Judiciales
Caso Gigli: Convalidan formulación de cargos y secuestro de la camioneta
Esta mañana se desarrolló una nueva audiencia en el marco del juicio contra el acusado de asesinar a su mejor amigo.
El juez Daniel Tobares ratificó hoy las resoluciones tomadas el 6 de octubre por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot, en el marco del proceso que se sigue contra el imputado Octavio Gigli por el presunto delito de homicidio del que fue víctima el ciudadano Guillermo Martínez el 1 de septiembre de 2015 en Roca.
En la audiencia oral y pública realizada esta mañana en la Ciudad Judicial la defensa, ejercida por los abogados particulares Patricia Espeche y Ricardo Thompson, formuló tres requerimientos. En primer lugar, que se revierta la decisión de mantener secuestrada la camioneta Toyota Hilux perteneciente al imputado y que la misma sea entregada a un familiar de éste. En segundo lugar, que se declare nula la audiencia de formulación de cargos realizada el 18 de agosto pasado, por considerar que Gigli quedó en un supuesto estado de «indefensión» en esa instancia procesal. Y en tercer lugar, que se le garantice al imputado el «derecho a ser oído» que consideraron afectado en la audiencia del 6 de octubre, cuando no se lo habilitó a relatar los pormenores del diálogo que había mantenido con su anterior defensor en los momentos previos a la audiencia de formulación de cargos.
Por su parte el fiscal del caso Luciano Garrido y los abogados por la querella Darío Sujonitzky y Juan Alberdi se opusieron a los planteos de la defensa y solicitaron que se confirme el secuestro de la camioneta y se convalide la formulación de cargos.
En cuanto al rodado, el juez Tobares fundamentó que en este estado provisorio del proceso (en referencia a la etapa preparatoria, cuya duración máxima es de 4 meses) «las partes pueden solicitar más pruebas sobre el rodado secuestrado» y valoró que «conforme la imputación, la camioneta podría haber sido utilizada por el imputado para lograr su impunidad, fugándose de la ciudad». Por ello dispuso que «el momento oportuno para resolver este planteo será el dictado de la sentencia respectiva, luego de haberse realizado el juicio oral y público».
En cuanto al pedido de nulidad por supuesta indefensión, el juez de Juicio señaló que no puede interpretarse «que se ha dejado de lado la defensa» por el hecho de que el defensor oficial que asistió a Gigli en la primera audiencia no se opuso a la formulación de cargos.
«El principio de contradicción está garantizado por la participación de todas las partes en la audiencia de formulación de cargos (…) No debe interpretarse que en todos los casos la defensa debe oponerse a la formulación, porque muchas veces la defensa más correcta suele ser ‘dejar pasar’, considerando que los acusadores no van a poder probar en el juicio su acusación (…), y eso no puede hacernos pensar que se ha dejado de lado la defensa», fundamentó el juez, quien dictó su resolución inmediatamente después de la audiencia, de manera verbal y utilizando ante el público y las partes el lenguaje «claro, sencillo» y «comprensible» que le exige el nuevo Código Procesal Penal en diversos artículos.
Por último, en relación a la supuesta violación al «derecho a ser oído», no se le hizo lugar como agravio y en la audiencia de hoy el imputado hizo uso de la palabra, sin hacer referencias al delito que se le atribuye sino únicamente a su diálogo con el anterior defensor. El juez Tobares, por último, recordó que, según garantiza el nuevo CPP, durante la etapa preparatoria el imputado «podrá declarar oralmente o realizar presentaciones por escrito ante el fiscal» todas las veces que considere necesario, por lo que «Gigli puede solicitar a través de sus defensores, de acuerdo con la estrategia que ustedes elijan, declarar cuando lo crea conveniente».
Segunda audiencia
Apenas finalizada la primera audiencia se realizó otra, presidida por el juez de Garantías Julio Martínez Vivot, en la que la defensa de Gigli plantearía la nulidad de unas actas de secuestro de evidencia. Sin embargo, la defensa optó por desistir del planteo, que podrá reformular en una futura instancia.
Judiciales
Imputaron a un sujeto acusado de asesinar a su amigo en J.J. Gómez
Le dictaron prisión preventiva mientras continúa la investigación.
El equipo fiscal de turno de General Roca formuló cargos a un hombre de 37 años por el homicidio de Nazareno Cristóbal Aedo, hecho que ocurrió el miércoles (20/11) a la madrugada en J.J. Gómez.
Según la acusación fiscal, «los dos hombres se encontraban reunidos en el domicilio de calle Pública al 1900, cuando el imputado habría disparado sobre el cuerpo de la víctima con la intención de causarle la muerte».
«La herida le habría producido un trauma de cráneo con orificio de entrada en la región parietal derecha, sin orificio de salida. Luego, el imputado habría ocultado el arma de fuego calibre 32, proyectiles, el teléfono celular que sería de la víctima y el propio, estupefacientes y envases de cerveza recién consumidos, elementos que fueron encontrados mediante un posterior rastrillaje en inmediaciones del lugar», agregó la Fiscalía.
Entre el sustento probatorio para sostener la imputación de «homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego», el Ministerio Público Fiscal presentó el acta de procedimiento policial de la Comisaría 47, los resultados del rastrillaje concretado, entrevistas varias, el acta de defunción de la víctima.
«Restan por recepcionar el informe de la autopsia, que se está concretando mientras hacemos la audiencia, el barrido de las muestras que se obtuvieron tanto en el imputado como en la víctima, realizar más entrevistas, entre otra prueba», explicó la fiscal del caso.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del hombre teniendo presente los peligros procesales de entorpecimiento al accionar de la justicia y la posibilidad de que se de a la fuga. «No hay evidencia de que había una tercera persona en el domicilio donde se encontraban la víctima fatal y el imputado», agregó la fiscal.
Por su parte, la defensa penal pública se opuso al pedido de preventiva, explicando que «nuestro asistido no cuenta con los medios para fugarse, tiene arraigo, y tenemos presente que varios testigos dijeron no haber escuchado nada inusual».
«Asimismo, él dio una versión de los hechos, que es diferente a la teoría del caso de la fiscalía, y sumamos que no cuenta con ningún tipo de antecedente penal. Por ello, solicitamos una medida menos gravosa, como presentaciones personales en comisaría, o la colocación de un dispositivo electrónico», explicó la defensora.
Finalmente, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y resolvió que el hombre continúe detenido por el plazo de un mes y determinó que la investigación penal preparatoria se extienda por cuatro meses.
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Imputaron a conocido médico roquense acusado de abuso sexual con acceso carnal
El hecho habría ocurrido en junio de este año en el consultorio del profesional, ubicado en barrio Los Olmos.
Esta mañana (22/11), el Ministerio Público Fiscal formuló cargos a un conocido médico roquense de 75 años por delitos que habría cometido en junio de este año contra la integridad sexual de una mujer.
La Fiscalía, con la adhesión de la querella, explicó que «el hecho habría ocurrido durante la tarde, cuando la víctima habría acudido a la consulta por ser el imputado su médico clínico, con el fin de solicitarle una receta de medicamentos. Fue en ese marco, que el hombre habría abusado de la mujer, situación que la víctima no pudo consentir libremente», mencionó la Fiscalía.
El consultorio del acusado está ubicado en su propia vivienda, en el barrio Los Olmos de General Roca.
Entre el sustento probatorio presentado para esta instancia se encuentra la denuncia y la entrevista realizada a la víctima, el informe de intervención de la Oficina Atención a la Víctima (OFAVI), documentación respaldatoria de la denuncia, informes solicitados por el Ministerio Público Fiscal a diversos organismos, una pericia social forense del Departamento de Servicio Social del Poder Judicial, entrevistas varias.
Así mismo se mencionó la pericia de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITEL), dependiente de Procuración General, el acta de la inspección ocular, croquis ilustrativo del lugar donde habrían sucedido los hechos que fue confeccionando por el Gabinete de Criminalística de General Roca, entre otra prueba.
La defensa particular no presentó objeciones a la imputación realizada por la acusación.
Luego, la jueza de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal y se estableció como plazo de investigación penal preparatoria cuatro meses, restando realizar pericias por parte del Cuerpo de Investigación Forense.
Cabe mencionar que antes de iniciar la audiencia las partes plantearon cuestiones relativas a la publicidad del acto, y tras el acuerdo entre Fiscalía, querella y defensa particular, la jueza de Garantías interviniente determinó, en pos del resguardo de la intimidad de la víctima, que ni el nombre ni la imagen de la mujer sean publicados en los medios de comunicación.
Judiciales
Su mejor amiga de la secundaria resultó ser su hermana
Años después, una prueba de ADN confirmó que compartían el mismo padre.
Durante la secundaria, formó una estrecha amistad con una compañera de clase, con quien compartió momentos únicos y creó un vínculo especial. Sin saberlo, aquella joven resultó ser su hermana, ya que compartían el mismo padre. Esa relación la llevó a frecuentar la casa de su progenitor, aunque nunca se mencionó la verdad que las unía. Años después, una prueba de ADN confirmó el lazo familiar. Un fallo del fuero de Familia de Cipolletti ordenó la filiación.
La atmósfera de esas visitas a la casa de su padre siempre fue cordial, pero nunca surgió mención alguna a la verdad que las unía. Ni una mirada distinta ni una palabra reveladora.
Fue solo años después, tras la confirmación de una prueba de ADN, que todo encajó. La revelación de que su mejor amiga de la adolescencia era su hermana tuvo un impacto profundo en la vida del adolescente.
Aquella amistad que siempre había sentido como especial tenía ahora una explicación irrefutable: eran familia, aunque el silencio y las circunstancias les hubieran negado ese reconocimiento por tanto tiempo.
Juicio y multa
Durante el proceso judicial, el progenitor expresó que desconocía la existencia de un hijo y afirmó que la prueba de ADN, aunque positiva, no le resultaba fiable. En tanto, el Laboratorio de Genética Forense ratificó el resultado obtenido previamente: confirmó una probabilidad de vínculo superior al 99,99%.
La jueza de Familia de Cipolletti hizo lugar a la filiación y le ordenó al Registro Civil adicionar al nombre del joven el apellido de su progenitor biológico.
La jueza invocó el artículo 62 del Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de las personas a llevar el nombre y apellido que les corresponde según su filiación. También se basó en el artículo 64 del mismo código, que regula el uso del apellido en casos de filiación extramatrimonial.
El fallo consideró que, al no haber realizado el reconocimiento dentro del plazo dispuesto, correspondía aplicar una multa según lo establecido por el Código Procesal de Familia.
Esta norma establece que, ante un resultado positivo en la pericia genética, el progenitor debe realizar el reconocimiento en un plazo determinado. En caso de incumplimiento, se autoriza la imposición de una multa a favor del actor.
En este caso, aunque el hombre demandado participó en la prueba de ADN, su negativa a reconocer la filiación fue interpretada como una actitud dilatoria. Esto justificó no solo la aplicación de la multa, sino también la inscripción forzosa del apellido paterno en el Registro Civil.
