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Política

Bono petrolero: Roca recibirá casi 400 millones de pesos

Los fondos deberán destinarse al financiamiento de obras de infraestructura o a la adquisición de equipamiento para sus comunidades.

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En los próximos días, el Gobierno de Río Negro comenzará a distribuir más de $4.532 millones a Municipios y Comisiones de Fomento de la provincia, correspondientes al bono de la prórroga de los contratos hidrocarburíferos. Estos fondos deberán destinarse al financiamiento de obras de infraestructura o a la adquisición de equipamiento para sus comunidades.

La decisión del gobernador Alberto Weretilneck de distribuir un porcentaje del bono de la renegociación de contratos petroleros responde a una visión de federalismo e integración. Busca promover la equidad en la asignación de recursos y garantizar igualdad de oportunidades para todas las comunidades, reforzando el desarrollo equilibrado y la integración territorial.

De los $4.532 millones destinados a los gobiernos locales, $1.046 millones se distribuirán en partes iguales entre los Municipios, mientras que $3.485 millones se repartirán de la siguiente manera: $2.091 millones (60%) según el índice de coparticipación, $1.046 millones (30%) entre los municipios productores de hidrocarburos y $348 millones (10%) a Comisiones de Fomento.

Desde el Ministerio de Gobierno se notificó formalmente a cada Municipalidad, Comisión de Fomento y a la Comuna de San Javier para que puedan iniciar rápidamente la ejecución de sus proyectos de obra.

En ese marco, el secretario de Gobierno, Agustín Ríos, señaló que «formalizamos las comunicaciones a todos los municipios y comisiones para que conozcan los montos que les corresponden. En función de esto, deberán informar el destino de estos fondos, que serán de gran beneficio para las comunidades, permitiendo el desarrollo de proyectos productivos y obras públicas. En los próximos días esperamos recibir los proyectos, que serán evaluados por la comisión especial, tal como establece la Ley».

Los 39 municipios, las 35 comisiones de fomento y la Comuna de San Javier serán beneficiados con estos recursos. «Los montos varían según la condición de cada municipio: aquellos que son productores recibirán un porcentaje mayor, pero el resto también accederá a una parte, según el índice de coparticipación», explicó Ríos.

«Vamos a tener un año cargado de obras y proyectos en marcha, que beneficiarán directamente a los vecinos de Río Negro», destacó el funcionario.

Cabe mencionar que, mediante la Ley 5733, se aprobó la prórroga de las concesiones hidrocarburíferas por un plazo de diez años, garantizando un fuerte resguardo ambiental. Asimismo, se estableció el compromiso de que las empresas a cargo realicen inversiones y actividades clave para la continuidad del desarrollo integral de las áreas, asegurando el nivel de reservas y revirtiendo el declino natural de la curva de producción.

Montos totales por Municipios

Allen: $231.694.376
Campo Grande: $120.700.817
Catriel: $710.958.125
Cervantes: $68.530.078
Cinco Saltos: $129.068.216
Cipolletti: $300.097.871
Comallo: $39.767.141
Contralmirante Cordero: $61.124.929
Coronel Belisle: $40.959.495
Chichinales: $46.272.794
Chimpay: $45.917.180
Choele Choel: $74.303.584
Darwin: $39.348.771
El Bolsón: $72.420.919
General Conesa: $52.297.322
General Enrique Godoy: $44.892.173
General Fernández Oro: $83.591.398
General Roca: $395.444.393
Guardia Mitre: $38.825.808
Ingeniero Huergo: $51.858.034
Ingeniero Jacobacci: $51.355.990
Lamarque: $53.928.965
Los Menucos: $42.591.138
Luis Beltrán: $53.364.166
Mainqué: $42.737.568
Maquinchao: $41.754.398
Ñorquinco: $38.616.623
Pilcaniyeu: $40.101.837
Pomona: $39.641.630
Río Colorado: $73.717.866
San Antonio Oeste: $91.393.998
San Carlos de Bariloche: $389.231.598
Sierra Colorada: $40.060.000
Sierra Grande: $62.526.469
Valcheta: $45.582.484
Viedma: $214.792.229
Villa Regina: $133.586.612
Dina Huapi: $41.817.154

Comisiones de Fomento y Comunas

Aguada Cecilio: $9.263.022
Aguada de Guerra: $8.436.741
Aguada Guzmán: $7.980.020
Arroyo Ventana: $5.698.161
Arroyo Los Berros: $9.634.325
Cerro Policía: $12.031.236
Clemente Onelli: $8.093.329
Colán Conhue: $7.010.796
Cómico: $7.181.631
Cona Niyeu: $11.032.378
Cubanea: $6.240.298
Chelforo: $6.867.853
Chipauquil: $6.925.379
El Caín: $9.862.685
El Cuy: $19.047.650
El Manso: $11.403.681
Laguna Blanca: $7.751.660
Mamuel Choique: $11.773.242
Mencué: $13.713.432
Nahuel Niyeu: $5.755.686
Naupa Huen: $9.691.851
Ojos de Agua: $6.810.328
Paso Flores: $8.321.689
Peñas Blancas: $9.890.577
Pichi Mahuida: $6.154.881
Pilquiniyeu: $6.154.881
Pilquiniyeu del Limay: $7.866.712
Prahuaniyeu: $9.034.661
Rincón Treneta: $5.612.743
Río Chico: $12.887.152
San Javier: $19.961.091
Sierra Pailemán: $6.953.271
Valle Azul: $31.542.967
Villa Llanquín: $8.065.437
Villa Mascardi: $6.524.441
Yaminué: $7.465.774

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Política

La Provincia junto a los roquenses: 545 atenciones en IPPV en tu barrio

189 adjudicatarios se acercaron a querer cancelar su vivienda.

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El plan de abordaje IPPV en tu barrio se instaló durante tres días en el Salón de las 500 Viviendas de General Roca, donde atendió a 545 personas que se acercaron por diferentes trámites relacionados a su vivienda.

«Una vez más, se cumplió con el objetivo de atender, escuchar y resolver los problemas a los vecinos», enfatizó el interventor del IPPV, Mariano Lavin.

En este marco, cabe destacar la colaboración de la Comisión Normalizadora de las 500 Viviendas al momento de coordinar cada jornada, tanto en la prestación de las instalaciones, como en la atención hacia los trabajadores del IPPV.

Cancelar y escriturar, los trámites más requeridos

En lo que hace a los trámites, se destacó la cantidad de adjudicatarios que se acercaron a querer cancelar su vivienda: 189. Incluso, muchos de ellos, pagaron el mismo día y volvieron para iniciar el trámite previo a la escrituración, que es obtener el certificado de cancelación, documento indispensable al momento de tramitar la escritura. Es así que el área de control habitacional del IPPV recepcionó 70 certificados de cancelación.

A su vez, 162 familias iniciaron el trámite de escrituración. Desde el IPPV se viene fomentando la importancia de tener el título de propiedad, que se traduce en tranquilidad para las familias.

También 50 vecinos se acercaron para regularizar su situación, aprovechando las facilidades de pago que ofrece el IPPV y, además, se registraron cambios de titularidad, readjudicaciones e inscripciones al registro de demanda.

Los tres días de atención estuvieron a cargo de un equipo del IPPV, quienes recepcionaron los distintos trámites y en la mayoría de los casos pudieron resolverlos.

El IPPV llega y los vecinos lo agradecen

Cada vecino que fue atendido, se mostró muy conforme que «queríamos agradecer; fue todo muy rápido y la atención divina», destacó Alicia Nievas. «Me voy contenta porque en unos meses me van a entregar mi título de propiedad’, sostuvo María González.

«Me atendieron muy bien y me voy con la nota, tengo que volver para arreglar algunas cosas, pero muy conforme con las chicas», enfatizó Mabel Lorente.

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Política

Compre local: Presentaron proyecto de ley que da prioridad a pymes rionegrinas

Otorga prioridad de contratación a empresas radicadas en Río Negro en el marco de las grandes inversiones energéticas, petroleras y mineras.

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El gobernador Alberto Weretilneck presentó un proyecto de ley que defiende a las pymes rionegrinas y les otorga prioridad de contratación en las grandes inversiones energéticas, petroleras y mineras. La iniciativa busca que la riqueza generada en la provincia se traduzca en más empleo local y en desarrollo para el entramado productivo provincial.

«Cada gran inversión que llega a Río Negro debe significar más empleo para nuestra gente y más oportunidades para nuestras pymes. Defender el trabajo y la producción rionegrina es una decisión clara y una obligación de este Gobierno», afirmó Weretilneck.

La iniciativa establece que concesionarias y empresas operadoras, junto a sus prestadoras y firmas vinculadas, deberán destinar al menos un 60% de bienes, servicios y obras a proveedores radicados en la Provincia, garantizando además el uso de mano de obra local. También se crea el Registro de Proveedores Rionegrinos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía y Ambiente y tendrá inscripción gratuita.

Entre las principales herramientas, el proyecto incorpora un régimen de preferencia competitiva, que otorga a las pymes locales el derecho a igualar la mejor oferta en un proceso de adjudicación. Además, fija reglas claras en caso de empate, priorizando a empresas con establecimiento operativo en la Provincia o con mayor cantidad de trabajadores residentes.

Se contempla además un programa de desarrollo de proveedores, que obligará a las compañías a implementar instancias de capacitación técnica, acceso a financiamiento, certificaciones de calidad y sostenibilidad ambiental. Estas acciones estarán dirigidas a fortalecer la competitividad de las pymes y la calificación de la mano de obra local.

En materia de control, la norma prevé mecanismos de transparencia mediante una plataforma digital de acceso público, donde se publicarán los llamados a contratación y el listado de proveedores inscriptos. El régimen incluye sanciones proporcionales para quienes incumplan, que van desde apercibimientos y multas hasta la cancelación del certificado de proveedor y la revocación de permisos o concesiones.

Este proyecto se complementa con la iniciativa enviada días atrás que fija un mínimo de 80% de empleo local en obras e infraestructura con participación estatal, consolidando así un esquema integral que protege el trabajo y promueve la participación de las pymes rionegrinas en las grandes inversiones.

«Estamos frente a una oportunidad histórica. Con estas herramientas no solo cuidamos el empleo de hoy, sino que preparamos a nuestra gente y a nuestras empresas para el futuro», concluyó el gobernador.

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Política

Concluyó la primera etapa del mapeo de políticas públicas en Río Negro

Con este trabajo, entre la Provincia y la UNRN, se pudo hacer un relevamiento local en cada región de la provincia.

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El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, junto a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), finalizó la primera etapa del proyecto de mapeo de políticas públicas nacionales y provinciales que se ejecutan en Río Negro, realizado con el objetivo de contar con una herramienta que permita articular mejor los recursos y mejorar la calidad de vida de las familias rionegrinas.

Durante el encuentro de cierre se presentó la base de datos confeccionada desde marzo, que reúne información sobre programas y prestaciones destinadas a la población más vulnerable.

En esta primera etapa se logró un relevamiento integral de políticas sociales y se definieron las bases para un futuro ciclo de capacitaciones a facilitadores del Ministerio, con el fin de avanzar también en un relevamiento local y municipal en las distintas regiones de la provincia.

Mariana Rulli, investigadora de la UNRN, destacó que «estuvimos trabajando en un relevamiento de políticas provinciales y nacionales que se ejecutan en territorio. Hoy presentamos la base de datos confeccionada y ya pensamos en la segunda etapa, que será un ciclo de capacitación para el Ministerio. Es importante resaltar la articulación de estos meses y el aporte técnico que desde la universidad podemos brindar a la provincia».

Por su parte, Damián Testore, profesional de la Secretaría de Desarrollo Humano, señaló que «este mapeo va a tener una aplicación concreta, que es hacer más eficientes las políticas del Ministerio. Nos llevamos una base de datos sistematizada y una herramienta para el diseño y ejecución de un futuro programa de abordaje integral, con mayor impacto e inclusión social».

El trabajo articulado con la UNRN consolida un modelo de cooperación entre el Estado Provincial y la Universidad Pública, que refuerza el compromiso de ambas instituciones con la inclusión social y el fortalecimiento de las políticas públicas en Río Negro.

La Provincia continúa implementando acciones concretas para garantizar un abordaje integral de las problemáticas sociales, articulando recursos y capacidades junto a instituciones académicas y organizaciones comunitarias.

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