Judiciales
Construyeron un edificio, le hundieron la casa a los vecinos y ahora deberán indemnizarlos
Un edificio de cinco pisos en pleno centro de Roca generó una demanda por parte de sus vecinos.
El peso de un edificio de cinco pisos en pleno centro de Roca hundió el terreno de una casa vecina y provocó daños estructurales en la vivienda. Durante los más de tres años que duró la obra, el terreno fue cediendo y la casa quedó seriamente dañada. La institución propietaria del edificio fue condenada a indemnizar a la familia afectada con más de tres millones de pesos.
A su vez, esa institución demandada trajo al juicio, en carácter de “tercero”, a la empresa constructora, la cual fue declarada “responsable” de los daños y ahora podrá ser demandada por los dueños del edificio, quienes quedaron habilitados a reclamarle en un juicio independiente una devolución de 1,7 millones de pesos, más los intereses. Por su parte, la compañía aseguradora de la empresa constructora podrá ser demandada, también por la institución, hasta el tope de la cobertura que tenía contratada.
Pese a las instancias de conciliación que se abrieron a lo largo del extenso expediente, la entidad dueña del edificio, la constructora y la aseguradora no alcanzaron ningún acuerdo entre sí ni con la familia afectada. Los padecimientos de quienes veían desmoronarse la casa que habían habitado durante más de 25 años fueron contemplados más allá de los daños materiales, y por eso la sentencia fijó una condena de 600.000 pesos más intereses por daño moral.
En ese rubro, el fallo contempló el relato de personas allegadas a la familia, quienes describieron cómo “la casa se iba hundiendo” y cómo desmejoraba día a día la calidad de vida de sus habitantes. También se contempló como daño moral “el largo proceso que han debido soportar, con defensas articuladas (por las demandadas) que luego no tuvieron su prueba concreta”.
Una pericia reveló cómo se complicó la vida de la familia: antes de salir de su casa debían “cubrir las camas” por los desprendimientos habituales; sufrieron contratiempos cotidianos por la rotura de las cloacas y cargaron con la angustia de pensar en abandonar la casa propia. La familia ha “soportado más de diez años desde el inicio de la obra, de la alteración de su ritmo habitual de vida; siendo ya personas mayores soportaron el maltrato tanto durante la obra como luego de finalizada esta, por el destrato llevado a cabo por las partes responsables de la obra; tanto propietario como constructora”, recalcó el fallo. La sentencia dio especial peso a las fotos y videos que mostraban el comportamiento de los albañiles: caminaban por el techo de los vecinos, dejaban caer allí residuos de la obra, depositaban elementos de construcción y hasta cargaron sobre el techo una máquina mezcladora.
En cuanto a los daños materiales, el fallo de primera instancia se guió por las pericias que demostraron los costos totales de reparación de la casa, a valores actualizados, y fijó una indemnización en ese rubro superior a los 2,6 millones de pesos.
La sentencia inicial, dictada en el Juzgado Civil N° 1 de Roca, fue objeto de varios recursos por parte de la constructora y la aseguradora. Finalmente esta semana, tras vencer los plazos acordados para tratar de alcanzar un acuerdo conciliatorio, la Cámara Civil de Apelaciones de Roca fijó en 1,7 millones de pesos, más intereses, el daño que los dueños del edificio podrán reclamar a los responsables de la construcción en lo que se conoce como “juicio de repetición”.
Judiciales
Favoreció solo a un hijo en la herencia: Ordenan compensar al resto de los hermanos
Un padre cedió un predio a un sólo heredero y dejó afuera al resto.
Todo empezó mucho antes del expediente judicial. Empezó en un predio fiscal de Fernández Oro, en una porción de tierra ocupada por una familia desde comienzos de la década del setenta. Allí se levantaron construcciones, se hicieron cerramientos, se abrió una perforación para extraer agua y se plantaron árboles. Durante años, ese espacio funcionó como lugar de vivienda y de trabajo para varios integrantes del grupo familiar.
Con el paso del tiempo, esa historia común tomó otro rumbo. En 1996, el padre de la familia firmó una cesión gratuita a favor de uno de sus hijos. El trámite se hizo dentro de un expediente administrativo de la Dirección de Tierras de Río Negro. No se trató de una escritura sobre el dominio del inmueble, porque la tierra seguía bajo órbita provincial. Pero sí incluyó algo con valor concreto: la posición de permisionario y, sobre todo, las mejoras y adelantos existentes en el lugar.
Años después, tras la muerte del padre, esa decisión volvió al centro de la escena. Tres coherederos acudieron al Poder Judicial con un planteo preciso. Sostuvieron que aquella cesión benefició a un solo heredero y dejó afuera al resto en el reparto de un patrimonio que, según afirmaron, no contaba con otros bienes de peso. El reclamo apuntó a que esa ventaja patrimonial ingresara al cálculo de la sucesión.
Del otro lado, el heredero demandado sostuvo una posición distinta. Señaló que el terreno nunca perteneció al padre como dueño, porque se trataba de tierras fiscales. En esa línea, afirmó que nadie podía heredar una propiedad que nunca integró el patrimonio en calidad de dominio. También defendió la validez de la cesión administrativa que lo colocó como ocupante reconocido del predio.
El caso llegó a sentencia en el fuero Civil de Cipolletti. El Juzgado reconstruyó la historia, revisó el expediente administrativo y analizó cuál era la naturaleza de lo transferido. La respuesta no pasó por la propiedad del suelo, sino por el valor patrimonial de lo cedido. La resolución indicó que, aunque el muerto no era titular del dominio, sí transfirió de forma gratuita una ventaja económica concreta a uno de sus hijos: un conjunto identificable de mejoras y adelantos asentados sobre la parcela fiscal.
Ese punto resultó decisivo. Para el Juzgado, la discusión no exigió anular el acto ni quitarle al demandado su situación administrativa frente a la Provincia. El eje estuvo en otro lado: determinar si esa cesión debía computarse al momento de partir la herencia. Y la respuesta fue afirmativa.
La sentencia resolvió que el heredero beneficiado deberá colacionar en la sucesión el valor total de esas mejoras y adelantos. Es decir, ese beneficio deberá ser incorporado a la cuenta particionaria como anticipo de herencia. El fallo aclaró además que no entran en ese cálculo las mejoras posteriores ni los frutos obtenidos después, porque el objeto de análisis quedó limitado a lo que existía al momento de la cesión de 1996.
¿Qué es la colación?
La colación es una regla del derecho sucesorio que busca mantener la igualdad entre los herederos. En términos simples, significa que si uno de los hijos recibió un beneficio económico del padre o de la madre mientras estaban con vida, ese beneficio debe tenerse en cuenta cuando se reparte la herencia.
No implica devolver el bien recibido. Lo que se hace es sumar su valor a la herencia para calcular el reparto de manera equitativa.
Judiciales
Revocaron la condena condicional y Rubén Muñoz seguirá preso
El Tribunal desestimó los planteos de la defensa y avaló la decisión del juez de Ejecución.
En una audiencia de revisión, el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la revocación de la condena condicional de carácter suspensivo de Rubén Muñoz. En consecuencia, dispuso que continúe cumpliendo su pena de manera efectiva en prisión.
El juez de Ejecución, Fernando Romera, había adoptado esa decisión tras verificar un «nuevo incumplimiento de las pautas de conducta fijadas en la sentencia».
El defensor Eduardo Carrera expresó sus agravios y consideró que la medida resultó arbitraria y desproporcionada. También cuestionó la prueba aportada. Sin embargo, la fiscal Susana Carrasco argumentó que Muñoz posee un amplio conocimiento de las pautas que debía cumplir, por lo que el pedido de cumplimiento efectivo de la pena se ajusta a derecho.
Durante la audiencia, la fiscal mencionó que «no estamos frente a un ciudadano que realiza un simple reclamo. Muñoz está condenado por amenazas. Las reglas fueron claras y las aceptaron la defensa y el condenado. Estas reglas que debía cumplir constituían condiciones de su libertad».
Entre esas condiciones figuraban restricciones vinculadas con el contacto y la proximidad respecto del actual ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, víctima en uno de los expedientes. La resolución judicial estableció una prohibición expresa de acercamiento, hostigamiento o comunicación por cualquier medio con esa persona. Las pautas formaban parte de los puntos segundo y tercero de la sentencia que reguló la ejecución condicional de la pena.
El Tribunal, luego de un cuarto intermedio, consideró que los agravios no resultaron suficientes para conmover la decisión del juez de Ejecución respecto de la sentencia del 9 de marzo pasado. Los jueces rechazaron los argumentos de la defensa y descartaron que la decisión del juez Romera fuese arbitraria.
«La decisión es razonada, aparece como lógica y está debidamente fundada. Tiene respaldo en los hechos y en el derecho», expresó el Tribunal, integrado por los jueces Gastón Martín, Sandro Garrido y Alejandro Pellizon.
También descartaron que la decisión resulte desproporcionada o carente de pruebas. En ese sentido, señalaron que el video exhibido constituye prueba suficiente para la revocación.
Judiciales
Intento de robo frustrado: Declararon culpables a tres acusados en Roca
El hecho ocurrió en octubre de 2024 y gracias a la rápida intervención policial y el aporte de vecinos, los sujetos terminaron detenidos.
La Justicia de General Roca declaró la responsabilidad penal de tres hombres por una tentativa de robo en lugar poblado y en banda, agravado por escalamiento y por la intervención de un menor de 18 años, en un hecho ocurrido en octubre de 2024.
Durante el juicio, el Tribunal Colegiado consideró acreditado que los imputados forzaron el portón de una vivienda con intenciones de robo, aunque no lograron concretar el delito debido a la rápida intervención del personal policial.
En su resolución, los jueces destacaron que «el accionar policial permitió aprehender rápidamente a los imputados», y subrayaron además el rol clave de los vecinos, cuya atención y colaboración resultaron fundamentales para el esclarecimiento del hecho.
Por otra parte, dos de los acusados fueron absueltos por los delitos de encubrimiento y sustitución de chapa patente, cargos que no pudieron ser probados durante el debate.
Actualmente, los tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva en el Establecimiento Penal N° 2, mientras avanza otro legajo en el que se investiga una presunta asociación ilícita.
