Sociedad
Productores de la región sur piden soluciones de fondo
«No se puede seguir así el gobierno tiene que visualizar esta situación», dijo la diputada Horne, quien participó del encuentro.
Se reunieron en Aguada Guzmán, una centena de productores, junto a los organismos técnicos, INTA, SENASA, Vialidad, convocados por la diputada nacional del Frente para la Victoria, Silvia Horne y el director de la Federación Agraria Argentina, Erik Muñoz.
Pequeños productores pertenecientes a la Agricultura Familiar, comunidades mapuches, cooperativas ganaderas, asociaciones de productores, pequeños empresarios rurales, manifestaron las dificultades que atraviesa el sector, y elevarán sus reclamos al gobierno nacional. «Las emergencias han sido una excusa para evadir las respuestas de fondo. La región es de secano, y por más veces que se declare la emergencia, las majadas no van a resucitar. Hace diez años que se declara sucesivamente la emergencia. No se puede seguir así el gobierno tiene que visualizar esta situación, y salir del abandono de una vez por todas», indicó Horne al respecto.
«Es hora que el Ministerio de Agricultura de Río Negro (ausente en el evento, a pesar de haber readecuado la fecha para poder asegurar su asistencia) desarrolle un plan de manejo de cría y de engorde, garantizando a los pequeños productores trasladar sus animales. También en el mismo sentido, se deben aplicar pautas que no impidan pasar y comercializar en minoreo, tanto en los requisitos de marca, de guías, y sanitarios. Se pueden respetar a rajatablas pautas sanitarias, y se exige mayor presencia de los técnicos del SENASA en los campos. Pero no puede ser que se les decomise cuando llevan poquitos animales, cuyo recupero no cubre siquiera la subsistencia familiar», agregó la diputada.
La voz de los productores también reclama que se incorpore a los planes de infraestructura hídrica el proyecto de vertido de aguas del Limay, que es un proyecto que ya tiene factibilidad técnica, incluso por Ley N 3.078,(Publicada en el B.O 3461 del año 1997) se ordena al gobierno completar la faz técnica, ya que es una prioridad para la región sur. «El tema de la conectividad es también acuciante, ya que no se están manteniendo los caminos comunitarios, ni los llamados ‘privados’, pero que son inevitables para acceder a los distintos campos», añadió Horne.
«Este tema tuvo un tratamiento especial, en un petitorio aparte, dado que se requieren caminos e inversiones que superan la capacidad de decisión del representante de Vialidad presente en la reunión. Los productores exigen de forma urgente e inmediata ser registrados en la RENAF, como también la reglamentación de la Ley 4952 de protección a la Agricultura familiar. Al respecto de este tema, se informó que el lunes 5 de marzo se desarrollará en Viedma una nueva reunión con el Ministerio de Agricultura de Río Negro», sostuvo.
«Dada la cantidad de productores que ocupan los campos desde hace muchos años, y cumpliendo los requisitos necesarios, aún así no han podido obtener el título de propiedad. De esta manera se propuso convocar para el próximo encuentro al director de Tierras. El valor de las cuotas del impuesto inmobiliario, que aumentó en forma geométrica, no es posible afrontarlo cuando la actividad está tan débil. Los funcionarios deben tener conocimiento de la legislación vigente, especialmente la que es protectora de los pequeños agricultores, a quienes no deberían complicar con excesivos trámites burocráticos, requisitos incumplibles, cuando es muy clara la ley, que obliga a registrar su producto, el bien producido, y no la propiedad sobre el inmueble. Ley 27.118 de Reparación Histórica de la AF».
La jornada transcurrió cargada de relatos claros y descriptivos hacia un mismo horizonte, como Carlos de El Cuy, que cuenta cómo las condiciones del SENASA (la necesidad de marcar a los animales y declarar un destino) los obliga a vender siempre sus animales a un mismo destinatario, lo que representa una relación monopólica entre productor y comprador. «Vendemos un chivo a $800», apresuró el criancero, evidenciando lo que gasta en llenar el tanque de su vieja F-100.
«El panorama delineado en la jornada de hoy nos muestra un Estado ausente para generar infraestructura y presente a la hora de atar de manos y pies a nuestros productores, con trabas burocráticas ridículas y suicidas», sentenció la diputada nacional.
Entre los asistentes se contó con la presencia del director de Vialidad Rionegrina del Departamento de General Roca Francisco Salomón, el médico veterinario Rodolfo Rivas por SENASA, el ingeniero Andrés Gaetano por INTA, Ing. Nicolás Buda a cargo de ProHuerta (INTA), el Ing. Mario López, de la agencia INTA de Roca, el delegado regional de la Federación Agraria Argentina Erik Muñoz y Fabio Ababile Ingeniero del INTI Viedma.
Entre los firmantes acompañaron productores de toda la región sur de los departamentos General Roca, El Cuy, Mencué, Aguada Guzmán, Chelforó, Colón Conhué, Cerro Policía, e incluso de Valle Azul, Mainqué y Balsa las Perlas. Se acordó finalmente, un nuevo encuentro para el 7 de abril, en El Cuy esperando nuevamente la presencia del ministro de Agricultura de Río Negro, Alberto Diomedi.
Judiciales
Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
Roca
Avanza la obra del conector vial de calle Güemes entre Jujuy y Mendoza
Los trabajos se desarrollan actualmente sobre el carril este, mientras que la próxima semana se prevé avanzar con el restante.
El Municipio de General Roca continúa con la ejecución de la obra Conector Vial calle Gral. M. M. Güemes, entre Jujuy y Mendoza, una intervención incluida en el Plan de Conectividad e Infraestructura Vial.
Actualmente, desde Mendoza hacia Jujuy se avanza con la ejecución de un paño de hormigón de aproximadamente 25 metros de longitud. En esta primera etapa, los trabajos se desarrollan sobre el carril este.
Para la próxima semana está prevista la ejecución del carril restante, dando continuidad a las tareas de pavimentación en el sector. Paralelamente, continúan los trabajos correspondientes a los sectores de estacionamiento sobre calle Güemes, en ambos lados de la calzada.
La obra contempla la ejecución de carpeta asfáltica, cordón cuneta, cordón central y badenes, además de sectores de estacionamiento conformados con adoquines sobre el sector norte de la traza principal.
El proyecto también incluye la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces de las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, destinadas a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir el riesgo de anegamientos.
A esto se suma infraestructura complementaria para los sistemas de riego y alumbrado público, además de conexiones de servicios que permitirán evitar futuras intervenciones sobre la nueva calzada.
Roca
Subasta de terrenos en Roca: 6 compradores adquirieron 8 lotes
La venta alcanzó un total de $120.268.000 y los fondos serán destinados a obras de infraestructura y servicios para la ciudad.
El Municipio de General Roca llevó adelante una nueva subasta de terrenos en el marco de la Ordenanza 5063/2025 y concretó la venta de ocho lotes por un total de $120.268.000.
Fueron seis los compradores que realizaron las adquisiciones de los terrenos ofrecidos. Según informó el Municipio, todos los lotes eran de propiedad municipal como consecuencia de las cesiones correspondientes a los loteos establecidos por el Plan Director de Roca.
Los terrenos se encuentran ubicados en zonas residenciales, tanto en barrios privados como abiertos. Debido a su alto valor de mercado, no resultan aplicables a loteos sociales ni a otros planes habitacionales.
Desde el Municipio destacaron que la totalidad de los fondos recaudados será destinada a la realización de obras de infraestructura y servicios para la ciudad. Además, la venta permitirá generar un ahorro en los costos fijos vinculados al mantenimiento de los terrenos.
