Río Negro
Comenzó la segunda etapa de la Mesa de Resolución de Conflictos con Pueblos Originarios
«Hay que trabajar en conjunto y con todas las partes involucradas», dijo la gobernadora Carreras.
Las ministras de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, y su par de Seguridad, Sabina Frederic, participaron hoy del inicio de la segunda etapa de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos con los Pueblos Originarios junto con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras.
Durante la reunión se escucharon las demandas de los distintos actores lo cual posibilitó que la Mesa permanezca abierta para continuar con los intercambios entre las partes y que se incorporen equipos técnicos que contribuyan a avanzar con el trabajo propuesto.
La reunión se realizó tras el pedido que la gobernadora rionegrina le hizo al presidente Alberto Fernández en el mes de octubre. En la reunión, de hecho, la gobernadora expresó: “Como nos dijo el presidente Alberto Fernandez, hay que trabajar en conjunto y con todas las partes involucradas. Es posible arribar a soluciones si nos escuchamos y vamos por la vía del diálogo como es este ámbito”.
Durante el desarrollo de la reunión, realizada en la ciudad rionegrina de Viedma, se avanzó sobre la puesta en funcionamiento de una instancia ejecutiva destinada a abordar la problemática de las comunidades indígenas que ocupan predios que son propiedad del Estado Nacional en la región andina. A través de este tipo de Mesa se busca resguardar derechos fundamentales como la convivencia pacífica, la propiedad pública y privada y la pluralidad normativa de las comunidades originarias. Por ello, tras el intenso diálogo de la primera etapa, en esta oportunidad se trabajó sobre las posibilidades de contener y satisfacer la multiplicidad de demandas existentes en la región con el objetivo de arribar a acuerdos básicos para una convivencia armónica en la zona andina de Río Negro.
A su vez, se destacó la importancia de articular con el Poder Judicial -en todos sus niveles y en todo tipo de conflictos- para que, a través del mismo, se pueda garantizar los derechos de todas las personas que habitan la provincia. En esa línea, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, afirmó: “La única forma de superar los conflictos es reconocerlos y abordarlos con diálogo. El único camino es la paz. Quienes estamos aquí somos parte del Estado y debemos buscar las soluciones. Estoy segura de que trabajando las vamos a encontrar”.
Además, en el encuentro se subrayó la importancia de sostener espacios de conversaciones como herramienta clave para procurar mitigar la conflictividad de la región, de brindar seguridad preventiva y de continuar los esfuerzos para reducir la violencia que atraviesa la región. Al respecto, la ministra de Seguridad de la Nación, sostuvo: “Sabemos que la única manera de abordar los conflictos es escucharse. Este encuentro es parte del camino en el proceso de construcción pacífica de acuerdos y soluciones que nos encomendó el Presidente. Y hoy iniciamos ese camino. Estamos acá para escucharlos y buscar las soluciones a cada conflicto”.
Participaron de la Mesa el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, y el director nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad de la Nación, Jonatan Firun; el secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa de la Nación, Sergio Rossi; el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Daniel Somma, y el secretario Letrado de la Defensoría General de la Nación, Sebastián Tedeschi.
También asistieron a la reunión el ministro de Gobierno y Comunidad de Río Negro, Rodrigo Buteler; la secretaria de Justicia y Seguridad de Río Negro, Betiana Minor; y funcionarios de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Defensa de la Nación; asimismo estuvieron representantes de la Defensoría General de Río Negro, del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas CoDeCI (su presidenta y los referentes de todas las regiones) y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche -actores con quienes ya se viene trabajando desde el inicio de la formación de esta Mesa con el objetivo de generar mecanismos de diálogo y acuerdos entre todas las partes-, y el obispo Esteban Laxague.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
