Judiciales
Confirmaron el procesamiento de López y revocaron la falta de mérito
La Justicia resolvió enviar la causa del ex legislador a la Fiscalía para que siga adelante la investigación con el nuevo Código Procesal Penal, vigente desde este 1 de agosto.
Los jueces Julio Sueldo, Álvaro Meynet y Alejandra Berenguer resolvieron revocar la falta de mérito que se había dictado en la causa que tiene como imputados al ex legislador provincial y secretario general del Sindicato de Obreros y Empacadores de la Fruta de Río Negro y Neuquén, Rubén López y al ex jugador de Boca, Luis Abramovich, acusados por el abuso sexual de una joven en Cipolletti. En la misma resolución, los magistrados resolvieron enviar la causa a la Fiscalía para que siga adelante la investigación con el nuevo Código Procesal Penal, vigente desde este 1 de agosto.
La jueza Alejandra Berenguer consideró que el caso debe tratarse con perspectiva de género. Para revocar la falta de mérito, los magistrados consideraron que, durante la instrucción, quedó probado que tanto los imputados como la víctima y los testigos concurrieron a la casa de Rubén López para tener sexo, más allá de las dudas respecto del consentimiento de la víctima.
“Para referirme al tema utilizaré como pilar el Protocolo para Juzgar con perspectiva de género de México que toma como base los Tratados internacionales a los que la República Argentina no sólo adhirió sino que incorporó a la manda legal. Los estándares internacionales establecen claramente que el elemento principal en la configuración del delito de violación tiene que ser la ausencia de consentimiento libre, voluntario e inequívoco. En consecuencia, la resistencia de la víctima resulta intrascendente para que pueda configurarse la violación sexual. De lo contrario, se estaría trasladando la responsabilidad de lo ocurrido a la víctima, se le exigiría una conducta que, eventualmente, pone en mayor riesgo su integridad física y se reforzaría el estereotipo de que cuando las mujeres dicen que no, en realidad quieren ser convencidas”.
“Todos y todas las impartidoras de justicia tienen el deber de juzgar con perspectiva de género. La perspectiva de género no sólo es pertinente en casos relacionados con mujeres (…) En este caso concreto tanto la jueza de instrucción y la defensa dejaron establecidos, definitivamente entiendo, existe una relación asimétrica de poder basado no sólo en la circunstancia de que la víctima había sido contratada para un servicio de moza en una cena y luego de ello se deriva un festejo y el traslado a la vivienda de López (en ese entonces legislador), sino en la circunstancia antes apuntada de jóvenes en situación de vulnerabilidad basadas en la diferencia de edades y de condición socio económica más allá de la ingesta alcohólica del momento (…) Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la victima constituye una prueba fundamental sobre el hecho «, dice la resolución.
Los jueces Sueldo, Meynet y Berenguer – que antes de la reforma procesal penal conformaban la Cámara Primera en lo Criminal de Cipolletti – resolvieron el recurso planteado por la Fiscalía y la querella. La apelación fue presentada antes del 1 de agosto y de hecho la audiencia se realizó el 7 de julio. Luego hubo suspensión de términos no sólo por la feria judicial de invierno sino también por la transición de un paradigma procesal a otro. Con esta resolución, la Fiscalía deberá aplicar las instancias procesales del nuevo código.
La víctima denunció a Rubén López y al futbolista Luis Abramovich por el delito de abuso sexual. Aseguró que en la madrugada del 20 de noviembre de 2016 concurrió a la casa de López, en Cipolletti, junto a otras dos jóvenes y a un tercer hombre. En esas circunstancias se produjeron los hechos luego investigados. La denunciante había sido contratada para desempeñarse como moza en la peña “Corazón Azul y Oro” que se desarrolló en el predio La Ponderosa de Fernández Oro en la noche del 19 de noviembre.
Planteos de la defensa
Los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren habían solicitado en la audiencia de apelación no resolver la situación debido al cambio en el Código Procesal Penal. Sobre esta cuestión, el juez Julio Sueldo concluyó: “corresponde en primer lugar analizar el planteo defensivo interpuesto por los Dres. Oscar Pineda y Pablo Iribarren (por el imputado Abramovich), respecto del «no pronunciamiento» del Tribunal en relación al recurso interpuesto. Todo en razón de la entrada en vigencia a partir del día 01 Agosto/2017 del nuevo sistema procesal penal ley 5020. Al respecto entiendo que el planteo no puede tener acogida favorable, ya que claramente se establece que para las causas en trámite, y mediante Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde la aplicación del sistema procesal establecido por ley 2107, que expresamente se refiere a la presente vía impugnativa (art. 418 y conc.)”.
Judiciales
Ordenaron la detención de Rubén Muñoz
Un juez de Roca revocó la condicionalidad de una condena que hasta ahora tenía carácter suspensivo y dispuso que la pena se cumpla de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución Penal de Roca revocó la condicionalidad de una condena que hasta ahora tenía carácter suspensivo y dispuso que la pena se cumpla de manera efectiva en prisión. La decisión se tomó luego de que el magistrado verificó un nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia.
La persona alcanzada por la resolución -identificado como Rubén Angel Muñoz, quien lidera la protesta de policías activos, retirados y pensionados– registraba dos condenas. Una primera a 3 años de prisión en suspenso por coacción y perturbación al ejercicio de las funciones públicas e instigación a cometer delitos. El hombre aceptó su culpabilidad y el monto de la pena.
Una segunda condena por amenazas simples derivó en una pena 8 meses de prisión. La unificación de ambas culminó con tres años de prisión de ejecución condicional, siempre que cumpliera estrictas pautas de conducta durante el período fijado por la sentencia.
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto al actual ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El magistrado analizó el cumplimiento de esas reglas durante una audiencia que se realizó este lunes en el ámbito del fuero de ejecución penal. En ese acto se evaluaron antecedentes registrados durante el período de control judicial.
Según se expuso durante la audiencia, el juez Fernando Romera ya había constatado un incumplimiento previo. Ahora, el juez examinó un nuevo episodio que implicó otra vulneración de las restricciones dispuestas por el Poder Judicial.
Durante el debate se incorporaron elementos que, según se indicó, acreditaron el incumplimiento de la prohibición de contacto y acercamiento establecida en la sentencia.
Con base en esa verificación, el magistrado resolvió revocar la condicionalidad de la condena.
La decisión implicó que la pena que hasta ese momento tenía carácter suspensivo pasara a ejecutarse de manera efectiva.
En consecuencia, el magistrado dispuso la detención de la persona condenada para que cumpla la pena en un establecimiento penitenciario. La medida se adoptó en el marco del control que corresponde al fuero de ejecución penal sobre las condiciones fijadas en las sentencias condenatorias.
Durante la audiencia, la defensa expresó su desacuerdo con la decisión adoptada por el juez. En ese contexto, el equipo defensor adelantó la intención de presentar un recurso de revisión contra la resolución.
En caso de que ese planteo se formalice, la decisión deberá ser analizada por un tribunal integrado por jueces o juezas de juicio. Ese órgano tendrá a su cargo el examen del recurso y la revisión de la resolución dictada en el marco de la ejecución de la pena.
Judiciales
La Justicia rechazó un reclamo de UnTER contra el Ministerio de Educación provincial
El sindicato cuestionaba resoluciones del Consejo Provincial de Educación vinculadas a la reorganización de cargos en el Nivel Inicial.
Un fallo de un juez laboral de Roca resolvió una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), contra el Ministerio de Educación provincial.
El sindicato solicitó que se ordenara el cese de medidas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes del Nivel Inicial. También pidieron que se restituyeran los cargos existentes antes de las decisiones administrativas cuestionadas.
El gremio sostuvo que el Consejo Provincial de Educación dictó diversas resoluciones de cargos docentes con base en criterios cuantitativos vinculados a la matrícula escolar.
El magistrado entendió que la información aportada por el Ministerio de Educación mostraba que el procedimiento aplicado respetó la normativa vigente. En particular, destacó que los docentes titulares afectados permanecieron con su sueldo y con derecho a una nueva asignación.
En relación a docentes interinos o suplentes, el juez tomó antecedentes y señaló que su estabilidad es limitada por la propia naturaleza de sus designaciones. Así, comprendió que la finalización de esos cargos no constituye una vulneración ilegal de derechos.
También se evaluó la eventual afectación al derecho a la educación. Sobre este punto la sentencia señaló que no se acreditó la existencia de cierres de salas obligatorias ni reclamos generalizados de familias. Además, recordó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales continúan garantizadas según la información oficial.
En la presentación, la UnTER también señaló que la medida provocó desplazamientos funcionales, alteraciones en las condiciones de trabajo y riesgo para la estabilidad de docentes titulares. También afirmó que las decisiones afectaban el funcionamiento institucional de los establecimientos, la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños.
A criterio de la organización gremial, esa modalidad degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba la estabilidad prevista en el Estatuto del Docente.
En tanto, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y de la Fiscalía de Estado, mencionó que no existe un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara el amparo.
Argumentaron que las decisiones formaban parte de políticas públicas educativas adoptadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Explicó que el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas.
El Estado también mencionó que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares. También indicó que las salas de cuatro y cinco años continuaban garantizadas por el sistema educativo.
Durante el proceso el magistrado también analizó la legitimación del sindicato para promover la acción. Señaló que el gremio puede actuar en representación de sus afiliados y de la comunidad educativa cuando se denuncian afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo. No obstante, recordó que la acción de amparo tiene carácter excepcional y sólo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave y urgente, y cuando no existen otras vías judiciales adecuadas para resolver el conflicto.
Al evaluar el caso concreto, la sentencia consideró que la normativa cuestionada fue elaborada mediante un proceso institucional en el que participaron distintos sectores, incluido el propio sindicato. Ese documento se estableció la reorganización del sistema educativo del nivel inicial con vigencia desde el ciclo lectivo 2026.
El fallo del juez Juan Huenumilla concluyó en que no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Tampoco se comprobó un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara el uso de ese proceso excepcional.
Consideró que las decisiones adoptadas forman parte de la planificación del sistema educativo, una competencia propia del Consejo Provincial de Educación que sólo puede ser revisada judicialmente cuando se demuestre una afectación concreta de derechos fundamentales.
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Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
