la problemática planteada, aquella no resultó conciliable con la urgencia determinada por el especialista tratante y la auditoría médica».
Para el STJ, en este caso estaba acreditada la urgencia. La paciente presentaba una «herida grave de miembro inferior izquierdo con falta de cobertura cutánea» y que requería cirugía «a la brevedad posible», según los informes médicos.
Por esas razones, resolvió hacer lugar al recurso de apelación, revocar la sentencia de primera instancia y hacer lugar directamente a la acción de amparo, evitando su reenvío.
Judiciales
Condenaron al Municipio de Roca por un grave accidente en una calle sin iluminación ni señalización
La víctima sufrió fracturas graves y una incapacidad física cercana al 49%.
Un hombre circulaba de madrugada por la calle Lago Lácar, en una zona rural de Roca. No había alumbrado público ni señales visibles. Solo el haz de luz de la motocicleta rompía la oscuridad. La calle parecía continuar, pero al llegar a Romagnoli terminaba abruptamente en una intersección. Frente a él había un canal de desagüe que, en la oscuridad, no logró advertir a tiempo.
La motocicleta siguió de frente y cayó al canal. El hombre quedó herido y mojado hasta que algunas personas advirtieron la situación y avisaron a la Policía. Luego fue trasladado al Hospital, donde constataron fracturas y lesiones graves.
El hombre recurrió al Poder Judicial para iniciar una demanda y reclamar una indemnización por el siniestro. Sostuvo que la Municipalidad era responsable porque el lugar no contaba con señalización, iluminación ni medidas de prevención.
El fuero Administrativo de Roca hizo lugar a la demanda y condenó a la comuna a pagar una indemnización por incapacidad física, daño moral y gastos médicos. El fallo también reconoció la reparación de la motocicleta y la privación de uso. Aunque la aseguradora argumentó que no debía cubrir el hecho, la condena se extendió a Federación Patronal Seguros.
Las secuelas fueron graves y permanentes. Sufrió fracturas en la pelvis, la cadera y la muñeca izquierda. También presentó diferencias en la longitud de las piernas, lesiones nerviosas y otras secuelas físicas derivadas de las operaciones a las que debió someterse.
La pericia médica determinó una incapacidad física parcial y definitiva cercana al 49 %. La pericia psicológica señaló que padecía trastorno por estrés postraumático a raíz del hecho.
La Municipalidad argumentó que el siniestro ocurrió en una zona rural, donde no podía exigirse el mismo nivel de iluminación que en el casco urbano. También afirmó que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y sin licencia de conducir.
La aseguradora Federación Patronal Seguros también rechazó la demanda y sostuvo que el hecho no estaba cubierto por la póliza contratada por el Municipio. Según su postura, el seguro solo alcanzaba determinadas actividades municipales y no accidentes como el discutido en el expediente.
Durante el juicio se produjeron numerosas pruebas documentales, testimoniales y periciales. Entre ellas, incorporaron informes policiales, médicos, accidentológicos y psicológicos.
El juez valoró el informe policial que registró el hallazgo del motociclista dentro del canal, en estado de hipotermia, junto a su moto sumergida en el agua. También tomó en cuenta la historia clínica del hospital y los testimonios de vecinos de la zona.
La sentencia sostuvo que la Municipalidad tenía el deber legal de mantener las calles en condiciones seguras y de señalizar adecuadamente la vía pública. El juez repasó la normativa nacional y municipal sobre tránsito y seguridad vial. Concluyó que el Municipio incumplió sus obligaciones de iluminación y señalización en la intersección donde ocurrió el hecho.
La sentencia incorporó una medida de no repetición. El juez señaló que ya existían antecedentes de siniestros viales similares en el mismo lugar, incluso uno fatal ocurrido años antes. También acreditaron otros hechos posteriores en la misma intersección.
Por ese motivo, el fallo ordenó a la Municipalidad adoptar medidas concretas para prevenir nuevos accidentes. Entre ellas, dispuso iluminar correctamente la zona, despejar obstáculos visuales y colocar señalización vial adecuada conforme a las normas nacionales de tránsito.
