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Iban a las carreras de caballos, volcaron y el conductor deberá indemnizar al acompañante

La Justicia dispuso que el monto supera los $700.000, más intereses.

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Unidos por su afición a las carreras de caballos, cuatro hombres salieron juntos un sábado temprano hacia un encuentro de turf regional en el Valle Medio. Era invierno y ya había amanecido sobre la Ruta Nacional N° 250, cuando a pocos kilómetros al oeste de General Conesa el conductor de la Amarok chocó accidentalmente contra un tambor que había sobre la banquina. El impacto causó el vuelco de la camioneta y uno de los acompañantes resultó gravemente herido en una pierna.

Un reciente fallo condenó al conductor y a su aseguradora a indemnizar al pasajero con $708.000, más los intereses que se acumulen hasta el efectivo cumplimiento de la sentencia, por la incapacidad física irreversible que sufrió el hombre, más el daño moral, más los gastos médicos y psicológicos en los que incurrió para tratar de revertir las secuelas del siniestro.

La sentencia impuso a la aseguradora del conductor cubrir la reparación “en los términos y condiciones de la póliza” contratada. La empresa interpuso una apelación contra el fallo de primera instancia pero no sostuvo el recurso ante la Cámara Civil de Apelaciones de Roca, por lo que la condena quedó firme.

De acuerdo con la demanda, el hombre herido y el conductor son vecinos y aficionados al turf regional, por lo que solían concurrir juntos a distintos encuentros en la zona. El día del accidente, el damnificado fue derivado de urgencia al Hospital de Ingeniero Huergo, donde constataron que tenía una fractura de peroné en la pierna derecha. Luego fue operado en el Policlínico Modelo de Cipolletti, donde le colocaron clavos de osteosíntesis, para luego seguir los tratamientos de kinesiología para tratar de revertir las consecuencias de la lesión. Sin embargo el hombre, quien al momento del vuelco tenía 57 años y trabajaba como albañil, resultó con una incapacidad laboral definitiva del 43%, lo que repercutió severamente en múltiples esferas de su vida.

Durante el juicio se debatió la responsabilidad civil en los casos de “transporte benévolo”, una situación que se da cuando la persona que sufre el daño es transportada gratuitamente por la persona a la que se le atribuye la responsabilidad.

Para definir la indemnización por el daño material, el fallo de primera instancia, dictado por el Juzgado Civil N° 3 de Roca, contempló la incapacidad física resultante, el ingreso que tenía el afectado, la perspectiva de mejora de tal ingreso en el futuro y su proyección de vida laboral, entre otras variables, a lo que sumó los gastos de tratamientos, curaciones, farmacia, consultas médicas, traslados y tratamiento psicológico derivados del hecho.

En cuanto al daño moral, el fallo consideró “que se trató de un accidente por transporte benévolo”, la edad que tenía el hombre, los padecimientos derivados de la operación y de la incapacidad consolidada, el malestar, la afectación de su capacidad y autoestima, el cambio drástico de su vida familiar y de relación, entre otros varios sentimientos negativos que le generaron un deterioro psíquico.

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No cumplió con la cuota alimentaria y le suspendieron la licencia de conducir

El hombre solicitó la revisión de las medidas dispuestas por la Justicia, pero fue rechazada.

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Un hombre que no cumplió con el depósito de la cuota alimentaria en tiempo y forma solicitó la revisión de las medidas dispuestas por el fuero de Familia de Roca. La resolución incluyó la suspensión de su licencia de conducir y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios. También se ordenó el libramiento de un oficio a su puesto de trabajo para retener la cuota alimentaria pactada.

La Sala I de la Cámara Civil de Roca rechazó la revocatoria y confirmó las medidas. El fallo determinó que el hombre solo presentó constancias de dos pagos, menores y fuera de término. Aportó comprobantes de transferencias realizadas a Mercado Pago y no a la cuenta judicial establecida en el acuerdo original. Se verificó que el último pago válido en la cuenta judicial correspondía a enero de 2024.

El hombre apeló la resolución. Cuestionó la falta de una liquidación precisa de la deuda, afirmó haber realizado pagos y denunció una supuesta violación a su derecho de defensa. También sostuvo que las medidas eran desproporcionadas.

La Cámara consideró insuficientes los argumentos del apelante para revertir la decisión. Señaló que el hombre había sido previamente intimado a cumplir con el pago de la cuota y que su respuesta fue incompleta.

El Tribunal advirtió que el alimentante no aclaró su situación laboral ni acreditó ingresos o cumplimiento regular, lo cual refuerza el incumplimiento. También sostuvo que era su responsabilidad probar el cumplimiento de sus obligaciones, algo que no hizo.

Así, la sentencia interlocutoria concluyó que las medidas adoptadas en primera instancia eran proporcionales y adecuadas para garantizar el derecho alimentario del niño; considerado un derecho humano fundamental.

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Le sustrajeron la camioneta y apareció hundida en el río: ¿La aseguradora tiene que cubrir?

La camioneta fue sustraída del interior de una vivienda y días después, la Policía la encontró sumergida en el lecho del río.

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Una aseguradora deberá indemnizar a un cliente luego de haberse negado a cubrir un siniestro ocurrido tras la sustracción de su vehículo, una Chevrolet Montana que apareció hundida en el río Negro. La sentencia de Cipolletti determinó que el costo de reparación superó el porcentaje previsto en la póliza para considerar la destrucción total y ordenó el pago de la cobertura.

La camioneta fue sustraída del interior de una vivienda en Cipolletti. Días después, la policía la encontró sumergida en el lecho del río, en la zona de Isla Jordán, debajo del puente que conecta con Balsa Las Perlas. El cliente denunció el hecho a la compañía aseguradora y solicitó la aplicación de la cobertura correspondiente.

La aseguradora abrió el siniestro y designó un estudio liquidador, pero semanas más tarde comunicó el rechazo de la cobertura. Argumentó que el daño no alcanzaba el 80% del valor de mercado del vehículo, condición necesaria según la cláusula de «daño total» establecida en la póliza. El cliente cuestionó esa decisión y aportó presupuestos de talleres mecánicos que estimaban un monto de reparación muy superior al límite contractual.

Durante el proceso judicial, se incorporó una pericia que concluyó que la reparación era técnicamente posible, aunque resultaba antieconómica. El especialista explicó que el vehículo sufrió graves daños eléctricos, mecánicos y estructurales a causa del agua, y que el costo total de los arreglos triplicaba el valor de una unidad similar en plaza.

El juez observó que la aseguradora no presentó la póliza completa ni el informe técnico que habría servido de base para negar la cobertura. También destacó que la empresa desistió de una prueba contable ofrecida por ella misma, lo que impidió sustentar su postura. En el fallo se recordó que, en los contratos de consumo, las cláusulas deben interpretarse del modo más favorable al usuario y que el proveedor tiene el deber de colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos.

La sentencia tuvo por acreditado el hurto y el posterior hallazgo del vehículo sumergido. Consideró probado que el siniestro configuró un daño total conforme a las condiciones del contrato y que la negativa de la aseguradora careció de fundamento técnico suficiente.

Además, el juez reconoció el derecho del cliente a una compensación por la imposibilidad de usar el vehículo. Si bien el reclamo original se extendía por un período prolongado, la sentencia aplicó un plazo de 45 días, calculado en base al tiempo razonable que demandaría una reparación integral según la pericia técnica.

El fallo ordenó a la compañía Triunfo Cooperativa de Seguros Ltda el pago del valor actualizado del vehículo junto con la compensación por la privación de uso.

La causa tramitó ante el fuero Civil de Cipolletti y la sentencia no está firme porque puede ser apelada.

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Solicitó viajar al exterior con su hijo sin destino ni tiempo determinado: No podrá hacerlo sin notificar a la madre

Lo autorizaron pero por un plazo que no podrá exceder los 30 días.

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Un hombre recurrió al Poder Judicial para obtener una autorización que le permitiera viajar al exterior con su hijo. Indicó que tiene familiares en Chile y que su padre atraviesa un problema de salud, por lo que necesita trasladarse para cuidarlo. Según el hombre, la madre del niño no le otorgó la autorización. El permiso solicitado no tenía límite de tiempo ni destino determinado.

El fuero de Familia de Villa Regina autorizó al hombre a salir del país con su hijo, pero por un plazo que no podrá exceder los 30 días. Además, deberá notificar a la madre 5 días antes de cada viaje, indicando el lugar de destino, la duración, la fecha de salida y la de regreso al país. El permiso no habilita la radicación del niño en el extranjero.

La madre, por su parte, rechazó las afirmaciones del hombre. Señaló que nunca se opuso a autorizaciones puntuales, pero sí a una autorización general, sin fecha ni destino. Aclaró que está dispuesta a autorizar los viajes siempre que se le informe previamente con datos concretos sobre fechas y destinos.

Durante el trámite se emitió un dictamen del Defensor de Menores, que recomendó autorizar los viajes, pero con restricciones que garanticen la notificación previa a la madre y resguarden el arraigo del niño.

La jueza advirtió un conflicto persistente entre los progenitores que impide alcanzar acuerdos básicos. Reafirmó la importancia de preservar el interés superior del niño y de promover soluciones pacíficas.

En caso de incumplimiento, podrán aplicarse sanciones como multas o la revocación de la autorización. El padre queda facultado para realizar todos los trámites administrativos y legales necesarios para concretar los viajes.

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