Judiciales
Solicitan 12 de años de prisión para hombre que abusó de una menor en reiteradas oportunidades
Los hechos ocurrieron en Cervantes entre el 2005 y hasta el 2010.
El fiscal jefe Andrés Nelli solicitó que se condene a un hombre a 12 años de prisión efectiva por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser el encargado de la guarda, y contra una menor e 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente, reiterado en un número indeterminado de oportunidades, en concurso real con promoción de la corrupción agravada por ser una persona conviviente y encargada de la guarda” (Art. 45, 55, 119 2do párrafo y 4to párrafo en función de los incs. b) y f), 54, 125 3er párrafo del Código Penal).
En sus alegatos, el fiscal jefe resaltó que “el abuso sexual simple resulta gravemente ultrajante por la duración en el tiempo y también por las circunstancias de su realización. Los hechos se encuentran agravados por haber sido cometidos contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente y por el encargado de la guarda. Circunstancias que surgen con claridad del relato de la menor y de su progenitora. Se le atribuye además al imputado haber promovido a la corrupción de la menor. Corromper significa depravar. Son corruptos los actos sexuales prematuros, perversos, excesivos. Con sólo repasar el relato de la víctima se advierte que reúnen estas características. Se trata de un delito de dolo directo, el autor debe saber que tiende a promover la corrupción de la menor. Bastante con que el acto cumplido tenga la capacidad e idoneidad suficiente para torcer el instinto sexual”.
Asimismo, Nelli rescató la pericia psicológica llevada a cabo por la psicóloga forense del Poder Judicial a la víctima, donde se señala que “el relato brindado se evalúa como creíble, con una elaboración inestructurada en la que surgen detalles de espacio, tiempo, interacciones, sentimiento y emociones, adecuación del lenguaje, conocimiento y del afecto. Del discurso de la niña surge que al momento del hecho, el acontecimiento vivido y especificado lo habría experimentado como algo imprevisto, como un ataque que habría desbordado su capacidad de asimilación y tolerancia”.
Según la acusación fiscal, “los hechos ocurrieron en fecha no determinada con exactitud pero ubicable desde el año 2005 hasta el 2010, desde los 8 años de la niña hasta los 13 aproximadamente, en el domicilio donde vivía la víctima junto a su madre y la pareja de ésta en la localidad de Cervantes. Los abusos ocurrían cuando la madre se ausentaba del hogar y el hombre quedaba al cuidado de la menor”.
Cabe mencionar, el acompañamiento denodado, tal como ocurre en otros casos, del equipo de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) tanto a la víctima como a su familia. Durante las etapas de este proceso la OFAVI mantuvo sendas entrevistas tanto con la joven como con su progenitora.
El imputado cuenta con una prohibición de acercamiento de 200 metros a la víctima como tampoco de llevar a cabo cualquier acción o práctica de violencia psíquica y/o física, como ser hostigar, intimidar, amenazar, dañar, poner en peligro o de cualquier cosa que atente contra la integridad de la víctima, ésto bajo apercibimiento de ordenarse su detención e iniciar una causa por desobediencia.
La lectura de la sentencia será el próximo miércoles 4 de abril a las 12.00.
Judiciales
Compró un iPhone, lo envió por encomienda y llegó la caja vacía: La Justicia condenó a la empresa transportista
El destinatario, un vecino de Roca, recibió el paquete abierto y sin el teléfono. La firma no respondió el reclamo.
Lo que debía ser un simple envío terminó convertido en un conflicto judicial. Un hombre de General Roca había comprado un iPhone 14 Pro Max nuevo para regalárselo a una amiga y, como en ocasiones anteriores, optó por enviarlo mediante un servicio de encomiendas desde la terminal local. Sin embargo, esta vez el paquete no llegó como debía.
Cuando la destinataria se acercó a retirar la encomienda, encontró la caja abierta y sin el dispositivo en su interior. Sorprendida, realizó el reclamo en el momento, pero la empresa de transporte no le ofreció ninguna respuesta.
Frente a la falta de soluciones, el comprador decidió iniciar una demanda por daños y perjuicios. En su presentación sostuvo que la firma incumplió el contrato de consumo al no garantizar la entrega en condiciones adecuadas. Tras analizar el caso, el fuero Civil de Roca le dio la razón y ordenó a la firma transportista indemnizarlo.
En el fallo, el juez remarcó que las relaciones de consumo deben interpretarse bajo el principio de protección al consumidor, que exige buena fe contractual, información clara sobre los servicios y cumplimiento estricto de las obligaciones asumidas. La empresa, además, no contestó la demanda y quedó en rebeldía, lo que permitió dar por acreditados los hechos tal como fueron relatados por el afectado.
El testimonio de la mujer que retiró el paquete fue clave: confirmó que el envío estaba correctamente embalado, describió la apertura visible de la caja al momento de recibirla y detalló la falta de respuesta de la firma ante sus reclamos. También mencionó que ya había usado el servicio en otras oportunidades sin problemas.
Finalmente, el juez concluyó que la empresa incumplió sus obligaciones contractuales y vulneró los derechos previstos en la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial. Recordó que en estos casos rige un régimen de responsabilidad objetiva para el proveedor, quien debe garantizar que la mercadería llegue en las condiciones pactadas.
Judiciales
Detectaron faltantes en la bóveda de un casino y confirmaron el despido
Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones
Una trabajadora del casino Crown de Cipolletti fue despedida luego de que una auditoría interna detectara maniobras irregulares en el manejo de dinero. Las cámaras de videovigilancia registraron ingresos no autorizados a la bóveda, movimientos que obstruyeron la visión de los dispositivos de seguridad y manipulación indebida de contenedores con recaudaciones. La Cámara del Trabajo de Cipolletti confirmó la validez del despido con causa dispuesto por la empresa.
La persona se desempeñaba en el área de Tesorería del casino y contaba con acceso directo a los sistemas de resguardo de valores. Según el fallo, durante varias jornadas se detectaron diferencias entre los montos informados como recaudación en mesas de juego y los valores efectivamente encontrados al realizar el conteo. Las grabaciones mostraron una secuencia reiterada de ingresos en soledad a la bóveda, manipulación de drop box sin autorización y acciones contrarias a los protocolos internos.
Al momento de retirarse del establecimiento, la trabajadora fue interceptada por personal de seguridad. En presencia de un escribano se constató que llevaba consigo una suma importante de dinero, sin haberla declarado previamente al ingresar, tal como lo exigían las normas internas de la empresa. La empleadora consideró que estos hechos configuraron una violación de los deberes de buena fe, diligencia y lealtad, y notificó el despido con causa mediante acta notarial.
Durante el proceso judicial, testigos del área de vigilancia, seguridad y administración relataron que las diferencias de dinero sólo se produjeron cuando la trabajadora cumplía turno en el área. También indicaron que no existía ninguna necesidad operativa para los movimientos que realizaba dentro de la bóveda, y que el comportamiento registrado en las cámaras se repitió durante varias jornadas consecutivas.
El voto mayoritario del fallo destacó que la empleadora actuó de manera inmediata al constatar las irregularidades y que comunicó la decisión en forma clara y fundada. El tribunal valoró la prueba testimonial, documental y técnica, y concluyó que la conducta de la trabajadora resultó incompatible con las funciones que desempeñaba y con los niveles de confianza que exige el manejo de fondos.
Con esos fundamentos, la Cámara del Trabajo resolvió rechazar la demanda iniciada por la trabajadora y confirmó la legalidad del despido con causa comunicado por el casino Crown.
Judiciales
Acuerdo Institucional: Ricardo Apcarian presidirá el Superior Tribunal desde febrero
El magistrado ya había ocupado la Presidencia del máximo órgano judicial provincial en 2021.
El Superior Tribunal de Justicia se reunió en Acuerdo Institucional y designó autoridades para el año judicial que comenzará el 1 de febrero de 2026. El juez Ricardo Apcarian presidirá el máximo órgano judicial provincial, según quedó estipulado en la Acordada 33/2025.
La Ley Orgánica establece que «la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia será ejercida anualmente por el juez o la jueza que el mismo Cuerpo designe en la primera quincena de diciembre de cada año. En la misma oportunidad se establecerá el orden en que sus integrantes reemplazarán la Presidencia en caso de ausencia u otro impedimento».
En cuanto al orden de subrogancias en la presidencia se dispuso en primer término al vocal Sergio Barotto, en segundo a Liliana Piccinini, luego Sergio Ceci y por último a la actual presidenta, Cecilia Criado.
También se dispusieron los jueces y juezas delegadas en cada circunscripción. Se mantienen en la Primera Liliana Piccinini, en la Segunda Sergio Barotto. Sergio Ceci estará a cargo de la Cuarta y la Tercera Circunscripción tendrá como jueza delegada a Cecilia Criado.
La resolución también asigna las representaciones institucionales para el período. En el Foro Patagónico de Superiores Tribunales participarán Sergio Barotto y Sergio Ceci. La Presidencia del Superior Tribunal representará al Poder Judicial ante la Junta Federal de Cortes y ante el Foro Federal de los Consejos de la Magistratura, además de ejercer la representación ante la Justicia de Paz, el Centro de Documentación Jurídica y la Oficina de Derechos Humanos y Género.
Por su parte, Barotto encabezará la Escuela de Capacitación Judicial, mientras que Apcarian hará lo propio en el Comité de Informatización.
