Judiciales
La deuda de una jubilada de Roca se hizo “exorbitante” y nadie le explicó el motivo
Condenaron a la financiera a indemnizar a la mujer por falta de información.
Una jubilada de Roca tomó tres préstamos personales en una financiera y firmó pagarés como garantías de pago. Con dificultades, la mujer fue pagando cuotas pero comenzó a recibir avisos sobre supuestas deudas que eran muy superiores a los créditos iniciales. Y por más que pidió explicaciones a la financiera sobre las razones de esas deudas “exorbitantes”, no consiguió que le entreguen los contratos firmados ni que le detallen claramente los cálculos que hacía la empresa para llegar a esos montos.
Según afirmó en la demanda por Defensa del Consumidor ante el Juzgado Civil N° 3 de Roca, la señora “se comunicó varias veces con la empresa y le transmitieron su condición de deudora y nuevas fechas de vencimiento, plazos y montos que no llegaba siquiera a anotar”. Dijo que sufrió “malos tratos” y que, con ayuda de su hija y su nieto, se pudo comunicar con el estudio jurídico de la empresa. Allí “una secretaria, sin mostrarle cálculo o criterio alguno, reestructuró la deuda con sumas exorbitantes y extremadamente superiores a los créditos iniciales”. Le reclamó “verbalmente” un total de $252.000, cuando los créditos originales habían sido de $15.000, $20.000 y $30.000. En la misma ocasión la señora volvió a pedir copia de los contratos, pero le dijeron que “no lo daban hasta que pague todas las cuotas”.
Por carta documento, la mujer intimó a la empresa “a que colocara a su disposición el contrato de mutuo celebrado, por cuanto entendía que las sumas reclamadas verbalmente eran irrisorias”. Y afirmó allí mismo “que no podía acceder con claridad a lo que se le reclamaba como adeudado”.
La empresa le respondió con otra carta documento pero no le puso a disposición el contrato ni le ofreció más explicaciones.
“La información brindada en la carta documento lejos está de cumplir con el derecho a la información en los términos exigidos por el art. 42 de la Constitución Nacional, por cuanto tampoco detallaba en forma pormenorizada y clara la composición de capital que reclamaba, ni fechas de mora, entre otras”, afirmó la jueza en su sentencia.
Al responder la demanda, la empresa dijo en su defensa que toda la información reclamada por la jubilada estaba detallada en los pagarés, que mencionaban “la tasa de interés efectiva anual (TEA)”, “el costo financiero total con IVA”, “los gastos administrativos por cuota” y “un sistema de amortización de capital y cancelación de intereses constante”.
La jueza destacó que la financiera ha participado de una “gran cantidad de procesos ejecutivos”, por lo que conoce las normas de Defensa del Consumidor y la jurisprudencia sobre cómo debe brindar la información a sus clientes, especialmente en cuanto a los detalles de financiación, intereses y amortizaciones. Y recordó que en otros expedientes incluso se le ha ordenado de oficio la “morigeración de intereses exorbitantes”, por aplicación de normas de orden público.
El fallo, que no está firme porque aún puede ser apelado, tuvo por acreditada la falta de información “adecuada y veraz” que exige la Constitución como garantía para las personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios.
La sentencia definió para la mujer $200.000 más intereses por daño moral, a raíz de las “molestias y angustias que genera en la persona la circunstancia de ser considerada deudora, de reclamársele una deuda sin la información debida, como de las circunstancias de reclamar extrajudicialmente y ser desoída”.
“Una y otra vez” la financiera exige las deudas a sus clientes “en forma exorbitante y poco clara”, afirmó la jueza a la hora de fijar la indemnización por daño punitivo. En ese rubro condenó a la empresa por dos millones de pesos a favor de la jubilada.
También valoró que “no hizo entrega de ejemplar ni brindó solución rápida, efectiva, clara para solucionar fácilmente este conflicto, sino que su postura se mantuvo firme en el incumplimiento”. Y por último evaluó “la cantidad de personas empleadas por la demandada y comprometidas en la grave falta, en la ausencia de respuesta, de información concreta, adecuada y veraz, accesible”.
Judiciales
Este viernes se define si Emiliano Gatti va tras las rejas o sigue con tobillera electrónica
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del periodista condenado a 6 años de prisión por tenencia y facilitación de imágenes con contenido de abuso sexual infantil.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro rechazó el recurso de queja presentado por la defensa del periodista Emiliano Gatti, y de esta manera, el condenado a 6 años de prisión por tenencia y facilitación de imágenes con contenido de abuso sexual infantil podría finalmente quedar tras las rejas.
Cabe recordar que Gatti actualmente se encuentra residiendo en Bahía Blanca, monitoreado con una tobillera de control satelital. El máximo tribunal de la Provincia adujo en su rechazo que los abogados defensores presentaron tarde el pedido para dar marcha atrás con la sentencia contra el ex conductor de televisión.
Es por ello que mañana viernes (21/03), a las 12.30 horas, se llevará adelante la audiencia de modificación/revocación de la medida cautelar en la Sala 5 de la Ciudad Judicial de Roca. De esta manera, la Justicia podría determinar la detención del acusado.
Cabe recordar que los recientes cambios en el Código Procesal de Río Negro establecen que «los condenados que interpongan recursos ante la CSJN deben transitar en prisión el período desde que se agota la vía recursiva provincial hasta que la propia Corte falle».
Las modificaciones agregan además que «las acusadoras podrán requerir fundadamente la prisión preventiva de la persona condenada a pena del cumplimiento efectivo cuando la sentencia condenatoria haya agotado la vía recursiva local. La medida procederá con el fin de asegurar el eventual cumplimiento de la condena».
Actualmente, el imputado cumple en Bahía Blanca con dos presentaciones diarias en la Comisaría de su domicilio, una por la mañana y otra por la tarde. Además, tiene una tobillera electrónica que monitorea las 24 horas que no salga fuera de los límites del ejido urbano.
Judiciales
Deberá pagarle 10 millones de pesos a su tío por agredirlo afuera de la escuela
Las lesiones fueron graves y la víctima quedó con secuelas.
Un largo conflicto familiar derivó en un juicio civil por daños y perjuicios que culminó con una condena a un hombre que deberá indemnizar a su tío por una agresión ocurrida en la vía pública. La sentencia ordenó el pago de casi 10 millones de pesos, ya que las lesiones fueron graves y la víctima quedó con secuelas.
El caso se originó en octubre de 2021, cuando el demandante fue golpeado por su sobrino en inmediaciones de una escuela primaria de Viedma. La agresión le provocó una fractura en el pulgar de su mano derecha, lesión que le dejó secuelas permanentes y afectó su desempeño laboral.
El agresor argumentó que actuó en legítima defensa, aseguró que su tío lo había provocado y hostigado durante años. Relató que los conflictos familiares se remontan a 2014, cuando surgieron disputas por una herencia, y que desde entonces sufrió reiteradas agresiones y amenazas. Sin embargo, la jueza civil determinó que no se acreditó una provocación previa que justificara la agresión física.
«Surge acreditado, con los certificados acompañados y la historia clínica remitida por el Hospital Artémides Zatti de Viedma, que el actor fue atendido en dicho centro médico y luego fue sometido a estudios, tratamiento kinesiológico, y cirugía», dice el fallo.
La sentencia destacó que el acusado tuvo la oportunidad de retirarse del lugar sin recurrir a la violencia, pero decidió atacar a su familiar por la espalda, lo que descartó la posibilidad de aplicar el criterio de legítima defensa.
La indemnización fijada por la magistrada contempla las secuelas físicas sufridas por la víctima, así como el impacto emocional que tuvo la agresión, ya que ocurrió en presencia de su hija. Además, se incluyeron los gastos médicos derivados de la lesión y los costos de la mediación obligatoria previa al juicio.
Judiciales
Homicidio de Segundo Crisolfo Mendez: Avanza el juicio contra el acusado
La defensa del imputado alega que lo mató en defensa propia.
Ayer (19/03) a la mañana, el Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de responsabilidad penal para el imputado de 45 años por la muerte de Segundo Crisolfo Mendez, ocurrida en junio del año pasado. El hombre asistió a la audiencia cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada oportunamente por la fiscalía.
El representante de la acusación dijo en sus alegatos que «tras haber escuchado a los testigos, entre ellos allegados de la víctima, personal policial interviniente, y teniendo presentes las conclusiones a las que arribaron los especialistas forenses en relación a la autopsia como a la reconstrucción del lugar del hecho por parte del Gabinete de Criminalística, podemos afirmar que Segundo Crisolfo Mendez perdió la vida producto de una puñalada».
«Además, que alrededor de las 7 de la tarde, en la calle Las Petunias al 5600, se encontraban reunidas cuatro personas, cuando el imputado intentó agredir a Mendez con un cuchillo. El hombre se defendió e intervinieron otras dos personas que lograron sacarlo a la vereda», indicó.
«Sin embargo, el agresor salió en su búsqueda y le asestó una puñalada en la zona abdominal con la intención de provocar su muerte», dijo el fiscal del caso.
«El resultado de la autopsia practicada por el Cuerpo de Investigación Forense indicó que tras el ataque Mendez sufrió una lesión arterial que generó una hemorragia interna», agregó el representante fiscal.
La calificación legal por la que se solicitó la declaración de responsabilidad penal es la de homicidio simple, según los Artículos 45 y 79 del Código Penal.
Durante la formulación de cargos, a dos días de ocurrido el hecho, la fiscalía solicitó la prisión preventiva por considerar que el imputado estando en libertad podría entorpecer la investigación, y por ello continúa cumpliendo dicha medida cautelar.
Por su parte, el defensor de confianza del hombre presentó una teoría del caso diferente, y argumentando que su asistido cometió el delito amparándose en la legítima defensa.
El Tribunal Colegiado del Foro de jueces dará a conocer su resolución el próximo 25 de marzo a las 12.00.
