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ATE confirmó que habrá despidos y define huelgas sectoriales

La primera medida de fuerza sería en el SENASA y podría afectar a todas las exportaciones. «La paz social la tienen que garantizar los Gobiernos con sus políticas, no los trabajadores», apuntó Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó, a partir de datos precisos brindados por quienes participan en las reuniones de transición que se están realizando en distintas áreas del Poder Ejecutivo, que «la información requerida por la gestión entrante se orienta a aplicar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos Ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos».

El sindicato alentó a los Consejos Directivos de la Capital Federal y todas las provincias a que realicen plenarios y asambleas de organismos nacionales a los efectos de empezar a evaluar la posibilidad de adoptar acciones tendientes a resguardar todos los puestos de empleo y evitar la desjerarquización de las funciones que cumplen cada uno de los sectores.

«La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro», apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

«Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo Gobierno contempla el despido de miles de estatales es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. No descartamos hacerlo esta semana en algunos organismos. A los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión», señaló el dirigente.

La conducción nacional decidió habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, iniciando en las próximas horas un paro de 72 horas en el SENASA. Cabe destacar que una huelga de 3 días en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria podría frenar todas las exportaciones a partir de la paralización de los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas. También, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la Patagonia y otras regiones del país. Esto último, pone en riesgo el status sanitario argentino.

La información surgió luego de que la conducción de ATE mantenga reuniones con trabajadores que formaron parte de los intercambios entre las gestiones saliente y entrante, y pudo conocer que quienes representan en esta tarea al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre realizan una búsqueda exhaustiva de todos los trabajadores no sólo que ingresaron en el último año, sino también de todos aquellos que se encuentran sin estabilidad, no importando la antigüedad que tengan. «Son más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos», resaltó Aguiar.

Cabe recordar que el Gobierno actual incumplió con el Plan de Regularización del Empleo Público que había sido firmado en la propia Casa Rosada en 2021.

«Este mismo lunes estaremos informando un paro de 72 horas en el SENASA. La medida podría afectar a todas las exportaciones y no vamos a ser responsables nosotros», advirtió el dirigente estatal.

En este sentido, Aguiar concluyó con que «está claro que la variable de ajuste vamos a ser los trabajadores. Tenemos que prepararnos para enfrentar un periodo en el que intentarán quitarnos todos nuestros derechos».

Gremios

Sin propuesta salarial y con amenazas de paro, fracasó un nuevo encuentro entre el Gobierno y UnTER

La negociación pasó a un cuarto intermedio tras la publicación de los índices de inflación. El gremio ratificó que el plan de lucha sigue vigente ante la falta de respuestas en política educativa.

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El Gobierno de Río Negro y el gremio docente UnTER mantuvieron este jueves (09/04) un nuevo encuentro paritario en la Secretaría de Trabajo, marcado por un clima de confrontación y sin avances significativos en materia salarial. Durante la reunión, los representantes del Ministerio de Educación y Derechos Humanos manifestaron su voluntad de diálogo, aunque cuestionaron duramente la postura del sindicato.

Según indicaron desde la cartera educativa, resulta «excesivo» que el gremio anuncie medidas de fuerza para los días 16 y 17 de abril antes de agotar las instancias de negociación.

Por su parte, la respuesta de UnTER no se hizo esperar. A través de un duro comunicado, la conducción gremial encabezada por Laura Ortiz afirmó que el encuentro no fue una instancia de diálogo real, sino de «dilación». El sindicato denunció una decisión política de «seguir ajustando sobre los salarios» y criticó el abandono de las escuelas rionegrinas. «No se puede condicionar la paritaria ni las políticas educativas al silenciamiento de la docencia», expresaron desde el gremio, rechazando las acusaciones de extorsión vertidas por el Ejecutivo provincial.

En cuanto a los números, el Ministerio ratificó que el próximo 20 de abril se abonará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de $125.000 por agente. Además, se comprometieron a entregar las nuevas grillas salariales una vez que se publiquen los índices de inflación (IPC) de Viedma y Nación. Este incremento, que promediará los meses de febrero y marzo, sería abonado recién con los salarios de mayo, lo que fue calificado por los docentes como una medida insuficiente frente al costo de vida actual.

El Gobierno insistió en que los salarios docentes superan la inflación acumulada y apeló a la «previsibilidad de los recursos provinciales». No obstante, para UnTER, el Gobierno utiliza las mesas de trabajo como «promesas vacías» para desactivar el conflicto sin abordar los problemas de fondo. Participaron de la reunión Silvia Arza por Educación y la cúpula de UnTER, dejando un escenario de incertidumbre total respecto al inicio de clases normal para la próxima semana.

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Gremios

Si no hay respuestas concretas en paritaria, UnTER llevará adelante un nuevo paro de 48 horas y cortes de ruta en toda la provincia

Así lo definió el sindicato en un Congreso realizado en Bariloche. La negociación con el Gobierno continuará mañana jueves.

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El gremio docente UnTER intensificará su plan de lucha si no hay respuestas concretas a los pedidos que llevarán a la mesa de negociación en el encuentro paritario de mañana jueves (09/04), en Viedma. Así lo resolvió el CCCXCII Congreso General Extraordinario realizado en Bariloche.

En materia salarial, el Congreso reclamó la incorporación del IPC con actualización automática mensual para todos los cargos al básico, llevando el cargo testigo a $1.400.000. También exigió el pase a remunerativo y bonificable de todas las sumas que hoy no están registradas, la actualización del valor de la nafta sin topes para toda la provincia y la devolución inmediata de los días descontados por las medidas de fuerza del 9 de marzo.

En el plano político, el conjunto del sindicato ratificó su rechazo al denominado «botón» inconstitucional, a la Resolución N° 439/26 y a las reformas educativas impulsadas sin consulta al sector. Además, reclamó la apertura urgente de mesas de trabajo por nivel y modalidad.

Como medida de acción directa, y en caso de que no haya respuestas concretas a las exigencias que elevarán a Educación, el Congreso resolvió un paro de 48 horas para los días jueves 16 y viernes 17 de abril, con cortes de ruta en toda la provincia, y dispuso la convocatoria a un nuevo Congreso inmediato para evaluar la continuidad del plan de lucha.

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Gremios

ATE reúne a todas las provincias y busca definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias

«Las negociaciones salariales en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente», señaló Rodolfo Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará una reunión de Consejo Directivo Nacional con la participación de los 24 secretarios generales de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir medidas de fuerza a instrumentar en reclamo por la reapertura de las paritarias y rechazar un nuevo ajuste en todo el sector público a nivel nacional, provincial y municipal.

La reunión tendrá lugar en el Hotel 27 de Junio del sindicato, con dirección en Defensa 1469 del barrio porteño de San Telmo.

«Las paritarias en el sector público tienen que reabrirse de manera urgente. El último incremento otorgado va a quedar 10 puntos por debajo de la inflación. Necesariamente debe existir una corrección que permita que los ingresos de los estatales acompañen la evolución que muestren los precios durante los últimos tres meses», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En esta línea, el dirigente apuntó que «el Gobierno está pasando su peor momento. Por primera vez, la mayoría de los argentinos consideran responsable a Milei por la grave crisis que estamos sufriendo. En esta pérdida de consenso social, en algo habrán tenido que ver todas las medidas de fuerza que se realizaron. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros».

«Hay que romper el pacto entre UPCN y el Gobierno ya que esa sociedad es la que aniquiló el poder adquisitivo de todos los empleados públicos» agregó Aguiar.

«Más allá de la vocación de servicio, de los esfuerzos cotidianos de todos los trabajadores, con este nivel de deterioro de los ingresos no se puede pensar en un Estado al servicio del pueblo. La política salarial del Gobierno en el sector público termina perjudicando a todas las franjas sociales más vulnerables de la sociedad que son las verdaderas destinatarias de todas las prestaciones del sistema público», concluyó el secretario general de ATE Nacional.

Cabe recordar que el periodo paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 de la Administración Pública Nacional abarca desde junio de 2025 hasta mayo de 2026. El Gobierno nacional otorgó, con el aval de UPCN, aumentos para ese periodo que ya se encuentran 2 puntos por debajo de la inflación, mientras resta conocerse la evolución de los precios de los últimos tres meses de ese lapso.

De esta forma, con la firma de UPCN los estatales ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.

En este marco, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras realizó un estudio sobre la Canasta Básica de los Trabajadores que señala que cada asalariado perdió en promedio $11.021.000 en el sector público y $2.125.000 en el sector privado en los últimos dos años. Esto da como resultado que los trabajadores en total perdieron 54 billones de pesos durante el Gobierno de Milei.

Es por eso que ATE además evaluará un plan de acción ante «un nuevo intento del Gobierno para desfinanciar, desguazar y despedir trabajadores en numerosos sectores de todos los niveles del Estado».

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