Los legisladores de Juntos Somos Río Negro, Graciela Valdebenito, Rodolfo Cufré y Sandra Recalt presentaron ante el Ministerio Público Fiscal un pedido de investigación a los legisladores del Frente para la Victoria, Nicolás Rochas y Alejandro Marinao, por los supuestos delitos de coacción y falsa denuncia. La denuncia fue presentada en sede del Ministerio Público Fiscal con el objetivo que se investiguen los dos supuestos delitos cometidos por los legisladores.

En primer término, se denuncia el «intento frustrado de coacción sobre los jueces subrogantes de la Cámara Criminal que actuaron en el juicio en que se vio involucrado el ex juez Juan Bernardi, en relación al abuso de menores». Días antes de la emisión del fallo, el legislador Rochás, a quien luego se sumó Marinao, manifestó públicamente y a través de los medios de prensa la existencia de un supuesto “pacto de impunidad” entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para absolver al procesado.

«Este deliberado y malintencionado pronunciamiento buscó poner en tela de juicio el accionar de los jueces, planteando dudas sobre la independencia de poderes, lo cual quedó desacreditado luego con la lectura de la sentencia condenatoria».

«Con el correr de las horas, la realidad demostró la falacia en las apreciaciones de los legisladores del FpV, las cuales se basaron en una supuesta “fuente judicial”, según sus propios dichos. De esa manera, la posible comisión de un hecho ilícito como es el supuesto “pacto de impunidad”, sólo quedó en la palabra de estos legisladores, cuyo único objetivo es lanzar sospechas sobre el gobierno y el Poder Judicial», añadieron los parlamentarios oficialistas.

Cabe recordar que el bloque del FpV emitió un comunicado de prensa en el que aseguran que recibieron información aportada por personas cercanas al Poder Judicial, con la que se enteraron de que “el gobierno ultimaba en las últimas horas una negociación para lograr absolver o darle una condena solo simbólica al ex juez acusado por corrupción de menores». Nada de eso pasó.

“La mentira sostenida públicamente fue desacreditada solo horas después con la lectura de la sentencia del Juicio en el Caso Bernardi, condenado a la pena de 5 años de prisión efectiva, quedando claro que estábamos otra vez ante estrategias de los aquí denunciados, excediendo cualquier marco de legalidad”, indica la presentación de los legisladores Valdebenito, Recalt y Cufré.

Agregan que “han sido varias las veces que el Legislador aludido tilda a jueces de obsecuentes, para presionar en sus decisiones, haciéndolo siempre mediante medios públicos”.

Mencionaron además que esta situación no es aislada ya que “ya se han dado anteriormente, sobre todo en integrantes del propio Bloque del Frente para la Victoria, y reiteradamente en cabeza de Nicolás Rochas, junto a otros, la denuncia de posible comisión de ilícitos penales que luego fueron desechados por este mismo Ministerio Publico Fiscal”.

En tal sentido, solicitaron se investigue al legislador Rochas por el delito de “falsa denuncia”, citando como ejemplo la denuncia efectuada contra el ex ministro de Economía de Río Negro, Alejandro Palmieri, por la toma de un crédito por parte de la Provincia, o la realizada contra el secretario general de la Gobernación, Matías Rulli, por la falta de contestación de informes, en la cuales se determinó la inexistencia de delito.

Vale recordar que la coacción se encuentra tipificada en el artículo 149 Bis, del Código Penal, donde se la define como el “uso de amenazas para alarmar o amedrentar a una o más personas”. En otro párrafo del mismo artículo se destaca que también quedan contemplados “el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.