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Judiciales

Violencia de género: Pidieron 11 años de prisión para el hombre que atacó con una tijera a su pareja

La lectura de la sentencia se conocerá el próximo jueves a la mañana.

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Este mediodía (10/03) se concretó el juicio de cesura por “tentativa de homicidio doblemente agravado, por ser pareja y en un marco de violencia de género”, calificación legal solicitada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y confirmada por el Tribunal de Impugnación de la provincia.

Tal es así que el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 11 años de prisión efectiva para el acusado que al momento del hecho tenía 30 años y atacó con una tijera a quien era su pareja y madre de su hijo, ante la negativa de la chica de permanecer en el hogar familiar del imputado.

“Asimismo pido que se mantenga la prohibición de acercamiento de 200 metros por cualquier medio o persona a la víctima, que el sujeto realice un tratamiento por sus adicciones, que la defensa reconoció, y un tratamiento específico en relación a género”, expresó Echegaray.

Tras varios planteos realizados por la defensa particular del imputado respecto de la no realización de la cesura de pena, cuestión que para resolver el Tribunal de Juicio realizó algunos cuartos intermedios, uno de ellos de ayer a hoy, y otros durante la jornada de hoy, los jueces Fernando Sanchez Freytes, Oscar Gatti y Gastón Martin resolvieron por unanimidad dar continuidad a la audiencia de hoy, tal lo solicitado en varias oportunidades por la Fiscalía, teniendo presente lo dispuesto por el Tribunal de Impugnación.

«Puntualmente observamos que la defensa ha intentando dilatar la realización de esta segunda etapa del juicio, la cesura, pero la Fiscalía como lo ha hecho a lo largo de este proceso continuó insistiendo y el Tribunal acompañó nuestro pedido de concretar de una vez la instancia», expresó Echegaray.

Alegatos de la fiscal

“La escala penal del delito que el Tribunal de Impugnación declaró culpable al imputado, tiene un mínimo de 10 y un máximo de 15 años de prisión. Con ello, evaluamos los atenuantes y agravantes. ¿Qué agravantes encontramos? En la calificación legal en principio encontramos dos, tentativa de homicidio agravado por ser en el marco de violencia de género y por haber sido pareja de la víctima. Esto impone que se analice todo teniendo presente la perspectiva de género, la Convención Internacional de Belen Do Para y la cual adhiere nuestro país y nuestra provincia”, indicó la fiscal Echegaray.

“Tenemos presente también que el joven realizó un ataque a la integridad, a la vida de quien era su pareja con una tijera que no formaba parte de la acción”, agregó.

“¿Qué agrava esta situación? que fue a la noche, que le sacó al bebé de sus brazos, trajo a la escena una tijera, se agrega que lo que motivó el ataque es que ella se quiso ir de esa casa y el no quería. Casa en la que la joven, tal como declaró la madre y el padre del imputado, era tratada como hija, por lo cual su vulnerabilidad era mayor”, añadió.

“No olvidemos la declaración que realizó hoy la licenciada Virgina Ansola, integrante del equipo interdisciplinar de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), respecto de que más allá del temor que ella expresa respecto de lo sucedido y de que el hombre concrete lo que comenzó, la joven ha logrado avanzar en el tratamiento gracias a la distancia real y efectiva respecto de su agresor”, sostuvo.

El Ministerio Público Fiscal destacó para la mesura de la pena, las conductas precedentes, las causas existentes, que se archivaban ante el círculo de violencia: “se registraba un hecho explosivo, había un pedido de perdón, una reconciliación y un nuevo estallido”.

Echegaray mencionó al Tribunal de Juicio que la “impresión que me ha causado el imputado a lo largo del proceso no ha sido favorable, se ha mostrado cero empático, está desafectado de lo que le pasa al otro y entiendo que no hay reflexión respecto del encierro que está fiscal pretende”.

Cabe agregar que «reconociendo los fallos del Tribunal de Impugnación se entiende el valor que hay que darle a la falta de antecedentes penales condenatorios, por ello es que concluimos en solicitar 11 años de pena».

La parte querellante solicitó 12 y la defensa particular 10 años de prisión efectiva.

La lectura de la sentencia del juicio de cesura se dará a conocer el próximo jueves 12 de marzo, a las 9.30.

Judiciales

Denuncian un caso de mala praxis en un sanatorio privado de Roca: Murió un niño de 4 años

La víctima ingresó al Juan XXIII para una cirugía de complejidad menor. Investiga la Justicia.

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Nahitan Valentín Mercado Toledo, un niño de 4 años, falleció esta tarde (18/07) en el sanatorio privado Juan XXIII luego de que le realizaran, la pasada semana, una cirugía de hernia de diafragma. Desde ese momento, la víctima estuvo internado en terapia intensiva hasta hoy, donde el personal médico confirmó a su familia que había fallecido por muerte cerebral. La Justicia investiga una posible mala praxis.

Según detallaron familiares del niño, el jueves pasado (11/07), Valentín entró al sanatorio Juan XXIII a las 7 de la mañana a realizarse una cirugía de hernia de diafragma. La misma estaba programada, con los estudios prequirúrgicos aprobados. La operación, que según los médicos duraría una hora y media, termino en casi tres horas. Desde ese momento permaneció en terapia intensiva hasta hoy, una semana después, pasando por diferentes episodios de salud y diagnósticos de los profesionales que lo atendieron.

«Valentín estuvo toda una semana sedado, con oxígeno y medicación, transitando un «mal despertar» que hoy diagnosticaron como muerte cerebral», indicaron familiares de la víctima.

«Valentín no mostró mejoría desde el día de la operación, aunque los informes que llegaban eran de espera y progreso. Él entro ese día al sanatorio caminando, riéndose más allá del miedo a las agujas, charlando con el paciente que compartía la habitación y con todo el entusiasmo de que el domingo estaría en su casa mirando la final de la Copa América con su familia. Lo cual nunca pasó», lamentaron.

En este sentido, y consumado el fallecimiento del niño, la familia denunció a un anestesista y a un cirujano del sanatorio por mala praxis y falacias durante sus días de internación.

Rápidamente intervino la Fiscalía en turno y personal del Gabinete de Criminalística allanó el Juan XXIII y secuestraron documentación que pueda aportar a conocer los detalles sobre lo sucedido. Mañana viernes (19/07) se le practicara la autopsia.

«Valentín se destacaba por su hermosa sonrisa y ser un niño feliz. Creció en un hogar que le brindó mucho amor y buena salud. Era divertido y charlatán como pocos a su edad. Amaba a su familia y a su perro Fito», recordaron desde la familia.

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Una roquense denunció a un abogado de la región por violencia de género

La Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a la víctima.

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Tras una denuncia por violencia de género, la Justicia dispuso una orden de prohibición de acercamiento a un abogado de la región, quien ejercería violencia contra su ex pareja.

Fue la propia víctima quien acudió a la Comisaría de la Familia bajo un fuerte estado de shock, en busca de ayuda tras sufrir un grave hecho de violencia, tanto física como verbal y psicológica por parte del letrado. Sumado a este episodio, la mujer vendría afrontando múltiples amenazas por parte del sujeto.

Tras relatar los hechos quedó radicada la denuncia en el marco de la Ley N° 3040 de violencia familiar y se iniciaron actuaciones judiciales. También se le brindó asistencia a la víctima.

Según informó el sitio GNRNoticias, frente a este caso, la Justicia ordenó una medida cautelar de prohibición de acercamiento y se ha iniciado un proceso judicial por violencia familiar en el Juzgado de Familia de Roca.

Ante cualquier caso de violencia de género se recomienda llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana. Así también, se invita a la comunidad a comunicarse con el Consejo Local de Mujeres Diversas al email [email protected] para poder un abordaje a cada caso en particular.

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Causa IPROSS: Avalaron que los condenados utilicen tobilleras hasta que se confirmen las penas de prisión efectiva

Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, los farmacéuticos acusados de estafar a la obra social seguirán bajo monitoreo permanente.

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El Tribunal de Impugnación (TI) definió que las cuatro personas condenadas por las estafas a la obra social IPROSS seguirán con tobillera electrónica y sin poder salir de sus respectivas ciudades hasta que las condenas sean confirmadas. Mientras no se demuestre un riesgo de fuga mayor, las personas seguirán bajo monitoreo.

Las penas de prisión fijadas el pasado 4 de julio por un Tribunal de Juicio de Roca se harán efectivas una vez que la condena quede firme. Para eso es necesario que se analicen y resuelvan todos los recursos que legalmente pueden presentar los defensores.

En una audiencia realizada ayer (12/07) al mediodía, el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante (Fiscalía de Estado) impugnaron la medida cautelar de las tobilleras, ordenada por los jueces de Roca el mismo día que dictaron la sentencia. Afirmaron que las altas penas definidas en el juicio aumentaron el riesgo procesal de fuga de las cuatro personas y que las pulseras de seguimiento satelital no resultan suficientes para evitar ese peligro.

El Tribunal de Impugnación analizó los planteos y concluyó que las tobilleras están funcionando correctamente, que no hubo ninguna arbitrariedad en la decisión del Tribunal de Roca y que el potencial riesgo de fuga está suficientemente neutralizado con esos dispositivos. Según definió el TI, no se aportaron pruebas concretas que demuestren un riesgo mayor, teniendo en cuenta que las cuatro personas tienen sus patrimonios inhibidos y sólo disponen en la actualidad de la liquidez económica de sus fuentes de trabajo para solventar los gastos cotidianos propios y de los familiares que tienen a cargo. Tampoco se acreditó que hayan buscado algún tipo de contacto o ayuda para una eventual fuga de la región.

«No se acreditó que la tobillera sea insuficiente para controlar los movimientos de las personas condenadas», concluyó el TI en su resolución.

De esta manera, se mantienen las condiciones definidas la semana pasada: ninguno de los tres hombres condenados puede salir del ejido municipal de Roca y la mujer condenada no puede salir del ejido de Allen, con la aclaración de que podrá gestionar anticipadamente los permisos que necesite por razones médicas, según lo solicitó la defensa.

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